El último informe de Medicina Legal sobre muertes violentas en el país durante 2011 tiene una paradójica contradicción: los homicidios y el número de víctimas en accidentes de tránsito mostraron una ligera disminución, pero el índice de suicidios se mantiene estable y con tendencia a aumentar.
En otras palabras, ya nos matamos menos entre nosotros, pero quitarse la vida parece ser una práctica cada vez más frecuente y no atendida como un fenómeno social que podría convertirse en asunto de salud pública.
Las cifras de Medicina Legal ofrecen, de paso, un preocupante mapa de la violencia que sufren las regiones del suroccidente y el noroccidente del país. De los 14.858 homicidios registrados en 2011, poco más de la mitad ocurrieron en el Valle, Cauca, Nariño, Antioquia y Chocó, con 7.486 casos, sin contar con las muertes en accidentes de tránsito, que sumaron 1.712 en ambas subregiones, de las 5.150 que se registraron en todo el país.
El 80 por ciento de las 32.144 necropsias efectuadas por Medicina Legal en 2011 arrojó que la causa de la muerte fue la violencia y el elemento con mayor incidencia fue el uso de armas de fuego.
Aunque Medicina Legal no hace inferencias con sus resultados, sí es claro que hay una relación directa entre los índices de criminalidad y la presencia de actores armados ilegales ligados al narcotráfico en las zonas con mayores cifras de homicidios y muertes violentas, algunas de ellas no establecidas.
Aunque la disminución en un 8 por ciento en las cifras de homicidios en 2011, respecto de 2010, y del uno por ciento en los accidentes de tránsito en igual período, son una noticia positiva para el país, el informe vuelve a poner en evidencia una dramática situación social en Colombia: la descomposición del núcleo familiar.
Que las cifras de suicidio se mantengan prácticamente estables en los últimos años, con promedios de 1.600 casos, pero que la mayoría de las víctimas sean jóvenes menores de 15 años, reflejan no sólo un descuido de los padres con los hijos, sino una ruptura profunda de sus relaciones de diálogo y confianza.
Se hace urgente la revisión de los programas que adelantan entidades como Bienestar Familiar y las secretarías de familia existentes en alcaldías y gobernaciones para diseñar estrategias que impidan que dicho fenómeno se mantenga e incluso tienda a aumentar en algunas zonas del país, en especial en Bogotá.
Adicionalmente, las cifras sobre consultas clínicas realizadas por Medicina Legal permiten alertar sobre el incremento de delitos sexuales cometidos contra mujeres (19.674 casos en 2011), en su mayoría menores de edad, con padres y padrastros como principales responsables del abuso en el 60 por ciento de las denuncias presentadas.
La violencia intrafamiliar también se sigue perpetuando en el país, pero cada vez son más graves sus manifestaciones y consecuencias.
Las incapacidades por ese tipo de violencia eran hace cinco años, en su mayoría, menores de 30 días, pero más de la mitad de los 138.803 casos registrados en 2011, tuvieron incapacidades superiores a un mes, lo que indica más agresividad y sevicia por parte de los responsables.
Así las cosas, se hace urgente legislar para atacar estos fenómenos delictivos, pero también recuperar la armonía y el respeto dentro del núcleo familiar. No hay alternativa.
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