La senadora antioqueña Isabel Cristina Zuleta estaría en una cruzada por sacar votos hasta de las cárceles en medio del pulso que se libra en el país por la segunda vuelta presidencial que se realizará este fin de semana.
Así lo aseguró la concejala de Medellín, Claudia Carrasquilla, quien sostuvo que la congresista del Pacto Histórico estaría aprovechándose de su investidura para prometer favores a guardianes del Inpec y hasta estaría ofreciendo, a través de integrantes de su Unidad de Trabajo Legislativo (UTL), promesas de beneficios laborales.
De acuerdo con la corporada, quien antes de llegar al Concejo se desempeñó como directora especializada contra el Crimen Organizado de la Fiscalía General de la Nación, las movidas estarían ocurriendo principalmente en la cárcel de La Picota, en donde circulan múltiples audios y chats que podrían poner a la política a dar explicaciones ante la justicia y los entes de control.
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“¿Las cárceles convertidas en maquinaria electoral? Los audios y chats que hemos conocido sobre la presunta intervención de funcionarios del Inpec en favor de la campaña de Iván Cepeda son gravísimos y deben ser investigados”, expresó Carrasquilla.
¿Constreñimiento electoral?
La concejala aseguró haber recibido información de una fuente según la cual la senadora habría enviado a un integrante de su UTL a la cárcel de La Picota, presuntamente para discutir temas políticos, tanto con guardianes como con personas privadas de la libertad.
Para sustentar su señalamiento, la concejala hizo público un paquete de audios en el que, entre otros, se escucha a un guardián del Inpec que lidera uno de los sindicatos del instituto, en el que presuntamente se instaría a otros funcionarios a buscar votos.
En la grabación, se escucha al funcionario refiriéndose al panorama político tras la realización de la primera vuelta presidencial y aludiendo a la urgencia de convencer a más personas indecisas o que no participaron de la primera vuelta de que apoyen al candidato de la izquierda.
“Es convencer al abstencionista. Esa persona que no va a votar, esa persona que de pronto le debe un favor a uno y uno va y habla con él y no es que lo cobre, pero sí pide el apoyo”, se escucha decir al líder sindical.
En el audio, también se escucha al funcionario proponer que los sindicatos deberían ser más activos para mover votos para la segunda vuelta y hasta plantea que, así como empleados públicos van en busca de los sindicatos para pedir ayuda para resolver sus problemas, las organizaciones también deberían ir en la búsqueda de los empleados para que estos igualmente se comprometan con sus intereses políticos.
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“Así como los trabajadores piden el apoyo, todos los días reciben llamadas de trabajadores ustedes, así mismo tiene que ser recíproco”, dice. “Si hay que agotar espacios, aquí no hay momento de egos, ni de diferencias”, agrega luego.
La concejala también hizo público un extracto de un chat que estaría circulando entre funcionarios del Inpec, en el que se hace alusión a presuntas prebendas para apoyar a Cepeda.
Según se lee en las conversaciones, en las que se presenta a la integrante de la UTL de Zuleta entre los demás trabajadores, se habla de promesas para reintegrar a funcionarios.
“Le hace campaña al candidato y prometió ayudar con puestos. A las personas que salieron del Inpec”, se lee.
En los chats también se alude a supuestos apoyos para quienes se animen a votar por el candidato, señalando que desde la UTL de Zuleta presuntamente se pondrían buses y hasta se pagaría para ir a votar.
“Y si hay que votar ella coloca buses y paga para ir a votar”, se lee en otro de los mensajes.
De acuerdo con sus investigaciones, Carrasquilla aseguró que fuentes conocedoras de lo que está ocurriendo en los penales aseguraron incluso que en dicha estrategia se estarían haciendo cuentas de votos de personas privadas de la libertad.
“Como en las cárceles hay mesas de votación, también están haciendo las cuentas de cuántas personas privadas de la libertad en la cárcel de La Picota salieron a votar sabiendo que estaban habilitadas un número significativo importante para sumarle a la votación de Iván Cepeda”, sostuvo la cabildante distrital.
Además de los líderes sindicales, Carrasquilla también hizo públicos audios atribuidos a otro funcionario del Inpec, en los que se le escuchaba hablando de las solicitudes para participar de a campaña.
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“Es ahí donde nosotros tenemos que poner el grano de arena. Si en Picota hay 5.000 privados de la libertad y 400 unidades de guardia y solo votan 240, entonces nosotros no estamos haciendo el trabajo como debe ser”, se escucha.
Tras exponer esos indicios, Carrasquilla sostuvo que presentará una denuncia en la Fiscalía General de la Nación en contra de varios funcionarios públicos ya identificados y que presuntamente estarían transgrediendo las normas que les prohíben participar en política.
Asimismo, la concejala señaló que enviará un oficio a la Procuraduría General de la Nación con el mismo material probatorio, para desde ese ente se evalúe si hay funcionarios incursos en irregularidades.
En su análisis, Carrasquilla sostuvo que ambos entes podrían revisar si Zuleta y miembros de su equipo estarían incurriendo eventualmente en el delito de constreñimiento al sufragante, que se produce cuando alguien presiona el libre ejercicio del derecho al voto.
Pese a que cualquier persona puede incurrir en este delito, Carrasquilla recordó que la ley establece que es más grave cuando quien lo comete es servidor público, tiene personas subordinadas, ofrece beneficios de naturaleza gubernamental o está asociado a algún grupo armado organizado.
Cabe recordar que, para ese delito, la ley contempla penas que van desde los cuatro años hasta los nueve años de cárcel.
“A usted la tienen que suspender del cargo por hacer y participar en hechos políticos. Si bien es cierto que usted está facultada para apoyar a un candidato a la Presidencia de la República, porque es facultad de todos los corporados, tampoco se le permite cometer conductas ilícitas”, dijo Carrasquilla, dirigiéndose a la senadora en un video.
Para conocer su versión frente al tema, EL COLOMBIANO consultó con la senadora Isabel Zuleta, pero hasta el cierre de esta edición no obtuvo respuesta.
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