La decisión del Gobierno de enviar a Estados Unidos a Andrés Felipe Marín, alias Pipe Tuluá, volvió a encender las alarmas de las autoridades regionales. No es un traslado cualquiera. Se trata del hombre señalado de coordinar los planes pistola contra guardianes del Inpec y de liderar una guerra abierta contra el propio sistema penitenciario. Con ese historial, el Valle del Cauca se prepara para eventuales reacciones violentas de su estructura criminal.
La Secretaría de Seguridad departamental confirmó que Tuluá y varios municipios del centro del Valle tendrán un refuerzo especial de vigilancia durante las próximas semanas. El anuncio se dio luego de que el presidente Gustavo Petro autorizara la extradición del jefe de la organización conocida como La Inmaculada.
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Guillermo Londoño, secretario de Seguridad del Valle, informó que la Policía y el Ejército activaron un esquema conjunto de patrullajes y presencia permanente en los puntos considerados más sensibles. De acuerdo con el funcionario, se acordaron operativos adicionales con la Alcaldía de Tuluá para elevar los controles en pleno mes de diciembre, época en la que históricamente aumentan los riesgos de orden público.
Londoño también aprovechó para lanzar un mensaje directo al Gobierno. Aseguró que reabrir un canal de diálogo de paz con La Inmaculada, intención que circula en despachos del Gobierno, podría agravar el panorama. Recordó que procesos similares impulsados en el pasado no ofrecieron resultados tangibles y, por el contrario, alimentaron incertidumbres jurídicas y operativas.
“Abrir una mesa de diálogo más en el Valle del Cauca, en plena época electoral, a seis meses de acabarse el gobierno, no nos parece conveniente, es respetuosamente una decisión del señor Presidente de la República, pero las anteriores no han dado ningún resultado”, explicó Londoño.
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