Para entender algunos de los interrogantes que se plantean en Colombia sobre el comportamiento del sector agropecuario, resulta interesante analizar algunos de los conceptos expuestos por el empresario agrícola Carlos Antonio Espinosa, sobre el que se trató la columna de la semana pasada.
En primer lugar, el señor Espinosa señala que nuestra agricultura no progresa, no se destaca. Efectivamente, las cifras sobre el crecimiento agrícola del país muestran que, a través del tiempo, éste se ha venido desacelerando progresivamente. Además, en la pasada década, cuando los apoyos y los beneficios estatales aumentaron de manera importante y cuando las economías interna y externa crecieron aceleradamente, la agricultura no tomó el mismo impulso del resto de los sectores y, por el contrario, se rezagó.
Cabe, entonces, preguntarse ¿qué se hace con los recursos que entrega un Estado excesivamente generoso con la esperanza de que los empresarios agropecuarios se los devuelvan al país en mayor crecimiento, más empleo, mayores exportaciones y menores precios de los alimentos? Pareciera que esos recursos terminan convirtiéndose en rentas individuales y no en beneficios sociales.
El segundo tema de interés es cómo el sector agrícola, gracias a su capacidad de lobby y de presión política, no se ha abierto al comercio mundial y ha logrado mantenerse protegida, como lo afirma Espinosa. Efectivamente, la gran mayoría de los estudios muestran que, contrario a lo que generalmente se piensa, la agricultura colombiana ha estado protegida. De esta forma, los agricultores logran vender sus productos a precios muy superiores a los que rigen en los mercados internacionales y sin la presión que significa la entrada de bienes importados, y terminamos los consumidores colombianos pagando esa protección que, en casos de bienes tan básicos como el arroz, afecta severamente el bolsillo de los grupos de más bajos ingresos.
¿Qué efecto tiene mantener, simultáneamente, una política generosa de apoyos y subsidios con una alta protección? Espinosa lo tipifica en el caso de la palma cuando, con conocimiento de causa, pues es palmicultor, afirma que este cultivo, en el que el actual gobierno ha fincado sus esperanzas, no es competitivo. El mismo se desarrolla, con altos réditos para los palmicultores, gracias a los distintos beneficios que le otorga el Estado. Este caso deja en claro que el lobby ha sido, y es, en el caso agrícola, muy rentable. Además, ilustra cómo las medidas proteccionistas y de apoyo crean una estructura productiva frágil, no competitiva, crecientemente costosa para la sociedad e inequitativa. Toda la sociedad paga, vía mayores precios e impuestos, por mantener esas ineficiencias y no recibe claros beneficios de estos esfuerzos.
Finalmente, los apoyos y la protección junto a la rotunda afirmación de Espinosa de que "los empresarios tenemos capturado al gobierno", ayudan a entender por qué la agricultura, sistemáticamente, dificulta, enreda y retrasa la firma de acuerdos comerciales con otros países. En un mundo en el que la presión política y el lobby son rentables no hay incentivos para salir a pedir que se abra la agricultura.
Por tanto, no es fácil esperar que, voluntariamente, los agricultores pasen de recibir y proteger rentas derivadas de su labor del lobby, a tener que ganarse sus ingresos compitiendo con base en la productividad y la innovación. Evidentemente, la primera vía es, hoy en día y de acuerdo con las reglas de juego que el gobierno les ha fijado, muy rentable. La segunda es por la que aboga el empresario Espinosa, pero a la que, de tiempo atrás, el sector no le ha querido jugar.
Frente a unos resultados tan decepcionantes y unos costos tan onerosos el país tiene que repensar qué y cómo quiere, hacia el futuro, que sea su agricultura.
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