Los demócratas jugaron sus cartas. La investigación hacia un posible juicio político contra el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, es una realidad formal y, a partir de ahora, comenzarán los interrogatorios públicos.
La Cámara de Representantes, de mayoría Demócrata, aprobó las reglas de juego que guiarán esta nueva fase de la investigación al mandatario, quien es señalado de usar su poder para sus intereses personales: puntualmente, de presionar telefónicamente al presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, para que investigara a un rival político directo en las elecciones a la presidencia de Estados Unidos, el precandidato demócrata Joe Biden.
En la llamada entre ambos mandatarios del pasado 25 de julio, ocultada al principio por la dirección de Inteligencia Nacional y transcrita por el propio gobierno de Trump una vez se conoció el escándalo, el presidente estadounidense le dice directamente a Zelensky que debería investigar los negocios de Biden y su hijo, Hunter, en Ucrania.
Pese a la gravedad de la acusación, y a que los demócratas anunciaron el pasado 24 de septiembre su intención de abrir el tercer proceso de juicio político contra un presidente en la historia de Estados Unidos, el tema pasó a un segundo plano durante unas semanas por el carácter privado de los interrogatorios.
Aunque no se especificaron fechas, el plan Demócrata sería realizar las audiencias antes de la pausa del Congreso en diciembre. De acuerdo con David Castrillón, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Externado, la movida e la Cámara devuelve a Trump y a su posible destitución al centro del debate político estadounidense y, de paso, de la campaña a la presidencia en 2020.
¿Muerte por mil cortadas?
En concreto, con 232 votos a favor y 196 en contra, ayer se aprobaron las siguientes condiciones para lo que viene en la investigación: los interrogatorios serán televisados, los abogados de Trump tendrán la libertad de participar en las audiencias y los republicanos podrán convocar testigos, siempre y cuando tengan el consentimiento de la mayoría de la Cámara.
Las medidas aprobadas ayer parecen responder directamente a las críticas de los republicanos en las últimas semanas, en torno al secretismo del proceso y a una supuesta falta de garantías.
Sin embargo, la reacción del mandatario, minutos después de la votación, fue de rechazo: “Es la mayor caza de brujas de la historia de Estados Unidos”. En una declaración oficial, la Casa Blanca amplió las críticas y calificó el hecho como “injusto, inconstitucional, y fundamentalmente antiestadounidense”.
Para Castrillón, este tercer adjetivo, presentado por la Casa Blanca con el mismo nivel de gravedad que el de un acto ilegal, devela en parte el tono que tendrán en los siguientes meses el proceso paralelo de la campaña y el juicio político: el nacionalismo de Trump enfrentado al proceso de destitución como bandera Demócrata.
“Trump ha tratado de mostrarse como la representación más pura de EE. UU., al punto de que investigarlo es ofender al país”, afirma Castrillón. En contraste, los opositores buscarán administrar su mejor carta, el juicio político, “al menos durante un año, en un ejercicio de desgaste al presidente similar a una muerte por mil cortadas”.
El escenario, sin embargo, podría volverse en su contra, de acuerdo Felipe Buitrago, internacionalista de la Universidad de Antioquia. La radicalización de las posiciones que implica el juicio político podría costarle su escaño a varios congresistas demócratas de estados moderados. El tiempo determinará si la decisión de iniciar formalmente el proceso ayer fue, para los demócratas, desenfundar su arma clave o dar el primer paso hacia su derrota