En la Gaceta Oficial de Venezuela ya circula la decisión de prorrogar por 60 días más el “Estado de Excepción y Emergencia Económica”, una norma con la que el presidente, Nicolás Maduro, adquiere poderes extraordinarios para hacer frente a supuestas amenazas contra su administración.
Entre las atribuciones “extraordinarias” con las que quedaría Maduro están el control del presupuesto sin vigilancia, la posibilidad de intervenir empresas y bienes privados para garantizar el abastecimiento y la facultad de establecer límites máximos de acceso a bolívares.
De igual forma, se contempla la entrega de poder a las autoridades para garantizar (incluso mediante la intervención de las Fuerzas Armadas) la distribución de productos de primera necesidad y planes de seguridad pública ante posibles “acciones desestabilizadoras”.
De acuerdo con el politólogo venezolano Jesús Castillo, los anuncios generan incertidumbre por dos aspectos: “No sabemos hasta dónde pueden llegar con nuestra seguridad y transacciones financieras y tampoco medimos qué tanto puede pasar con los choques entre el Ejecutivo y el Legislativo”.
Y es que si bien la Constitución de Venezuela contempla que el decreto debe ser aprobado en una semana por la Asamblea Nacional (con mayoría de oposición), y luego tener el aval del Tribunal Supremo, la expectativa siempre fue un rechazo del primero y que las medidas comiencen su marcha con el consentimiento del segundo, criticado por su alineación gobiernista.
No en vano, en la tarde del martes la mayoría opositora del Parlamento desaprobó “por inconstitucional” el decreto y el dirigente opositor y excandidato presidencial Henrique Capriles hizo un llamado a los venezolanos a desconocer el pedido de Maduro, sosteniendo que violatorio de la Carta Democrática Interamericana de la Organización de Estados Americanos.
Mientras tanto, la opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) citaba para hoy una nueva marcha contra las dilaciones que el Consejo Nacional Electoral (CNE) ha dado a la convocatoria de referendo revocatorio contra Nicolás Maduro y para el cual ya recogieron 1,8 millones de firmas.
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