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Ayer, mucho antes de lo que los analistas pudieron prever, la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, dio el último paso necesario para que se configure el juicio político contra el presidente de ese país, Donald Trump, acusado de usar el poder que le confiere su mandato para beneficio personal.
En una alocución televisada en la que sostuvo que Trump “socavó nuestra integridad nacional y puso en peligro la integridad de nuestras elecciones”, Pelosi pidió al presidente del Comité Judicial de la Cámara, Jerry Nadler, que “proceda a redactar los artículos del impeachment (juicio de destitución)”.
Esta decisión, que vincula formalmente a Trump al proceso, se toma apenas horas después de que cuatro expertos académicos de las universidades de Harvard, Stanford, Carolina del Norte y George Washington, comparecieran ante el Comité Judicial para dar su interpretación sobre el informe de inteligencia que detalló que el magnate “presionó al Gobierno de Ucrania para que investigara penalmente a Joe Biden, uno de sus posibles contendores en las próximas elecciones, por presunta corrupción”.
Así las cosas, es probable que antes de que finalice 2019, el Senado, corporación a la que corresponderá votar la destitución o continuidad del presidente, programe el debate y dé su veredicto.
Pero con una mayoría republicana en el Senado dispuesta a defenderlo, es probable que Trump salga indemne del proceso. Por esa razón, el impeachment ha sido leído por expertos como una estrategia demócrata de cara a las elecciones presidenciales de noviembre de 2020, en vez de una investigación con efectos jurídicos reales.
A un año de los comicios, acelerar el juicio podría ser un viraje en una táctica que “no estaba funcionando”. Así lo considera el director del programa de Ciencias Políticas de la Universidad de la Sabana, Cristian Rojas, quien explica que “claramente el impeachment es irrelevante en términos judiciales, el presidente no va a ser destituido y eso los demócratas lo saben. Entonces, como esto solamente consiste en una estrategia de campaña, los demócratas tienen que evaluar si acaso ha sido buena y efectiva”.
Y todo parece indicar que no. Así lo señala Rojas, citando estudios recientes de popularidad que indican que a pesar del juicio, la imagen de Trump no se ha desgastado: “Gallup, por ejemplo, muestra que la aprobación de Trump es la misma que hace un año e incluso mejor que hace dos años”.
Esto se explica porque “es un caso que es muy difícil de vender a la opinión pública, porque implica al más importante de los candidatos demócratas, que es Joe Biden, quien también puede salir perjudicado. Además, es un caso fuera del país, le tratan de hablar al norteamericano promedio de una trama ucraniana”, concluye el académico.
Jugar ahora la carta de la destitución podría dar lugar a incluir en la agenda de campaña otros temas que se han dejado de lado. En ello coincide el docente investigador de la Universidad Externado, Javier Garay, para quien “es posible que los demócratas consideren que tienen más que ganar acelerando el proceso y presentando una agenda alternativa a la que plantean los republicanos”.
En lectura de Garay, también puede ocurrir que los demócratas hayan llegado a la conclusión que mantener el proceso durante la campaña electoral puede ser más costoso para ellos que para el presidente, “porque este le ha dado combustible para que él utilice los medios masivos, las redes, y movilice a su grupo. Lo que él ha hecho es mostrarse como una víctima más del establecimiento de Washington D.C., que es por lo que lo han votado tanto” .