Rumbo al resguardo de los indígenas nasa en Caloto las carreteras son vigiladas por tanquetas que van y vienen, retenes a lo largo de la vía. Los soldados miran desconfiados desde trincheras levantadas con costales verdes rellenos de tierra, su refugio ante ataques. El área está militarizada.
Una valla junto al retén militar confirma que Cauca es zona roja por causa del conflicto armado. “Es el momento de la paz. Abandonen la lucha armada, los estamos esperando. La desmovilización es la salida”, dice el aviso a los guerrilleros.
Antes de llegar al resguardo de López Adentro, a menos de cinco kilómetros del puesto militar, una pancarta que cuelga de árboles, sobre la vía, llama la atención. La instalaron los guerrilleros del sexto frente, uno de los más belicosos: “sin justicia social no habrá paz”.
Pero hay contraste entre los hechos de guerra y el discurso reconciliador. En las últimas tres semanas, y luego del fin de la tregua de la guerrilla (el pasado 20 de enero), volvieron a sonar los fusiles y las explosiones en el norte caucano. La semana pasada dos carrobombas que estallaron en el corregimiento El Palo recordaron que Cauca es uno de los fortines de las Farc.
Pero la guerra no es la única confrontación viva en este departamento, donde la pobreza marca la vida del 62 por ciento de un millón 300 mil habitantes, de los cuales el 34 por ciento vive en extrema pobreza. Cauca es uno de los cinco departamentos más pobres del país, junto a Chocó, La Guajira y Sucre. Así lo indica el Dane.
Los caucanos atribuyen su miseria, sobre todo, a la falta de territorios. La disputa se acentúa porque indígenas, campesinos y afrodescendientes, el grueso de la población -que vive en zona rural-, asocia por tradición y cultura que bienestar significa posesión de tierras.
“Un indígena nasa sin tierra no es nadie, está muerto”, responde en tono firme Hernando Caicedo, gobernador del resguardo de López Adentro. Es tal su convicción que recuerda que el resguardo donde hoy habitan 2.598 indígenas, de los 250.000 que viven en Cauca, se conformó “con la recuperación de nuestros territorios ancestrales desde 1978, cuando los indios decidimos bajar de las montañas y ocupar estos terrenos que eran grandes haciendas ganaderas, de caña y fincas de terratenientes”.
Esa “recuperación” los ha enfrentado con otros “dueños de la tierra”. Los empresarios agrícolas, comunidades campesinas o negras, que también reclaman territorio o reivindican el derecho a la propiedad privada. Para esos sectores la “recuperación” es un término noble para definir las invasiones de predios.
La voracidad por la tierra que les endilgan en la región no la comparten los indígenas de López Adentro y muestran sus casas de bahareque y piso de tierra para demandar que viven en la pobreza y acosados por los grupos armados.
“Nos movemos entre la miseria y la muerte, no tomamos agua potable. La gente vive a duras penas de sus cultivos de frutas, maíz, frijol, caña, pero con decirle que aún usamos pozos sépticos en vez de sanitarios”, cuenta un indígena empuñando el bastón que lo identifica como un kiwe thegnas (lengua nasa), que el mismo traduce como “cuidadores de tierra de vida”. La gente los conoce como miembros de la Guardia Indígena.
A su turno, el gobernador señala con su dedo índice que su territorio está en riesgo porque “los industriales quieren imponer el monocultivo de la caña para alimentar motores, nosotros para sobrevivir. Solo ofrecen insumos, semillas y créditos para volvernos sus trabajadores”.
La amenaza guerrillera
Los milicianos de las Farc ubicaron en el resguardo y le dispararon a sangre fría a Lisandro Tenorio Trochez, exgobernador del Cabildo de Toribío y un guía espiritual, quien buscaba refugio. El asesinato que todavía lamentan los nasas fue el 3 de agosto de 2012 y lo atribuyen a las denuncias del líder sobre “invasiones de la guerrilla”.
Desde entonces la Guardia Indígena aumentó los recorridos por sus predios con más hombres que empuñan bastones. En noviembre pasado sorprendieron a subversivos poniendo banderas y los expulsaron. El reclamo de tierras se reproduce en municipios de mayorías indígenas como Toribío, Caldono, Jambaló, Páez o Silvia.
Este diciembre, como tantas veces, miles de indígenas protestan en Santander de Quilichao y obstruyen vías, por lo que consideran incumplimiento del Gobierno a la reparación por el asesinato de 20 de los suyos, el 7 de diciembre de 1991. Los nasas invaden la hacienda El Nilo, en Caloto, pero la “recuperación de tierra ancestral” terminó en tragedia.
El Estado reconoció la responsabilidad de miembros de la Fuerza Pública y acordó la compra de 15.663 hectáreas. “Han pasado 21 años y aún faltan por adquirir 1.755 hectáreas”, reclama Gilberto Yafué, coordinador de tierras del Consejo Indígena del Cauca. A los señalamientos de otras comunidades de que acumulan tierras y no las explotan bien, el líder habla con su cosmovisión de la tierra sagrada. “En poder de 84 resguardos hay 544 mil hectáreas, de las 3.031.464 que en total posee el Cauca. No todas son aptas para uso agropecuario y solo 220 mil nuestras son productivas. La mayoría son zonas de montaña, páramos, sitios sagrados y nacimientos de ríos vitales como Cauca, Magdalena y Patía”. Y termina su defensa con una sentencia: “Si no cuidamos, un indígena beberá la ultima gota de agua”.
Los árboles de la discordia
Más al centro del Cauca, el territorio cambia y las montañas ya no dominan el paisaje. En Cajibío el terreno es plano y el clima muy fresco. El camino a una zona rural pronto se llena de aire puro y de la fragancia mentolada del pino y el eucalipto.
A la vista aparece una planicie inmensa sembrada de grandes árboles frondosos de más de 20 metros de altura. El paisaje verde por todos lados contrasta con unos troncos ennegrecidos y carbonizados.
Al preguntar por el origen del fuego que los destruyó, algunos habitantes cuentan que campesinos que reclaman tierras marcharon hace seis meses, con rabia y escondidos en la oscuridad de la noche y cubiertos por el bosque. Nadie dice quiénes los quemaron. La pérdida fue para Smurfit-Kappa-Cartón de Colombia. La empresa multinacional (irlandesa y holandesa) es dueña de más de mil hectáreas para la producción de pulpas, papel y empaques en Cajibío.
La compañía reconoce que acumula 21.689 hectáreas (19.134 propias y 2.440 en participación) en toda la región, adquiridas en los últimos 30 años y distribuidas en El Tambo, Sotará, Popayán, Cajibío, Buenos Aires, Suárez, Timbío y Santander de Quilichao.
La oposición radical viene del movimiento campesino local y líderes como John Henry González, un agricultor quien recuerda que esas vastas tierras eran fincas ganaderas y agrícolas de las cuales brotaban a granel papa, maíz, yuca y café.
“Toda esta meseta era una despensa agrícola para el Cauca e incluso se llevaban frutas y plátano al Valle”. Remata su queja diciendo que la “expansión desmesurada de los monocultivos acabó con la vocación agrícola y eso afecta la seguridad alimentaria de esta región”.
También señala a la compañía extranjera de contaminación ambiental y destruir ecosistemas y selvas húmedas.
El año pasado, del descontento social se pasó a los actos de sabotaje, con la quema de árboles y de una máquina cortadora y peladora de arboles avaluada en más de mil millones de pesos. El fuego la redujo a chatarra barata. En la zona comentan que la máquina reemplazaba a los trabajadores.
Javier* es un campesino delgado, de baja estatura y mirada serena. Vive en una pequeña casa de madera que se levanta en una hectárea de tierra que no le alcanza para sembrar nada, aparte de una huerta familiar para ayudarse con la alimentación. Trabaja en las temporadas de siembra y corte por un salario mínimo.
Cuenta que el malestar está vivo porque la mayoría de los habitantes como él no tienen tierras, “mientras la empresa acapara miles de hectáreas y fuera de eso las más productivas”. Incluso, advierte, varios pobladores han persuadido a la gente para invadir por la fuerza los predios.
Las directivas de Smurfit-Kappa se defienden de los señalamientos locales con cifras como los 40.669 millones de pesos que “invirtieron” durante 2012 en salarios, prestaciones sociales, gastos operacionales, desarrollo vial e inversión social. También responden que de las 19.134 hectáreas de patrimonio, el 66 por ciento es de plantaciones forestales, el 28 es de bosques que se conservan y cuya biodiversidad se estudia con la Universidad del Cauca.
La disputa entre los campesinos y la compañía multinacional es puesta como un ejemplo de los altos índices de concentración de la tierra en Cauca. Incluso, los negociadores de las Farc en La Habana citaron el caso hace 15 días, cuando criticaron la entrega de tierra a empresas extranjeras y propusieron limitar el latifundio.
El sector campesino que se opone a los grandes propietarios se apoya en indicadores como el coeficiente Gini, que mide desigualdad social y recursos como la tierra. Según el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (Igac), en 2012 el Gini de tierras de 0,84 mantiene al Cauca en el podio de la desigualdad, solo superado por Meta y Sucre. Igual sucede con el Gini de propietarios (0,84), entre los cinco más altos del país.
Con base en estas cifras, Jorge Humbeto Granados Rocha, editor y asesor de tierras del Igac, interpreta que en la última década la dinámica de concentración revela una tendencia creciente del Gini. Además que cuando se analiza “la tierra en los municipios, la concentración se presenta en las tierras de mejor calidad y puede ser por unos cuantos propietarios con predios muy grandes”.
Y revela otra problemática grave por esa tendencia y otros factores como la ampliación de territorios colectivos, como los de indígenas y negros: “Cada vez se estrecha más la tierra productiva”.
“Este pueblo es un polvorín”
Fue una batalla campal a palos, piedras y machetes que dejó 14 heridos, que terminaron hospitalizados. “Y de milagro, ningún muerto”, relatan los habitantes que vieron cómo el 19 de junio de 2012 indígenas y campesinos se enfrentaron por la propiedad de la finca Los Naranjos, en la vereda la Pajosa, de Cajibío.
Esa tarde decenas de nasas embravecidos bajaron de las montañas y se dirigieron al predio decididos a expulsar de ese territorio, que también pretendían ellos, a 11 familias campesinas desplazadas por el conflicto en otras regiones, a las que el Incoder les compró ese lote para su reubicación. Uno de los afectados cuenta que les destruyeron pertenencias.
Pero otros labriegos acudieron en defensa de las familias que recién se posesionaban de la finca. No iban a permitir un nuevo desplazamiento forzado. Primero hubo discusión, luego los insultos y al final la pelea que se prolongó hasta medianoche y terminó a machetazos.
Debieron intervenir Policía, alcaldes y hasta gobernador de Cauca, Temístocles Ortega, quien cuenta que solo “un acuerdo con el Incoder para la compra de otro predio, para los indígenas, acabó la disputa”.
En la zona atribuyen ese enfrentamiento a la necesidad de tierras de la población. De eso da fe John Wilmer Campo, secretario de Desarrollo Agropecuario de la Alcaldía de Cajibío. Cifras en mano explica que el promedio de tenencia local es de 1,4 hectáreas por familia. Y para ratificar la necesidad de tierra revela que tras un censo en 28 veredas se identificaron 894 familias campesinas sin tierras. “Si se tiene en cuenta que Cajibío tiene 135 veredas, nuestro cálculo es que pueden ser unas cinco mil familias sin un metro de tierra. Este pueblo es un polvorín por la disputa multiétnica por tierras”.
‘No coma cuento, coma coca’
En el montañoso corregimiento de Lerma, en el extremo sur del Cauca, todo tiene relación con la hoja de coca. Se siembra por todas partes y hasta el cementerio local está rodeado de esa mata perseguida por ser el insumo básico de la cocaína y esta, a su vez, del narcotráfico.
El viaje hasta esa zona rural, a dos horas del municipio de Bolívar, es un largo recorrido por una trocha en medio de inmensos cañones. Calles destapadas, parcelas pequeñas, casas humildes y pequeños negocios completan el caserío. Pobreza a la vista. Uno de sus líderes, Erney Ruiz, cuenta que Lerma es conocido en la región porque sus habitantes defienden la tradición de mambeadores de coca. Él es uno de ellos y mastica la hoja de coca desde niño, como sus padres y abuelos.
Hace pocas semanas los cocaleros se enfrentaron a los erradicadores que llegaron a arrancar los cultivos y les impidieron su tarea, porque según los pobladores, la cultivan con fines medicinales, culturales y como alimento. La mitad de los 3.114 habitantes de Lerma vive de la coca.
No solo por la costumbre, sino porque sus parcelas son pequeñas para producir lo suficiente para que sus cosechas sean rentables. Y la tierra es de mala calidad. Y los programas de sustitución de cultivos ilícitos del Gobierno no tienen mucha aceptación para intentar vivir de algo diferente.
Por eso con apoyo de una ONG, Erney y otros campesinos intentan montar una procesadora de productos de hoja de coca, como galletas, dulces y harina. Su eslogan ‘no coma cuento, coma coca’ busca enfrentar la estigmatización con sus propiedades curativas.
“Alimenta y es buena para la osteoporosis, la diarrea y los dolores reumáticos”, dice el líder local mientras muestra unas galletas verdes.
Justo la semana pasada los negociadores de las Farc propusieron en La Habana (Cuba) legalizar cultivos de marihuana, coca y amapola con fines terapéuticos, medicinales o culturales. El tema causa polémica en un país como Colombia, que lidera una lucha contra el narcotráfico, en la que un frente de batalla es la destrucción de los cultivos ilícitos.
Pero en Lerma insisten en la siembra y uso de la coca, tras superar una época de violencia interna con una iniciativa propia. Entre 1983 y 1985 la bonanza cocalera atrajo el narcotráfico. De unos 450 habitantes murieron asesinados más de 150. No había Policía, la gente andaba armada, desde los estudiantes hasta el árbitro que pitaba los partidos de fútbol.
Cansados de esa violencia se reúnen los abuelos más respetados y toman la decisión de pacificar Lerma. Uno de ellos, el gallero Roberto Quiñónez propone “nidar nuevos huevos para sacar nuevos pollos”. Así explicaba que las nuevas generaciones debían educarse mejor en un colegio que les inculcara el respeto y la convivencia.
También cierran las más de 10 cantinas que había y despachan del caserío a las prostitutas. Desde esa época la violencia, rememoran sus habitantes, abandona ese pueblo.
Pero su pobreza, como la de casi todo el Cauca, igual que los conflictos, aún no se va.
