A dos días de las elecciones, la Fiscalía decidió notificarle al expresidente Álvaro Uribe —que no es candidato pero sí protagonista político— la apertura de una investigación formal por tres crímenes que dejó el conflicto armado en Antioquia: las masacres de El Aro y La Granja, y el asesinato del defensor de derechos humanos Jesús María Valle.
Los procesos no le son ajenos al exmandatario. Su nombre lleva más de dos décadas rondando esos expedientes.
A lo largo de ese tiempo, tribunales y jueces han pedido que se le investigue por su posible responsabilidad en esas matanzas, pero todo avanzó entre trámites lentos y extensos periodos de quietud. Su vinculación formal, sin embargo, llegó ahora, curiosamente, a horas de que el país vuelva a las urnas para elegir a su próximo presidente.
La coincidencia no pasa inadvertida. Uno de los denunciantes es Iván Cepeda, hoy candidato presidencial y el principal contradictor político de Uribe. Por eso, desde la defensa del expresidente insisten en que el proceso tiene, sin rodeos, un claro trasfondo político. “Es una trama electoral”, dijo el propio Uribe.
Y Cepeda fue de los primeros en anunciarlo: “Hemos sido notificados del auto de apertura de investigación en contra de Uribe Vélez, por el cual el ente fiscal ordenó su vinculación mediante indagatoria, por los presuntos delitos de concierto para delinquir agravado y homicidios en persona protegida, y por presuntamente facilitar y promover el accionar de un grupo armado ilegal, que habría tenido por base la hacienda Guacharacas.
Cronología del proceso
Todo se remonta a hechos ocurridos entre 1996 y 1998, cuando Uribe era gobernador de Antioquia y en Ituango ocurrieron las masacres de La Granja y El Aro, mientras que meses después fue asesinado Jesús María Valle, abogado y defensor de derechos humanos crítico de esos episodios.
A partir de ese momento, Uribe quedó vinculado a la investigación por presuntamente haber facilitado el accionar de los grupos paramilitares señalados de cometer esas masacres.
En ese complejo repertorio judicial, el primer gran cierre fue en el año 2000, cuando la Fiscalía, bajo la administración de Alfonso Gómez Méndez, revisó el caso y concluyó que no había méritos para avanzar contra Uribe, dictando una resolución inhibitoria a su favor. Y ahí quedó quieto; pasó más de una década con el expediente congelado y apenas sobreviviendo en las denuncias.
Hasta que en 2011 apareció Iván Cepeda. Entonces representante a la Cámara, presentó una denuncia pidiendo que se reabriera el caso. Dos años después, en 2013, la Fiscalía de Eduardo Montealegre revocó la decisión inicial y desempolvó el caso.
Cuando Uribe regresó al Congreso y recuperó fuero como senador, el expediente saltó a la Corte Suprema. Allí estuvo seis años, entre 2014 y 2020. En ese tiempo, los magistrados unificaron también la investigación por el crimen de Jesús María Valle, ordenaron pruebas y escucharon versiones, pero nunca llamaron a Uribe a versión libre.
Todo regresó a la Fiscalía en octubre de 2020, cuando el expresidente renunció a su curul. Desde entonces, la investigación siguió avanzando a su ritmo. En 2024, finalmente, Uribe rindió versión libre y su defensa explicó con detalle por qué no tenía responsabilidad en ninguno de esos hechos.
Hasta ahí, el proceso avanzaba en indagación. No obstante, pasó, al parecer de manera exprés, a investigación formal esta semana, en un momento políticamente sensible. (Leer entrevista con el abogado en la siguiente página).
Las masacres
Los tres episodios por los que Uribe fue llamado a indagatoria ocurrieron entre 1996 y 1998, cuando era gobernador de Antioquia.
El primero fue la masacre de La Granja, en junio de 1996. Allí, paramilitares de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y del bloque Mineros irrumpieron en ese corregimiento de Ituango, recorrieron sus calles, cerraron negocios y sacaron de sus casas a varios pobladores señalados de supuestamente colaborar con la guerrilla. Cinco de ellos fueron torturados y asesinados frente a sus familias.
Un año después vino la incursión en El Aro, entre octubre y noviembre de 1997. En ese corregimiento, los paramilitares permanecieron por semanas sembrando terror. Asesinaron a 15 personas, quemaron 42 viviendas, robaron unas 1.200 cabezas de ganado y provocaron el desplazamiento de cerca de 1.400 habitantes. En esos hechos, según versiones judiciales, participaron helicópteros para abastecer la operación, uno de ellos pilotado por el exjefe paramilitar Salvatore Mancuso, hoy convertido en gestor de paz.
Algunos sobrevivientes aseguraron haber visto sobrevolando la zona un helicóptero de la Gobernación de Antioquia, entonces dirigida por Uribe, aunque eso nunca ha sido plenamente probado.
El tercer episodio fue el asesinato del abogado y defensor de derechos humanos Jesús María Valle, quien había denunciado públicamente las masacres y advertido sobre la presencia paramilitar en Ituango. Para la fecha de su muerte, Álvaro Uribe estaba estudiando en Londres.
El líder social había denunciado la connivencia de los paramilitares con agentes del Estado, lo que lo convirtió en objetivo militar de la mafia. El 27 de febrero de 1998, sicarios de la banda “la Terraza” que seguían órdenes de Diego Murillo (“don Berna”) penetraron en su oficina, en el edificio Colón del centro de Medellín, simulando ser de la “Coordinadora Guerrilla” y lo asesinaron a tiros, según los testigos.
La supuesta responsabilidad de Uribe en estos casos gira alrededor de los señalamientos de paramilitares como Salvatore Mancuso, quien habló de una presunta complicidad o permisividad desde la Gobernación. Uribe, por su parte, siempre ha negado cualquier vínculo o participación en esos hechos y ha mostrado cómo Mancuso ante Justicia y Paz dijo una cosa diferente, y cambió su versión de manera más reciente ante la JEP.
Regístrate al newsletter