En cuatro meses, cuatro gobernadores han sido destituidos de sus cargos por la Procuraduría e inhabilitados por lo menos durante 10 años para ejercer cargos públicos.
Sin embargo, aunque la noticia puede resultar impactante, el efecto es mínimo si se tiene en cuenta que se trata de decisiones en primera instancia. Es decir, que el afectado tiene derecho a una apelación y de ser necesario, una reposición.
De los cuatro mandatarios destituidos dos continúan en sus cargos: Juan Carlos Abadía, del Valle, y Guillermo Alberto González Mosquera, del Cauca.
Joaco Berrío, de Bolívar, y Felipe Guzmán, del Putumayo, estaban suspendidos de sus cargos desde antes de que la Procuraduría anunciara su destitución.
Es más, el organismo determinó que mientras procedía el recurso de apelación, permanecerían alejados de sus funciones.
El martes habrá decisión
Jaime Granados, abogado del Gobernador del Valle, confía en que la Sala Disciplinaria de la Procuraduría revoque el 11 de mayo la decisión tomada el miércoles por la procuradora delegada ante la Función Pública, María Eugenia Carreño.
En su concepto, Margarita Cabello y Rafael Quintero, integrantes de la sala, son dos personas de "altas calidades" que sabrán evaluar las pruebas a favor de Abadía. Es más, recordó que en ocasiones anteriores han dejado sin efecto decisiones de la procuradora Carreño.
Sobre la forma en la que se adelanta este proceso y la celeridad frente a las apelaciones presentadas por otros mandatarios destituidos, Granados explicó que como se adelanta de forma oral, la apelación se hizo de manera directa en audiencia pública y tiene hasta hoy para sustentarla.
La Procuraduría tiene un plazo de dos días hábiles para tomar su decisión que puede ir en tres sentidos: revocar el fallo, disminuir la sanción o ratificarla.
Si se ratifica, se tendría que convocar a elecciones, según lo establece la Constitución porque faltan más de 18 meses para concluir su mandato. Sin embargo, Granados confía en que no haya que llegar a otras instancias de apelación.
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