La senadora de la U Maritza Martínez confía en que su proyecto de ley, por el cual se busca reglamentar la objeción de conciencia consagrada en el artículo 18 de la Constitución, sea aprobado en esta legislatura y no se hunda como pasó el año pasado.
La iniciativa, aseguró, tendrá serias implicaciones en temas controvertidos como la prestación del servicio militar y el aborto (en los tres casos permitidos por la ley).
Martínez insistió en que contrario a lo que ha manifestado el Ministerio de Defensa, no se busca acabar con el servicio militar obligatorio, que también está consagrado en la Constitución (artículo 216), sino que se pretende que quienes demuestren que por razones religiosas o por su ética personal no pueden prestarlo, cumplan con un servicio social de 15 meses.
En el caso de los servicios médicos, si un galeno se declara objetor de conciencia al momento de practicar un aborto permitido por la ley, la paciente tiene el derecho a que otro profesional practique el procedimiento.
El senador liberal Juan Manuel Galán , ponente del proyecto, va más allá, al advertir que con él se abre la posibilidad a que el servicio social reemplace al servicio militar. Además, propone que al hablarse de servicio social, en aras a la equidad de género, las mujeres también deberían prestarlo.
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