Por considerar que las circunstancias en las que Gustavo Andrés Areiza perdió la vida en San Andrés de Cuerquia tuvieron que ver con actos del servicio de los uniformados adscritos al Batallón Girardot y no obedeció a un exceso de fuerza, el Consejo Superior de la Judicatura (CSJ) decidió que el proceso contra el subteniente Jota Mario Paternina Villafañe sea asumido por la Justicia Penal Militar (JPM) y no por la justicia ordinaria.
Idalia González, directora jurídica de la Fundación Héroes de la Patria, que desde 2008 se encarga de la defensa de los uniformados que operan en la jurisdicción de la IV Brigada, considera esta decisión como un avance en la forma en la que el CSJ analiza los conflictos de competencia que involucran muertes en combate.
En la actualidad la Fundación tiene a su cargo unos 170 procesos de los cuales 28 están en manos de la justicia ordinaria. De ahí que la abogada asegura que este fallo les da una luz de esperanza porque cada vez que la Fiscalía reclama un caso de una muerte en combate "casi que automáticamente" pasa a la justicia ordinaria.
Estas decisiones, asegura González, influyen en los procesos porque cuando se plantea un conflicto de jurisdicción se da por sentada la responsabilidad de los uniformados. "En el caso de Antioquia, por lo menos existe esta fundación, pero en el resto del país a ellos (los militares) les toca salir con sus propios recursos a buscar un abogado".
Procesos pueden agilizarse
Aunque la reforma constitucional al fuero militar que fue conciliada el jueves tardará por lo menos un año en entrar en vigencia, la iniciativa conlleva la creación de un Tribunal de Garantías que será el encargado de dirimir los conflictos de jurisdicción.
Según el senador Juan Manuel Galán, uno de los ponentes de la reforma al fuero, el nuevo tribunal que estará integrado por ocho magistrados (cuatro civiles y cuatro militares retirados), cumplirá las funciones que en la actualidad tiene el Consejo Superior de la Judicatura, pero podrá darle agilidad a los procesos que se tardan entre seis meses y cinco años.
Estos conflictos se presentan cuando la Fiscalía considera que un hecho no hace parte de un acto de servicio (es decir, que se abusó de la fuerza o el procedimiento no fue legal) y la Justicia Penal Militar o la defensa del uniformado consideran lo contrario.
En el proceso contra el teniente Paternina, la Fiscalía argumentó que la muerte de Gustavo Andrés Areiza ocurrida en 2008, tenía las características de uno de los llamados "falsos positivos", porque según el informe presentado por los uniformados se advertía que el fallecido portaba un revólver, había sido identificado por sus vecinos como un delincuente y algunos habían señalado que tenía denuncias por extorsión en Santa Rosa de Osos y San Andrés de Cuerquia.
González señaló que en este caso y otros similares que están a cargo de la Fundación, todo parte de una operación militar que cuenta con las autorizaciones exigidas por la ley y que se hizo bajo las normas operacionales y el acatamiento de los tratados internacionales.
La abogada González, destacó la creación del nuevo tribunal, porque considera que los conflictos por competencia de jurisdicción hacen que las investigaciones se queden estancadas por muchos años, lo que perjudica a los procesados.
También considera que la reforma al fuero militar permitirá fortalecer la Justicia Penal Militar y que los uniformados sean procesados con reglas del juego justas.
"Es una historia que se repite, los militares se identifican como Ejército Nacional y los atacan, ellos están armados con fusiles y no pueden esperar y preguntar a quienes les están disparando qué arma tienen para defenderse. Es de esperar que, como en este caso, la persona muerta tenga múltiples impactos de bala", explicó la abogada.
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