El Ministerio de Hacienda anunció ayer que el Gobierno consideró prudente ceder la decisión de la venta de las acciones que la Nación posee en Isagén (57,55 por ciento) al próximo gobierno.
El ministro de Hacienda, Óscar Iván Zuluaga, dijo ayer que "luego de haber completado todas las actividades tendientes a la estructuración del proceso de venta, los tiempos estimados para su perfeccionamiento trascienden la vigencia de este Gobierno".
Por ello y dada la coyuntura política, el propio ministro de Hacienda se comunicó con los candidatos presidenciales para informarles acerca del proceso y conocer su posición "y todos coincidieron en su preferencia por un aplazamiento de la decisión para el próximo Gobierno".
Agregó el ministro Zuluaga que la decisión de la venta de las acciones de la Nación en Isagén tenía como propósito fundamental financiar programas de inversión previstos en la Ley Anual de Presupuesto de esta vigencia. "El nuevo Gobierno, dependiendo de la decisión, contará con la flexibilidad en las fuentes de financiamiento".
La venta de la participación estatal en la generadora está contemplada en el Plan Financiero 2010 y se había estimado que el Gobierno podría recibir 3,3 billones de pesos, el 0,7 por ciento del Producto Interno Bruto.
Mucha discusión
La noticia se da luego de un año de ires y venires, en los que el Gobierno del presidente Álvaro Uribe Vélez, deja en manos de la siguiente administración la venta de uno de los activos más importantes de la Nación.
Para el Gobierno, los tiempos estimados para el perfeccionamiento de la enajenación accionaria van más allá del 7 de agosto.
Zuluaga aseguró además que aunque hay un interés importante por la generadora, "es muy delicado iniciar un proceso inconsulto".
"La convicción nuestra es la venta del activo. Hay mucho apetito por éste, pero hay que respetar límites y alcances del Gobierno", dijo Zuluaga.
Uno de los primeros en asegurar que la generadora no alcanzaría a ser vendida durante la actual administración fue el ex director del Departamento Nacional de Planeación (DNP), Juan Carlos Echeverry.
"En un año de elecciones creo que ya es difícil que se dé, porque cualquier proceso se demora por lo menos seis meses y los inversionistas se preguntarán si el siguiente Gobierno estará o no de acuerdo con esa venta", dijo.
Campañas como la del liberal Rafael Pardo, han manifestado su oposición a la venta de la generadora.
La determinación dejará al próximo Gobierno con un faltante de 3,3 billones de pesos.
"Esta es una determinación inconveniente para las finanzas públicas porque no solo se deja en manos del próximo Gobierno la decisión, sino un hueco más grande de lo previsto", dijo el catedrático de la U. del Rosario, Gonzalo Palau Rivas.
El ex ministro José Antonio Ocampo indicó que mantener una empresa pública en el área de generación puede ser provechoso para las finanzas públicas.
Voceros de varias campañas presidenciales acogieron de buena forma la decisión del gobierno, que deja en libertad a quien sea elegido para tomar esa determinación.
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