El diario El Nacional de Caracas presentó ayer dos espacios en blanco en su portada, que deberían llevar fotos, y la página de sucesos, donde se presentan cifras de muertos y hechos de orden público, sin información, tras la decisión de un tribunal que le prohibió publicar imágenes violentas que "afectan la integridad psíquica y moral de los menores".
En su lugar, el diario acuñó el término "censurado" como protesta a la decisión del Tribunal 12 de Primera Instancia de Protección de Niños, el cual le prohibió "la publicación de imágenes, informaciones y publicidad de cualquier tipo con contenido de sangre, armas, mensajes de terror, agresiones físicas? que puedan alterar el bienestar psicológico de los niños, niñas y adolescentes, hasta que se decida a fondo de la presente acción de protección". Por ahora la medida durará un mes.
Periodistas, medios y gremios del sector de comunicaciones, opositores y estudiantes protestaron por la decisión y no dudaron en calificarla como un mecanismo de censura que afecta la libertad de expresión. Sin embargo, el Gobierno y sus partidarios se defienden alegando que se trata de una publicación pornográfica que ofende la identidad nacional.
El presidente Hugo Chávez aseguró que se trata de "un manejo politiquero y pornográfico de la violencia y la criminalidad que se ha convertido en factor antirrevolucionario de peso". No obstante, las estadísticas hacen referencia a más de 150 mil muertos en los últimos diez años.
Según el mandatario, la foto que el viernes pasado publicó El Nacional , en la que se observa una sala de la morgue de Caracas con cadáveres acuñados, "sólo muestra el desespero porque pretenden por distintas vías frenar y sabotear la revolución bolivariana", dijo Chávez, quien agregó que hay un complot internacional contra Venezuela.
"No hay censura"
Para la Defensora del Pueblo, Gabriela Ramírez, no existe ningún tipo de censura y por el contrario en Venezuela se preserva la libertad de expresión. Según ella, no sólo se están vulnerando los derechos de los jóvenes y los niños sino que "se atenta contra la dignidad de las víctimas y familiares. El Nacional ha recurrido a estos mecanismos tan sórdidos para tratar de vender más diarios", añadió.
A la morgue de Caracas se le prohibió el ingreso a la prensa desde hace años y los periodistas deben ubicarse en zonas aledañas.
Tema electoral
Marcelo Bisbal, especialista en temas de comunicación, aseguró que nunca se había visto una situación como ésta y llamó la atención por el período durante el cual el tribunal tomó la medida: un mes, el tiempo que dura la presente campaña electoral en un momento en que la imagen del Presidente se ha visto golpeada, de acuerdo con las más recientes encuestas.
Periodistas coinciden en que la información de sucesos de orden público, incluidas algunas fotografías recientes que muestran a víctimas y familiares, aumentan el temor del Gobierno frente al proceso electoral porque son los más pobres, donde el Presidente mantiene su mayor respaldo, los más afectados con los asesinatos.
El director-editor de El Nacional , Miguel Henrique Otero, no dudó en afirmar que "estamos censurados, esto es inconstitucional y atenta contra la libertad de expresión". El directivo agregó que como periodistas seguirán informando sobre lo que sucede en el país.
La presidenta del Colegio Nacional de Periodistas (CNP), Silvia Allegret, manifestó su preocupación porque "durante un mes el país no va a conocer lo que está ocurriendo". Criticó que "se utilice una causa noble como la protección de los menores de edad como excusa para silenciar los medios.
Teodoro Petkoff, director del diario Tal Cual , dijo que se trata de una conducta irresponsable del Gobierno frente a la violencia. Agregó que era previsible que se actuara en contra de los medios y que se trate de "matar al mensajero en vez de prestarle atención al mensaje".
El abogado Gustavo Briceño, presidente del Capítulo Venezolano del Ombudsman, repudió la actitud de la Defensoría del Pueblo.
Briceño manifestó que en lugar de defender a los familiares de las víctimas y de reclamarle al Ejecutivo por no atender a una política en seguridad, este organismo le atribuye los hechos a un medio nacional e internacional.
"Consideramos que la acción perpetrada contra el diario constituye un atropello contra la libertad de expresión y un síntoma de que las instituciones del Estado, incluida la Defensoría del Pueblo, dirigen su acción para instalar en nuestro país un sistema político donde la libertad de expresión se encuentre condicionada a las políticas de ese Estado, una comunicación unidireccional o una hegemonía de opinión por parte del Estado. Lo condenamos por ser contrario a un Estado de Derecho, concluyó.
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