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Las renuncias que debilitaron el gobierno de Evo Morales

  • María Eugenia Choque Quispe, presidenta del Tribunal Supremo Electoral de Bolivia que renunció este domingo. FOTO EFE
    María Eugenia Choque Quispe, presidenta del Tribunal Supremo Electoral de Bolivia que renunció este domingo. FOTO EFE
EFE | AFP | Publicado el 10 de noviembre de 2019

El presidente de Bolivia, Evo Morales, presentó en la tarde de este domingo su renuncia al cargo como mandatario del país andino. El anuncio se hizo oficial por la televisión pública boliviana minutos antes de las 4:00 de la tarde (hora colombiana).

Una seguidilla de renuncias este domingo debilitaron al gobierno. La presidenta del Tribunal Supremo Electoral de Bolivia, María Eugenia Choque Quispe, presentó su renuncia “irrevocable”, y dijo que lo hace para someterse a “cualquier investigación”, luego de un informe de la OEA que señala “presuntos hechos irregulares” en las elecciones del 20 de octubre.

En una carta dirigida al vicepresidente Álvaro García Linera, Choque reafirmó su “voluntad para una investigación justa en apego a los derechos humanos y normativa del país”.

La Organización de Estados Americanos (OEA) emitió a primera hora del día un informe que advierte de serias de irregularidades en el cómputo de resultados de los comicios, tras los que el órgano electoral dio vencedor al presidente Evo Morales para un cuarto mandato consecutivo.

“El equipo auditor no puede validar los resultados (..), por lo que se recomienda otro proceso electoral”, señala el informe.

Posteriormente el presidente Morales, sin citar el reporte de la OEA, anunció que habrá nuevos comicios y que cambiará a los miembros del Tribunal Supremo Electoral.

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“He tomado conocimiento del informe de hallazgos preliminares y en ese contexto presento mi renuncia irrevocable”, dijo la ahora expresidenta del TSE.

Con “el fin de someterme a cualquier investigación que sea necesaria para aclarar este hecho con la firme convicción que no he realizado ninguna acción para alterar la voluntad soberana del pueblo boliviano”, concluyó en su carta al vicepresidente.

Al tiempo que se conocía la renuncia de Choque, policías llegaron a la sede del Tribunal Supremo Electoral para recabar información tras el anuncio de la Fiscalía General del inicio del procesamiento a los miembros del TSE por irregularidades “muy graves” detectadas por la OEA, que pueden conllevar “ilícitos penales y electorales vinculados al cómputo de los resultados oficiales”.

No fue la única, varios miembros del Gobierno y otros políticos oficialistas, como gobernadores y alcaldes, anunciaron su dimisión en las últimas horas.

El presidente de la cámara de Diputados de Bolivia, Víctor Borda, renunció también este domingo a su cargo después de que manifestantes atacaran su domicilio.

“Renuncio a la cámara de Diputados (..), ojalá que sea para preservar la integridad física de mi hermano que ha sido tomado como rehén” durante el ataque, en la ciudad andina de Potosí (suroeste), dijo Borda a medios locales.

Además de renunciar al liderazgo de la cámara baja, Borda también dimitió a su cargo de diputado uninominal (elegido por voto ciudadano directo) por la misma región.

Minutos antes había comunicado su dimisión el ministro de Minería de Bolivia, César Navarro, después de que una turba de opositores quemara su casa, también en Potosí.

“He hecho conocer públicamente mi renuncia; hay momentos muy duros, y hay que preservar a la familia”, afirmó Navarro a la prensa visiblemente afectado después de que varios manifestantes, denunció, agredieran a su sobrino. Navarro es exlegislador por la región de Potosí y mantenía allí su domicilio.

El ministro de Hidrocarburos, Luis Alberto Sánchez, dimitió poco después aduciendo que “el curso de los acontecimientos va en contra de mis principios personales, así como de mis valores espirituales y democráticos”.

Bolivia iniciará su cuarta semana de protestas sociales contra la polémica reelección de Morales, que ha dejado hasta ahora tres muertos y más de 300 heridos, por choques entre oficialistas y opositores, según datos de la Defensoría del Pueblo.

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