Lo que empezó con una subida de aranceles hacia Colombia por parte de Ecuador se está transformando en una tensión política y de seguridad preocupante entre ambos países. Durante su más reciente alocución, el presidente Gustavo Petro aseguró que Ecuador habría bombardeado población civil en Colombia.
Según el mandatario colombiano, tiene pruebas de un ataque con una bomba lanzada desde un avión cerca de la frontera.
“Ha aparecido una bomba tirada desde un avión. Se va a investigar bien los modos, muy en la frontera con Ecuador (sic), ratificando un poco mi sospecha, pero hay que investigar bien, que están bombardeándonos desde Ecuador y no son los grupos armados”, dijo, agregando que su intención no es “ir a una guerra”.
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De hecho, en su mensaje también le hizo un llamado al presidente estadounidense, Donald Trump, para que sea mediador de la situación.
Según versiones preliminares, la bomba no habría explotado y se trataría de un viejo artefacto, pero las alarmas están encendidas porque habría caído muy cerca de población civil.
El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, habló con el periodista colombiano Luis Carlos Vélez, a quien le dijo: “Estamos bombardeando campamentos en nuestro territorio, infraestructura de guerrilla, que Petro deja andar libre y cruzar la frontera”.
Por otro lado, el medio de comunicación ecuatoriano llamado La Hora aseguró que las incursiones militares de Ecuador en aquel territorio fronterizo cuentan con el aval tanto de Estados Unidos como de Colombia.
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La afirmación no es descabellada. El 1 de marzo, el Ministerio de Defensa colombiano confirmó la puesta en marcha de un plan piloto de integración de inteligencia con participación de Estados Unidos, enfocado exclusivamente en el control del narcotráfico en la zona limítrofe.
El anuncio se produjo en Cartago, Valle del Cauca, durante un consejo de seguridad encabezado por el ministro Pedro Sánchez. La iniciativa contempla la creación de una plataforma conjunta que conecte en tiempo real a autoridades de los tres países para rastrear movimientos de organizaciones dedicadas al tráfico de drogas.
La apuesta partió de un diagnóstico compartido: la frontera se ha convertido en un corredor estratégico para el traslado de cargamentos ilícitos hacia puertos ecuatorianos y, desde allí, a mercados internacionales.
De hecho, en aquel momento, el acuerdo emergió como una posible tregua entre varios países. Y es que la operación espejo confirmó la colaboración entre EE. UU. y Colombia (que llevaban meses en tensión por diferencias entre los mandatarios Petro y Trump); y, además, la estrategia propuesta atacaba la raíz del problema entre Ecuador y Colombia: el recrudecimiento del conflicto armado.
Cabe recordar que los aranceles por parte de Ecuador llegaron en febrero como retaliación a lo que Ecuador considera insuficiente control fronterizo frente al crimen organizado y el narcotráfico.
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Desde entonces, y a pesar de los esfuerzos diplomáticos, ambas naciones han ido incrementando los aranceles mutuos, que actualmente se encuentran en el 30%. La situación ha traído descontento del lado ecuatoriano.
A inicios de marzo, el gremio de transportes de aquel país se congregó frente a la sede del gobierno para protestar en contra de los aranceles. Y es que, según sus denuncias -compartidas por el diario TeleSur- su actividad laboral ha caído en un 95% desde que inició la guerra comercial.
En paralelo, un grupo de exministros de Comercio Exterior y de Producción de ambos países publicó un comunicado conjunto en el que advierte que las medidas recientes, aranceles, tasas y prohibiciones, están generando un impacto no deseado sobre las actividades productivas formales y el intercambio binacional.
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