Zaw Ye Htet, editor de un medio digital de Birmania, publicó un artículo en mayo de 2020 en el que constataba una muerte por coronavirus en ese país, una realidad que el gobierno negaba. Su medio, Dae Pyaw, fue censurado y Htet condenado a dos años de prisión.
Las limitaciones impuestas por el Ejecutivo birmano no se quedaron ahí. Veintidós medios independientes que publicaban información crítica sobre la gestión de la pandemia han sido bloqueados este año. Esa nación es solo una de las 28 que ha censurado las redes sociales o las páginas web en este 2020 en el marco de la pandemia por covid-19, según Freedom House, la organización que vigila las libertades en el mundo.
Los cierres de sitios web no son el único camino para coartar libertades en la red. En Etiopía, el Gobierno restringió los servicios de teléfono e Internet en la región de Oromia, entre enero y abril. Lo mismo sucedió en Pakistán. Allí el Tribunal Superior de Islamabad admitió una demanda que reclamaba restablecer la conexión porque se estaba afectando la educación virtual, pero la orden no fue acatada.
Advierte Freedom House que trece países han bloqueado las conexiones este año. En Oromia el argumento fue los enfrentamientos del Ejército con grupos rebeldes; en Pakistán la interrupción ocurrió en zonas de frontera con presencia de grupos armados. En ambos el resultado fue el mismo: ciudadanos aislados de la información mientras el mundo pasa por una pandemia.
Por esos antecedentes, Freedom House considera que el coronavirus llevó a un “dramático declive de la libertad en internet en el mundo”. Señala que actores estatales y no estatales están aprovechando las oportunidades creadas por la pandemia para dar forma a sus narrativas en línea, censurar el discurso crítico y construir nuevos sistemas tecnológicos de control social.
La explicación, dice la organización, es que hay autoridades que están utilizando la enfermedad como un pretexto para expandir el control sobre los ciudadanos con inteligencia artificial, vigilancia biométrica y big data.
El problema no es el uso de la tecnología, sino la pregunta de qué tan seguros están esos datos y para qué otros fines podrían ser utilizados. No solo se trata del acceso a la ubicación de las personas para detectar posibles casos de covid, también a sus historias médicas, patrones faciales y de voz y hasta códigos genéticos.
Conectados en aislamiento
China tiene soberanía nacional del ciberespacio. Esto se traduce en el firewall más grande del mundo que limita el acceso a la red global a los ciudadanos dentro del país. Rusia siguió su ejemplo creando una ley de internet soberana que pretende aislar sus conexiones de la malla global.
Rafael Páez, director de la maestría en Seguridad Digital de la Universidad Javeriana, explica que desde lo técnico esos gobiernos condicionan a los proveedores de Internet para que los usuarios no puedan obtener contenido que se produce fuera del país. Toda la información que entra y sale del territorio nacional pasa antes por servidores monitoreados por quien está en el poder.
Sin embargo, en Internet hay rutas mediante las que las personas consiguen acceder a cuentas de sitios bloqueados. Por eso Páez considera que cuando las autoridades intentan coartar la libertad en la red, el acceso a esta se “democratiza” con las herramientas que permiten la navegación anónima.
Freedom House registró que 20 países implementaron leyes que limitan el discurso libre en Internet y otros 45 arrestaron a personas luego de que estas publicaran críticas al manejo del coronavirus.
En Kirguistán, el Gobierno penaliza lo que considera “rumores” del covid en redes sociales. En Venezuela, se bloquearon medios independientes y detuvieron a quienes compartieron información del virus. En Vietnam cortaron el acceso a Facebook porque la empresa se negó a aceptar las políticas de contenidos del país.
Irán, uno de los que más reprime en la red, tiene intranet en lugar de Internet, lo que se traduce en que Teherán puede controlar todas las navegaciones que se ejecuten dentro del país.
Además de los firewall que aíslan a la ciudadanía del resto de contenidos del mundo, también hay aplicaciones para monitorear la salud que resultaron siendo un arma de doble filo.
Alipay Health Code, del gobierno chino, comparte datos directamente con la Policía. Social Monitoring, controlada por Moscú, accede a toda la información del teléfono. Si la plataforma no encuentra evidencia de que la persona contagiada está cumpliendo con su cuarentena, la multa. Los datos que esta recoge se quedan en los archivos del gobierno local por un año, a pesar de que el aislamiento de los enfermos es de quince días, según reseñó Human Rights Watch.
Hay un caso en Latinoamérica. ECU 911, la línea de seguridad nacional de Ecuador, combina información de cámaras de vigilancia, datos de geolocalización y registros policiales para aplicar lo que el Ejecutivo califica como análisis “inteligente”. Parte de esos datos los recopila con el aplicativo Salud EC que fue creado para el monitoreo de pacientes covid.
Que se recolecten datos no es el único problema. Esos tres ejemplos están en la lista que hace Freedom House de las 54 aplicaciones que no cumplen los protocolos de seguridad necesarios para proteger las reseñas de los usuarios.
“Cuando la información se usa para temas ajenos a la pandemia podemos hablar de una violación al derecho fundamental de la intimidad. Bajo la excusa de la enfermedad se están obteniendo referencias que antes no estaban disponibles. Ahí surge la pregunta de qué tan bien custodiadas están”, dice John Jairo Echeverry, director de la Maestría en Seguridad de la Información e Informática de la Universidad Sergio Arboleda.
La información en pandemia es un arma de doble filo. Las plataformas de redes sociales marcan como contenido “dudoso” las publicaciones que cuestionan los reportes científicos, como las de los presidentes Donald Trump y Jair Bolsonaro. Al tiempo, ciertos gobiernos apuntan a cualquier versión que contradiga la interpretación oficial del sistema sanitario. La conclusión para Freedom House es que hay una “falsa panacea: vigilancia abusiva en nombre de la salud pública”.
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países fueron medidos por Freedom House para evaluar la libertad en Internet.
