Es inaudita y de suma gravedad para la democracia de Colombia la conducta reiterativa de la Corte Suprema de negarse a cumplir con lo que expresamente le ordena la Constitución. En los últimos tiempos se ha vuelto usual que la Alta Corporación, en forma olímpica, desconozca algunas de sus trascendentales funciones: elegir al Fiscal General y trabajar en armonía con las demás ramas del poder. No se entiende, desde ningún punto de vista, el rechazo de la Sala Penal a hablar con el Presidente de la República sobre el tema de la extradición. El diálogo entre los distintos órganos del Estado es esencial para la gobernabilidad y el bienestar de los ciudadanos.
Esperamos que la petición que ha hecho el Ministro del Interior a la Corte en pleno, con el fin de reunirse a reflexionar con el Gobierno sobre la extradición y temas esenciales de la institucionalidad, sea aceptada, tal como debe ser en desarrollo del principio de la colaboración armónica.
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