Cuando hablamos de la "desmovilización" de los integrantes de combos del Valle de Aburrá, pensamos de inmediato en el proceso efectuado con el paramilitarismo, en la Ley de Justicia y Paz, en una reinserción interminable a la sociedad y en múltiples beneficios para los criminales. Algunos, incluso, afirman que para estar becados y conseguir trabajo hay que volverse delincuente. Un poco fantasioso, porque la desmovilización del "Cacique Nutibara" no fue un mal proceso y sólo el 5% de sus integrantes regresó a la delincuencia; además para los combos y bandas el tratamiento es diferente, ellos no son paramilitares ni guerrilleros, no son considerados sujetos de una organización política; son pandilleros que no aplican a la Ley de Justicia y Paz y tienen un panorama jurídico incierto para su sometimiento a la Justicia.
Estos hombres no tienen que reintegrarse a nada, pues ya hacen parte de la sociedad, siempre han estado en la cotidianidad de las comunidades, comunidades que muchas veces los reconocen como autoridad legítima. Son hermanos, hijos, padres, maridos y novios de la gente en todos los barrios. No hay sociedades puras. Entonces ¿adónde irán a parar los pandilleros? ¿Qué significa el sometimiento a la justicia que proponen?
Alguna vez escuché decir que "desmovilizarse siendo bandido" es abandonar la violencia para desmontar el combo. ¿Qué significa esto? Dejar de ser banda y convertirse en individuo y ciudadano, integrarse a la ciudad más allá de su propia cuadra, entregar las armas (las buenas) junto al territorio; verdaderamente dejar de delinquir y resolver su situación jurídica (el que la debe, la paga), la inserción en la vida económica productiva; pero, sobre todo, contribuir en la reconstrucción del tejido social afectado por la "cultura" de la ilegalidad, tan promovida en estos días por los canales de televisión.
No creo que nadie sensato reniegue de este sometimiento a la justicia, y menos, cuando se trata de desarticular la violencia más aguda del país, la verdadera amenaza a la seguridad nacional.
Para que todo esto sea posible, es necesario desatar al menos tres nudos: 1) que cada miembro del combo asuma el compromiso interior de abandonar totalmente la violencia y se disponga sinceramente a pedir perdón a la sociedad y sus víctimas; 2) crear el instrumento jurídico apto para la entrega y 3) la participación decisiva del Gobierno nacional.
No basta sólo con el desmonte de las estructuras que están delinquiendo, no bastan los procesos de educación y vinculación laboral de los que abandonan la violencia, si a la par no se construyen grandes empresas productivas para enriquecer a los habitantes de las comunas. Pues la pobreza y la exclusión son la principal causa y excusa más evidentes para el accionar de los violentos.
Planteadas así las cosas, es urgente apoyar las iniciativas de las autoridades nacionales y territoriales, gobiernos e instituciones, donde confluyamos en una sola propuesta, todos los que estamos mortificados con la muerte. Es la unidad metropolitana por el desmonte definitivo de la violencia.
En este sentido, merece atención especial el papel que debe jugar el empresariado antioqueño en la pacificación definitiva de la región metropolitana. Todos conocimos de su visita dirigida a las comunas de Medellín, pero mucha gente se pregunta ¿más allá de la foto en la primera página de El Colombiano, qué?, ¿más allá de la caridad, qué ofrecen como saber y capital para construir la "gran empresa" como alternativa a la máquina de la muerte?
Quienes trabajamos por la paz no podemos seguir predicando y pasando por encima de los muertos.
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