Human Rights Watch, por medio de una publicación hecha en su página de Internet, le hizo un llamado al presidente Jimmy Morales de Guatemala para que acate una orden judicial de la Corte de Constitucionalidad de ese país, emitida el pasado domingo, que permite el regreso sin restricciones del jurista colombiano Iván Velásquez, titular de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).
“Una vez más, la Corte de Constitucionalidad ha defendido el Estado de derecho en Guatemala y ha frustrado los intentos del presidente Morales de entorpecer el trabajo de la CICIG”, expresó Daniel Wilkinson, director adjunto para las Américas de Human Rights Watc, quien agregó que “la corte ahora está analizando una petición de ampliación sobre su resolución, con la cual debe cumplir cabalmente el presidente Morales”.
El pasado 4 de septiembre, mientras Velásquez se encontraba por fuera del país centroamericano, el presidente Morales había anunciado que el comisionado tendría prohibido su ingreso a Guatemala, lo que generó una crisis política en esa nación y una oleada de protestas a favor y en contra de la desición.
Según HRW, La resolución del 16 de septiembre, un amparo provisional que tiene efectos vinculantes hasta que la corte dicte una decisión definitiva, ordenó además al presidente Morales a resolver cualquier controversia con respecto a la comisión a través de negociaciones con las Naciones Unidas.
A pesar de esto, la posición del Gobierno de Guatemala no cambia y por medio del ministerio de Relaciones Exteriores, expresó que ya no se considera que Velásquez sea el titular de la CICIG y que, acatando órdenes presidenciales, ha pedido que el secretario general de la ONU envíe una lista de candidatos en un plazo de 48 horas.
Sobre la postura oficial, Wilkinson aseguró que “ell presidente no tiene más alternativa que cumplir plenamente con la sentencia de la Corte de Constitucionalidad, de lo contrario, violaría de forma manifiesta el orden constitucional del país y justificaría que la OEA invoque la Carta Democrática Interamericana con el objetivo de restablecer el Estado de derecho en Guatemala”.
Human Rights Watch recuerda que la Carta Democrática Interamericana de la Organización de los Estados Americanos (OEA) estipula que la democracia representativa es indispensable para la estabilidad, la paz y el desarrollo de la región, y que los gobiernos tienen la obligación de asegurar su promoción y defensa. La Carta establece que el Secretario General de la OEA o cualquier otro país miembro puede convocar una sesión del Consejo Permanente para que aborde situaciones en las que haya existido una “alteración del orden constitucional que afecte gravemente el orden democrático en un Estado Miembro”. Esta aplicación de la Carta no requiere del consentimiento del gobierno del país cuya democracia ha sido afectada.
