La certificación en derechos humanos que acaba de expedir el Departamento de Estado de la Administración Obama no es sólo un reconocimiento a la larga tarea de respeto y defensa que en esa materia se ha inculcado y llevado a cabo dentro de las Fuerzas Armadas y demás organismos del Estado, sino un espaldarazo político al Gobierno y al ex Presidente Álvaro Uribe.
En momentos en que se vuelven a agitar las banderas del desprestigio y las falsas acusaciones sobre la existencia de fosas comunes en zonas que habían estado sometidas a la anarquía de la guerrilla y los paramilitares, pero donde hoy se garantiza la presencia del Estado gracias a la Seguridad Democrática, este reconocimiento, y el del Parlamento Europeo, motivan a las Fuerzas Armadas a seguir adelante en la lucha contra el terrorismo y el narcotráfico.
Quienes alientan sus campañas políticas y sus oscuros intereses bajo la premisa de "calumniad, calumniad, que de la calumnia algo queda", se han encontrado, para su sorpresa, con un Gobierno, el saliente y el entrante, que les ha dado la cara a los problemas en materia de derechos humanos, reconociendo que aún persisten hechos aislados que son materia de investigación, pero no una política de Estado encaminada a violar derechos fundamentales, sino todo lo contrario, a defenderlos y a promover una verdadera cultura de respeto por ellos.
A costa, inclusive, de la moral y la motivación de las tropas en los últimos ocho años, al Gobierno no le ha temblado la mano para denunciar y sancionar a cientos de militares y policías que se han visto comprometidos en actividades ilícitas y en contubernio con grupos al margen de la ley. Lo que no ha hecho, y ojalá siga siendo así, es permitir que los enemigos, dentro y fuera del país, cabalguen sobre la calumnia y el desprestigio de la institucionalidad de nuestras Fuerzas Armadas.
Una institucionalidad que también pasa por la aplicación de una justicia pronta y eficaz, sin filtraciones, shows mediáticos y cálculos políticos. No entendemos, y en eso coincidimos con el informe del Departamento de Estado, por qué no ha sido posible la elección de un Fiscal General en propiedad, en momentos en que el país enfrenta un desafío terrorista y una arremetida guerrillera, del narcotráfico y las bandas criminales.
Más allá de los valiosos recursos económicos que se desprenden y habilitan con esta certificación en derechos humanos, Colombia demanda la cooperación de la comunidad internacional, pues entiende que la corresponsabilidad entre los países es la mejor vía para combatir los focos de violencia que amenazan nuestras democracias.
De ahí que resulte aún más valiosa esta certificación en momentos en que la Administración Obama ha nombrado un nuevo embajador en Colombia, Peter Michael McKinley. Estados Unidos, y el mundo entero, podrán tener la certeza de que el Gobierno trabaja y trabajará para garantizar el pleno respeto de los derechos humanos y hará lo necesario para que se esclarezcan los hechos relacionados con las ejecuciones extrajudiciales y las chuzadas del DAS.
De nuestra parte, y ahora que el Congreso americano deberá validar el desembolso de cerca de 30.5 millones de dólares del Plan Colombia, esperamos que Estados Unidos también apruebe el TLC. Esa sería la mejor certificación para Colombia.
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