En manos del presidente de la República, Juan Manuel Santos Calderón, está la decisión de cobrarles a las Farc $827.299 millones de pesos que la guerrilla debe por concepto de sentencias judiciales en su contra y que, por ley, deben alimentar el fondo para reparar a las víctimas del conflicto.
Consultada por este diario sobre si en los diálogos de La Habana, Cuba, se tratará esa deuda, Paula Gaviria Betancur, directora de la Unidad de Víctimas, respondió: "el equipo negociador cuenta con toda la información sobre la política de reparación a las víctimas que adelanta el Gobierno Nacional, a través de la Unidad para las Víctimas, incluidos aspectos como las multas contra los integrantes de las Farc. Sin embargo, el tratamiento de esta información en el escenario de las negociaciones en La Habana se realiza directamente por el equipo negociador del Gobierno Nacional y por el Señor Presidente, quien dirige y adelanta el proceso de paz por la decisión democrática de la mayoría de los colombianos".
En consecuencia, Santos decidirá también la suerte de los 23.171 millones de pesos que alias "Timochenko" les adeuda a las víctimas, al igual que los 18.664 millones pendientes de pago de "Iván Márquez" y los 1.334 millones de pesos de "Pablo Catatumbo".
Los tres son miembros del Secretariado de las Farc y, en conjunto, tienen obligaciones con el Estado, y más concretamente con sus víctimas, por valor superior a los 43.190 millones de pesos.
¿Tiene la Unidad de Víctimas la capacidad real de cobrar esos $827.299 millones?
Según Gaviria Betancur, "el Gobierno Nacional ha asumido el compromiso histórico ante más de seis millones de víctimas del conflicto armado interno, del fortalecimiento de la capacidad de las instituciones del Estado para materializar la política de reparación integral a las víctimas promovida por la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras e implementada a través de las instituciones del Sistema Nacional para la Atención y la Reparación Integral a las Víctimas.
Este compromiso se extiende a la obtención de recursos de quienes han tenido responsabilidades en el conflicto armado. Por supuesto, cobrar multas a miembros de los Grupos Armados siempre será un reto de la autoridad, diferente al cobro de un impuesto o una multa a un ciudadano, toda vez que no se cuenta con una dirección de notificación, bienes registrados a su nombre.
En síntesis es un cobro de difícil recaudo, primero por los altísimos montos de las cuantías, segundo, porque los deudores en su mayoría no se encuentran ubicados, lo que hace casi imposible la realización de las notificaciones exigidas por la normatividad y esto impide el avance del proceso coactivo. Y, tercero, porque las investigaciones de bienes para efectos de la imposición de medidas cautelares en un porcentaje del 96 por ciento no han tenido resultados positivos. Pese a lo anterior, el Estado Colombiano ya ha comenzado a ocupar bienes de las Farc".
La funcionaria precisó que para realizar el cobro coactivo de dicha cartera -que sumando parapolíticos, otras guerrillas y actores ilegales supera los 1.3 billones de pesos- se están articulando esfuerzos con entidades como la Fiscalía General de la Nación. Esta ha jugado un papel importante en la investigación, ubicación y ocupación de los bienes pertenecientes a miembros de bandas criminales, integrantes de grupos armados al margen de la ley, parapolíticos, e integrantes de las autodefensas y la guerrilla de las Farc.
Otra entidad que suma esfuerzos es la Supernotariado y Registro, con quien se firmará un convenio para hacer la consulta automatizada de registros públicos inmobiliarios. Por su parte, el Comando General de las Fuerzas Militares apoya la ocupación de bienes, incluidos varios de las Farc.
La cooperación es extensiva a los jueces, la Central de Información Financiera (Cifin) y el Ministerio de Tránsito y Transportes para la consecución de información de vehículos automotores. "Es, dice la funcionaria, un esfuerzo interinstitucional histórico que comienza a dar sus primeros resultados, en muchos casos, sobre bienes ubicados en zonas donde aún se desarrolla el conflicto armado".
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