La suspensión del aumento decretado para 2026 no es inédita. En 2017, el alto tribunal tumbó el decreto que fijó el mínimo de 2016 por falta de motivación técnica, aunque sin afectar lo ya pagado.
Tras la suspensión provisional del decreto que fijó el salario mínimo de 2026 en $1.750.905, esta no es la primera vez que sucede.
De hecho, en menos de una década ya ha pasado dos veces que al Consejo de Estado le ha tocado intervenir un aumento del mínimo decretado por el Gobierno.
Aunque es un tanto diferente, el antecedente se remonta a 2017, cuando el alto tribunal anuló el decreto con el que se había fijado el salario mínimo para 2016.
En esa ocasión, la Sala declaró la nulidad del Decreto 2552 de 2015, que había establecido un aumento del 7% para 2016. La razón se centró en la falta de motivación suficiente.
Contexto: ¡Atención! Consejo de Estado suspende temporalmente aumento del 23% del salario mínimo
En su fallo, el Consejo de Estado concluyó que el Gobierno no explicó con claridad por qué el 7% era el porcentaje adecuado ni cómo ponderó variables clave como la inflación, la productividad, el crecimiento económico y el poder adquisitivo de los trabajadores.
Para el alto tribunal, no bastaba con mencionar esos factores de forma general. El decreto debía justificar técnica y explícitamente la cifra adoptada, especialmente porque no hubo acuerdo en la mesa de concertación salarial.
Esa omisión fue considerada un vicio de legalidad del acto administrativo.
Sin embargo, al igual que ocurre ahora, la decisión no tuvo efectos retroactivos. No obligó a devolver salarios ni modificó pagos, multas o contratos que ya se habían calculado con base en ese salario mínimo. La nulidad operó hacia el futuro y tuvo un carácter principalmente institucional.
En ese momento, el Consejo de Estado fue enfático en señalar que su papel no es fijar el salario mínimo, sino exigir que el Gobierno actúe con transparencia, rigor técnico y respeto por las reglas del proceso.
Antecedente: Consejo de Estado tumbó el decreto del salario mínimo de 2016, ¿podría repetirse el escenario en 2026?
Ahora, en 2026, el tribunal vuelve a intervenir. Esta vez decretó la suspensión provisional del Decreto 1469 de 2025, que había fijado un aumento del 23%, por dudas jurídicas relacionadas con la fundamentación frente a los criterios establecidos en la Ley 278 de 1996, especialmente en lo referente a inflación y productividad.
Como ocurrió en 2017, el alto tribunal dejó claro que los pagos ya realizados no se tocan y que la medida solo tiene efectos hacia adelante. Además, dio al Gobierno un plazo de ocho días para expedir un nuevo decreto transitorio debidamente motivado.
Amplíe la información: Suspensión de salario mínimo: ¿cuánto tiempo tiene el Gobierno Petro para decretar uno nuevo?
La coincidencia entre ambos casos es que empresarios, trabajadores y demás cuestionaron el monto del aumento, instaurando una demanda ante el Consejo de Estado, el cual, ha puesto el foco en la forma en que se justifica la decisión.
Así las cosas, con este nuevo fallo, el país vuelve a un escenario ya conocido: un aumento del salario mínimo cuestionado por razones jurídicas, sin efectos retroactivos, pero con un precedente que reabre el debate sobre la forma en que se fija uno de los indicadores económicos más sensibles del país.
Conozca también: ¿Qué pasará con quienes ya habían recibido el aumento del 23,7% por salario mínimo? Esto dice el Consejo de Estado
Regístrate al newsletter 
