El laberinto de pasillos, escaleras y rejas donde sicarios asesinaron a tiros a Jonathan Álvarez, joven de 20 años del sector San Gabriel, de la vereda La Loma, del corregimiento San Cristóbal, hace poco más de un mes, remata en puertas cerradas, cortinas desplegadas, sellos con el rótulo "Vivienda en Protección" escrito con letras rojas, una que otra ventana con tablas clavadas por dentro.
En una pared, como pintada por niños, las imágenes de un "Chiqui" con un cigarrillo en la boca y otra figura sin nombre, con una cruz colgada del pecho al estilo de los cantantes de hip hop y el dedo del medio levantado, son los únicos vestigios de un rostro humano en el sitio. No han vuelto a sonar disparos, tampoco risas ni voces de los lugareños; solo el ladrido de los perros de casas vecinas, cuando sienten de lejos una presencia extraña.
Diecisiete de las casas que permanecen deshabitadas, cumplen un mes sin sus moradores, la mayoría de ellos familiares del muchacho, del que se dice que habría pagado con la vida su renuencia a integrar un combo del sector. Las amenazas tras el crimen y el miedo que todavía persiste hoy los hicieron tomar la decisión de irse sin que se sepa todavía si se atreven a volver pronto.
"Esa muerte derramó la copa", advirtió entonces uno de quienes cargaron con sus cosas y se fueron.
Dos policías prestan vigilancia junto a las casas desocupadas. La fuerza pública también está presente en un puesto de control sobre la vía principal, en un CAI periférico y muy cerca de allí, en el sector El Cañón, que se recupera de otro proceso de desplazamiento. El Ejército también permanece en la zona, en una vivienda adaptada para alojar a los uniformados, señala el Secretario de Gobierno de Medellín, Jorge Mejía Martínez.
—Mi hijo se fue después de eso. Quiere volver, pero dice que va a esperar un tiempo a ver cuánto dura la Policía —señala uno de los habitantes que se mantiene en el sector, algo distante del sitio donde permanecen las casas deshabitadas—. El día que se vaya la Policía, se nos vuelven a meter.
Habla del combo "La Loma", en frecuente enfrentamiento con el de "San Pedro", de la parte baja, cuenta que no pocas casas tienen huellas de los disparos en las paredes.
—A una niña, que estaba escondida en un clóset casi le da un tiro en una de esas balaceras —recuerda también que hasta hace algún tiempo, la zona era un sitio tranquilo para vivir, donde se podía salir a cualquier hora y se festejaba en los diciembres.
Otras 13 casas fueron desocupadas luego del asesinato de Manuel Tabares Álvarez, el primer muchacho que se cobraron las amenazas de los violentos, el 8 de marzo.
El secretario de Seguridad de Medellín, Arnulfo Serna, reafirma el compromiso de las autoridades de estar en la zona de manera permanente como garantía para un eventual retorno.
Para la coordinadora de la Unidad Municipal de Víctimas de la Alcaldía de Medellín, Luz Patricia Correa, el hecho de que no se hayan desplazado más familias es algo positivo.
"Ellos están muy impactados por los homicidios. Para que regresen, se necesita que vuelvan a restablecer la confianza, dar más tiempo para que sientan que no nos vamos a ir", señala.
Admite, sin embargo que la gente habla aún con mucha timidez de las posibilidades de regresar.
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