El entorno del fútbol europeo y francés se encuentra conmocionado tras conocerse una denuncia penal contra el defensa del Paris Saint-Germain (PSG) y campeón del mundo en 2018 con Francia, Lucas Hernández, y su esposa, Victoria Triay.
La denuncia proviene de una familia de cinco colombianos, originarios de Bogotá, que acusa a la pareja de trata de personas, explotación laboral y trabajo no declarado por hechos ocurridos entre septiembre de 2024 y noviembre de 2025.
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La acción judicial fue presentada ante la Fiscalía de Versalles y describe un escenario de precariedad extrema en la residencia de los Hernández-Triay en la región de Yvelines.
Según el testimonio de los afectados, los integrantes de la familia —un padre, su esposa y sus tres hijos— desempeñaban funciones de limpieza, cocina, cuidado de niños y seguridad sin contar con contratos legales ni permisos de residencia.
Todo comenzó cuando Victoria Triay contactó en Colombia a una joven identificada ante el medio Paris Match como Marie, quien trabajaba como enfermera. Bajo la promesa de regularizar su situación migratoria en seis meses, Marie viajó a Francia, donde posteriormente se le solicitó traer a sus padres (André y Jeanne) y a sus hermanos (Christopher y Luc) para cubrir las crecientes necesidades del hogar.
Lo que parecía inicialmente una atractiva oferta laboral, se convirtió en una pesadilla donde la enfermera, según la denuncia, debía estar disponible 24 horas para cuidados infantiles y emergencias de salud.
Además, los hombres de la familia habrían sido obligados a portar armas, incluyendo una pistola SIG Sauer P320 propiedad del futbolista, un táser y gas lacrimógeno, para vigilar la propiedad. Denuncian que incluso el padre de Marie habría tenido que disparar para repeler un intento de robo en diciembre de 2024.
Dentro de las irregularidades también habría documentación alterada. Los denunciantes sostienen que recibieron tarjetas de identidad españolas falsas para simular una situación legal ante terceros.
La abogada de los denunciantes, Lola Dubois, describió ante la revista anteriormente citada que dicha situación fue como una forma de “esclavitud moderna”, argumentando que la familia trabajaba en jornadas maratónicas de entre 72 y 84 horas semanales sin derecho a días de descanso, vacaciones ni seguridad social.
También explicó que los salarios, que oscilaban entre los 500 y 3.000 euros mensuales según la función, eran pagados exclusivamente en efectivo para evitar el rastro de las autoridades fiscales.
La acción judicial se dio luego de una fuerte discusión en octubre de 2025 donde Marie y su madre fueron despedidas. La defensa de la familia colombiana alega que, tras el despido, los empleadores intentaron redactar contratos “in extremis” con condiciones inferiores a las reales para intentar regularizar la situación de forma retroactiva.
Por su parte, el entorno de Lucas Hernández y su esposa emitió un comunicado rechazando las acusaciones de mala fe. La pareja afirmó en ese documento sentirse “manipulada” y aseguró que su relación con los trabajadores siempre fue bajo un marco de respeto, brindándoles apoyo cuando estos alegaron estar en proceso de legalización.
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