Como una reforma de zanahoria y garrote definió el presidente Juan Manuel Santos la Política de Seguridad Urbana que fue presentada ayer en el distrito de Aguablanca, en Cali, y en la cual se invertirán 3,64 billones de pesos.
Zanahoria, porque se busca impulsar programas de empleo, educación y deporte, para quitarle jóvenes a las redes de delincuentes. En este rubro se invertirán 300.000 millones de pesos, en los próximos cuatro años.
Garrote porque contempla reformas a los códigos Penal, de Infancia y Adolescencia, de Procedimiento Penal y de Policía que serán radicadas hoy ante el Congreso.
Buena parte de estos recursos -$480.000 millones- saldrán del Fondo de Seguridad y Convivencia Ciudadana (Fonsecon), que está adscrito al Ministerio del Interior y Justicia.
"Es una estrategia claramente definida en tres frentes: el operativo, el legal y el de la coordinación con las autoridades locales y territoriales. Así mismo empieza todo el proceso anual de formación de los agentes que estarán en las calles, este es el competente operativo, pero también se va hacer un esfuerzo con las autoridades locales", explicó el ministro del Interior y Justicia, Germán Vargas Lleras.
Violencia en las ciudades
Una de las preocupaciones grandes del Gobierno es la violencia en las ciudades y la necesidad de normas más fuertes para enfrentarla.
Un primer paso, afirmó Santos, es tipificar el delito de "pertenencia a banda armada", que cobija tanto a las llamadas bandas criminales (Bacrim) como a los grupos armados ilegales. La pena será de hasta 15 años de prisión.
Como el delito de porte ilegal de armas que es el que más se le imputa a los miembros de estos grupos ilegales, es excarcelable a la luz de las normas vigentes, el Ejecutivo también propuso aumentar las penas impuestas en el Código Penal.
Además se crea un registro único de salvoconductos que será consultado por la Policía, así se busca controlar el origen de las armas.
También se van a aumentar los términos entre la formulación de imputación de cargos y la formulación de la acusación de 30 a 60 días para evitar el vencimiento de términos.
Se van a eliminar los plazos de vigencia de las órdenes de captura, seguimiento y de registro. Los allanamientos se podrán hacer las 24 horas.
Otro cambio será la extensión de la flagrancia a las actividades ilícitas que sean captadas en video o cuando el delincuente sea encontrado en el vehículo en que cometió el delito. En estos casos no se necesitará la orden de captura.
Otro tema polémico tiene que ver con la vigilancia de las personas que tienen detención domiciliaria. Para evitar que evadan los controles, serán monitoreados por el Inpec y la Policía.
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