En el Juzgado Primero de Control de Garantías de Bogotá inició la audiencia de imputación de cargos contra Laura Sarabia, excanciller y quien fuera la mano derecha del expresidente Gustavo Petro, por el caso del polígrafo a Marelbys Meza.
Durante la audiencia, la Fiscalía aseguró que Laura Sarabia sabía que las actuaciones que realizó estaban por fuera de sus funciones y que, aun así, decidió llevarlas a cabo. Según el ente acusador, por su formación académica, su experiencia en el sector público, el cargo que ocupaba y su conocimiento de la administración estatal, tenía la capacidad de entender que esas actuaciones eran ilegales y de actuar de acuerdo con esa comprensión.
Por eso, la Fiscalía considera que no fue un simple desconocimiento de las reglas. Su argumento es que Sarabia sabía cuáles eran sus funciones y también que no tenía facultades para ordenar la activación de aparatos de inteligencia del Estado ni disponer la práctica de un polígrafo a Marelbys Meza.
La Fiscalía le imputó tres delitos. El primero es abuso de función pública, con el argumento de que Sarabia habría ejercido funciones que legalmente no le correspondían al ordenar la práctica del polígrafo.
El segundo es constreñimiento ilegal agravado. La Fiscalía sostiene que Sarabia presionó a Marelbys Meza para que se sometiera al polígrafo y que esa conducta se agravó porque existía una relación de superioridad laboral. Según el ente acusador, Sarabia sabía que Meza era su subordinada, conocía el desequilibrio de poder entre ambas y sabía que la mujer no tenía una posibilidad real de negarse al procedimiento.
El tercer cargo es peculado por uso. En este caso, la Fiscalía sostiene que Sarabia habría hecho que se utilizaran bienes y equipos del Estado para realizar el procedimiento, pese a que esos recursos tenían unas funciones específicas y no podían ser utilizados para atender asuntos particulares.
Los tres delitos fueron imputados en modalidad dolosa, es decir, la Fiscalía sostiene que Sarabia sabía lo que estaba haciendo y que actuó voluntariamente. En el caso del abuso de función pública y el constreñimiento ilegal agravado, fue señalada como autora. En el peculado por uso, la Fiscalía la señaló como determinadora, es decir, como la persona que habría dado lugar a que otros utilizaran los bienes públicos.
La Fiscalía también subrayó el hecho de que Sarabia se aprovechó de su cargo, formación, poder y posición en la sociedad.
La investigación reveló que, para determinar quién estaría detrás del supuesto robo, Meza fue sometida a una prueba de polígrafo. A partir de ese procedimiento se conocieron una serie de presuntas irregularidades en las que terminaron involucrados varios oficiales de la Policía.
En medio de la audiencia, un abogado de la Secretaría Jurídica de la Presidencia de la República, durante el Gobierno de De la Espriella, aseguró que la Presidencia se considera víctima de los hechos al considerar que el polígrafo se llevó a cabo en los sótanos ubicados frente a la Casa de Nariño.
“Ustede emitió una orden fuera de su competencia. Conocía la Resolución 0047 de 2023 y el Decreto 2647 de 2022, que enmarcaban sus funciones en la asesoría política, la coordinación de agenda y la seguridad nacional. Sabía que sus atribuciones legales no incluían la potestad de activar aparatos de inteligencia del Estado ni ordenar la práctica de pruebas de uso específico.Cuando le pidió a Marelbys Meza que se sometiera al polígrafo, sabía que ella era su subordinada laboral. Conocía el desequilibrio de poder y sabía que Meza no tenía posibilidades reales de negarse a la práctica de la prueba.También sabía que los equipos técnicos de la Policía tenían finalidades específicas y que estaba determinando su uso indebido para satisfacer intereses privados”, sostuvo la Fiscalía.
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