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Narcos cercan a Guayaquil y dejan 1.200 asesinatos

El principal puerto de Ecuador registra un 60 % más de crímenes. Hay un barrio prohibido.

  • El barrio más convulsionado se conoce como Socio Vivienda II, donde –pese a la militarización– se registran 252 homicidios en lo que va de 2022. En todo el año pasado hubo 66 crímenes. FOTO AFP
    El barrio más convulsionado se conoce como Socio Vivienda II, donde –pese a la militarización– se registran 252 homicidios en lo que va de 2022. En todo el año pasado hubo 66 crímenes. FOTO AFP
Publicado el 31 de octubre de 2022

Barrios tomados por bandas, matanzas en las prisiones y una policía sobrepasada por el poder de fuego de los delincuentes: el narcotráfico transformó el puerto ecuatoriano de Guayaquil en una capital más del crimen en América Latina.

La ciudad de 2,8 millones de habitantes –que el sábado fue sede de la final de la Copa Libertadores 2022, encara una violencia inusitada que nace en las calles y se reproduce en las cárceles con cuerpos baleados, calcinados o mutilados a machete.

Y las estadísticas lo reflejan. En los últimos dos años han matado a más de 400 presos en purgas de narcos que se ejecutan cada tanto en las cárceles del puerto, y solo en estos primeros 10 meses de 2022 van 1.200 homicidios, 60% más que en el mismo periodo de 2021.

En esta espiral también ha caído un fiscal a manos de sicarios y se han producido ataques con carros bomba y con explosivos, como el ocurrido en agosto que mató a cinco personas frente a un comedor popular.

Ubicado entre Colombia y Perú, los mayores productores mundiales de cocaína, Ecuador era ruta de paso de cargamentos de droga hacia puertos, pero los narcos se asentaron a sus anchas, crearon un mercado interno y –desde Guayaquil– envían cientos de toneladas de cocaína pura hacia Europa y Estados Unidos.

En 2021 se decomisó la cifra récord de 210 toneladas de droga, en su gran mayoría cocaína, y este año van 160.

Operativos frustrados

En ese contexto, fuerzas combinadas de militares y policías dominan la entrada a Socio Vivienda II, el punto más peligroso de “Guayakill”, el neologismo que se hizo popular en redes. Barrio adentro, avanzan en motos 20 uniformados de negro, con chalecos antibalas, pasamontañas y pistolas.

En este empobrecido complejo de tres etapas malviven unas 24.000 personas, la mitad de ellas afros. Las balaceras entre bandas, que comenzaron en 2019, son más frecuentes y han forzado el cierre temporal de escuelas en el último mes y medio.

Antes se les conocía como pandillas, pero luego “comenzaron a identificarse como Lobos y Tiguerones y la situación se agravó”, dijo una dirigente barrial de 45 años que habló bajo reserva por temor. Los Águilas operan más arriba, en el cerro.

“Las bandas delictivas se encuentran más armadas que la policía misma”, admitió el mayor Robinson Sánchez, jefe de operaciones del sector. Es una “guerra” de pistolas contra fusiles.

Cuando estalló la disputa por el control territorial, las familias levantaron portones de metal en cada extremo de las calles para evitar la entrada de los pandilleros, pero la Policía los derribó en sus intervenciones, por lo que ahora las balas zumban por todos lados.

De hecho, durante su patrullaje, los uniformados se detuvieron frente a una vivienda e ingresaron a la fuerza. No había armas ni drogas, pero sí tres jóvenes con los brazos tatuados con el nombre en cursiva “Tiguerón”, lo que no basta para detenerlos.

El crimen organizado utiliza a “criaturas de 10 o 12 años” como centinelas o informantes, sostienen pobladores y policías. Conforme “crecen” en la organización se ganan el derecho a “plaquearse” (tatuarse), no sin antes haber cometido algún crimen.

Aquí y allá se ven a los “zombis” o consumidores de H, un residuo de la heroína que se comercializa a 25 centavos de dólar por gramo, aunque también ingresan carros lujosos para llevar o dejar droga en las narices de la policía, remarcó una dirigente.

Ante el temor de que sus hijos sean reclutados, las familias abandonan sus casas y, apenas salen, los pandilleros “ya están instalados” en ellas.

En lo que va del año, en Socio Vivienda II se registran 252 homicidios contra 66 de 2021, mientras en Samborondón, un sector amurallado y rico, se han presentado 14 casos, lo que revela una violencia tan desigual como lo es la ciudad misma, donde un 26% de la población vive en la pobreza.

Solo el fin de semana previo a la final entre Flamengo y Paranaense por la Libertadores –que llevó a unos 50.000 turistas extranjeros–, hubo 21 asesinatos en la ciudad, la mayoría ejecutados por sicarios.

El gobierno del presidente Guillermo Lasso ha movilizado tropas, fortalecido el pie de fuerza policial y realizado miles de operativos para desarticular las organizaciones, pero los narcos siguen ahí.

El infierno carcelario

Además, las matanzas en las cárceles siguen el mismo patrón: los presos avisan lo que está por ocurrir vía WhatsApp, sostiene Billy Navarrete, del Comité por la Defensa de los Derechos Humanos.

“Finalmente llega el día y se comienzan a escuchar disparos y detonaciones. Las familias acuden a los exteriores de la penitenciaría y la fuerza pública no detiene los ataques entre pabellón y pabellón (...) Allá que se maten” pareciera ser el “emblema”, sostuvo.

Según este activista, los presos son “rehenes de las bandas” que se adueñaron de las cárceles para convertirlas en centros “seguros” de operaciones.

Los internos deben pagar de 400 a 500 dólares mensuales a esas organizaciones: “Pagan por su vida, por su alimentación, medicina, pagan por todo”.

Incluso cuando uno de ellos es asesinado la familia debe seguir pagando la “deuda”. “El dinero se deposita en una cuenta, es decir entra al sistema financiero, es todo un entramado sin ninguna investigación”, denunció Navarrete.

Su oenegé registró 600 presos asesinados desde 2019 y 3.000 menores y adolescentes huérfanos en consecuencia. La población carcelaria hoy alcanza las 32.400 personas en todo el país (7% en condiciones de hacinamiento contra 30% de 2021).

“El Estado no gobierna las cárceles”, apuntó Navarrete. Los centros de reclusión están bajo control de “organizaciones criminales con complicidad de agentes de la fuerza pública que permiten, toleran y se enriquecen con el tráfico de armas”.


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