viernes
7 y 9
7 y 9
En medio del clima político y social que sacude el país, a finales de esta semana se presentaron dos movidas jurídicas que servirán para darle un impulso a la iniciativa de revocatoria al alcalde Daniel Quintero Calle.
Con las dos medidas –la resolución en segunda instancia de una acción de tutela y la radicación de un silencio administrativo positivo–, los impulsores de la revocatoria, agrupados en distintos comités, esperan que puedan iniciar la recolección de firmas necesarias para llegar a la revocatoria.
La aspiración que tienen los impulsores es que mañana la Registraduría Nacional entregue las planillas de recolección. Y, a partir de ese momento, iniciar a recoger las rúbricas necesarias.
A finales de marzo, el mencionado Juzgado presentó un análisis en el que concluyó que el hecho de que no se entregaran los formularios para recolección de firmas, en los términos definidos por la Ley 1757 de 2015, estaba vulnerando el derecho fundamental a la participación ciudadana y al debido proceso.
Hay que recordar que la Registraduría Nacional suspendió, en febrero, los trámites de revocatoria de mandato a la espera de que el Ministerio de Salud definiera los protocolos de bioseguridad en el marco de la pandemia por covid-19.
Luego de conocerse esa decisión, el Municipio impugnó. Sin embargo, el Tribunal Administrativo reiteró la decisión, al considerar que “suspender el proceso (...) constituye una vulneración del derecho de la participación política”. E hizo un llamado de atención: “Si los derechos políticos no pueden ser postergados ni suspendidos, la administración no puede imponer obstáculos ni impedir el ejercicio eficaz de os derechos políticos a los ciudadanos, su deber es salvar las dificultades”.
En ese sentido, resolvió “ordenar a la Registraduría Nacional del Estado Civil que, a más tardar en el término de cuarenta y ocho horas contadas a partir de la notificación de esta providencia, inicie los trámites administrativos para implementar los protocolos de bioseguridad establecidos en la Resolución 666 de 2020 (del Ministerio de Salud) y sus modificaciones, elaborar y entregar los formularios a los promotores y continuar con el trámite del proceso de revocatoria del mandato contra el señor alcalde de Medellín”.
Pero no fue lo único. Al tiempo que se conocía la decisión del Tribunal Administrativo, desde el comité revocatorio Medellín Me Pertenece se impulsó un recurso de silencio administrativo positivo.
La historia es así. El 15 de abril, el mencionado comité presentó una recusación en la que se solicitó que fuera la Secretaría de Salud de Antioquia, y no la de Medellín, la que vigilara el cumplimiento del protocolo de bioseguridad en la recolección de firmas, al considerar que “la secretaría del municipio tendría una incapacidad”.
La Alcaldía de Medellín y la Procuraduría de Antioquia, cuenta la abogada Yesenia Bedoya –vocera del comité–, tenían hasta el pasado 29 de abril para dar respuesta a esa solicitud. Sin embargo, no se hizo. Entonces el viernes, ante la Notaría 22, radicaron la escritura pública y se radicó ante la Alcaldía y la Procuraduría.
“Cuando una entidad no responde, vencido el término legal, se le da la razón a la otra parte, porque, al no contestar, se tienen como ciertas las pretensiones. La consecuencia es que, vencidos los términos, se nos da la razón” para que sea la Secretaría de Salud de Antioquia la que vigile el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad.
EL COLOMBIANO buscó tanto a la Registraduría como a la Alcaldía de Medellín para conocer su postura sobre estas decisiones, pero no obtuvo respuesta.
¿Cuál es el impacto de estos dos hechos en el proceso? Bedoya lo resume así: “Se destraba completamente la revocatoria, porque son dos peticiones, una judicial y una administrativa, sobre lo mismo. De ambos lados tenemos las facultades para que el lunes exijamos las planillas sin dilaciones ni retrasos, porque la ley se pronunció”.
Y en el caso de que no ocurra, prosigue, “estaríamos frente a un prevaricato deshonroso y descarado. Estaríamos hablando de que la ley no se cumple y eso sería una cosa de gravedad que habría que mirar con lupa”.
Andrés Felipe Rodríguez, presidente de la Corporación Medellín Cuenta Conmigo, celebra la decisión y asegura que “esto ya nos lo engavetaron por cuatro meses, hicieron todas las marañas habidas y por haber”, pero que, gracias a las recientes decisiones, podrán avanzar en la meta de “recolectar 300 mil firmas en uno, máximo dos meses”.
Y advierte que el martes a las 11 a.m. realizarán un plantón en la Registraduría “para que nos entreguen las plantillas, porque ya no hay excusas”.
La intención, continúa Rodríguez, es que, luego de entregar las firmas y que la Registraduría las revise –en un plazo de 45 días–, hacer la campaña revocatoria durante los siguientes dos meses, empezando en agosto. “Esto es por amor a la ciudad y creo que es lo correcto. Ya no hay excusas para entregar los formularios tanto a este comité como al otro”, dice.
Rodríguez se muestra optimista, aunque crea que “harán todo lo jurídicamente posible para frenar este proceso”. Con los recientes hechos, entre octubre y noviembre se llevaría a las urnas la decisión de si el alcalde Daniel Quintero permanece, o no, en su puesto