Blanca Jazmín Becerra, considerada el cerebro del fraude a la Dian, y otros 14 procesados por este hecho, podrían recuperar su libertad, luego de que la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá tumbara los cargos imputados por la Fiscalía.
Según William Cárdenas, abogado de Becerra, el fallo del Tribunal afirma que la Fiscalía cometió "errores e incongruencias entre los delitos imputados y los hechos".
De acuerdo con el ente acusador, los 15 imputados habrían defraudado a la entidad por 2 billones de pesos a través de exportaciones ficticias y empresas fachada que pedían la devolución del IVA producto de esas falsas operaciones comerciales.
Sin embargo, Cárdenas aseguró que el monto de las conductas delictivas asciende a 14 mil millones de pesos, no a los 2 billones de pesos de los que se habló en las audiencias preliminares.
En ese orden de ideas, Cárdenas considera que examinarán el tema y analizarán la viabilidad de solicitar la libertad de Becerra.
La mujer se acogió a un principio de oportunidad con la Fiscalía al aceptar los delitos de captación ficticia, concierto para delinquir, peculado por apropiación, cohecho, enriquecimiento ilícito, falsedad en documentos públicos y privados y lavado de activos. La sentencia, que se iba a conocer el lunes se aplazó hasta el 10 de enero.
También se sabe que Sandra Liliana Gómez, madre de Becerra; y su esposo Guillermo León Rodríguez, quienes hacen parte del proceso, también se habrían acogido al principio de oportunidad a cambio de información que permita ayudar a esclarecer este caso.
El fraude comenzó en 2004
El 12 de julio, el presidente Juan Manuel Santos anunció a los medios de comunicación que se había descubierto un nuevo escándalo de corrupción administrativa, tal vez mayor que el fraude a las entidades de salud.
Un día después se anunció que 12 empleados de la Dian estaban involucrados en el cobro de devoluciones del IVA con facturas falsas.
El ilícito habría comenzado en 2004 cuando se detectaron irregularidades por 1,3 billones de pesos que en 2009 ascendieron a 3,8 billones de pesos.
Dos días después comenzaron las capturas y en agosto la Fiscalía dio inicio a un proceso de extinción de dominio de los bienes de los capturados, los cuales estarían avaluados en cerca de 30.000 millones de pesos. Buena parte de ellos estaban a nombre de Blanca Jazmín Becerra.
En la investigación también se descubrió que la organización ilegal habría recurrido a la compra de pólizas de cumplimiento con varias aseguradoras para garantizar que la Dian hiciera la devolución del IVA en las fechas establecidas. De lo contrario, el organismo debía pagar una multa.
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