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El régimen venezolano intervino ayer los cuerpos de Policía en los cinco estados en los que sus candidatos a gobernadores fueron vencidos por la Mesa de la Unidad Democrática (MUD): Anzoátegui, Mérida, Nueva Esparta, Táchira y Zulia.
“Se ordena iniciar la intervención del cuerpo de policía por la presunta participación masiva de sus funcionarios en violación de derechos humanos, en redes delictivas o actividades que atenten contra el orden constitucional”, reza el más reciente decreto en la Gaceta Oficial del país vecino.
El gobierno de Nicolás Maduro designó juntas interventoras en esos cinco estados y les dio prerrogativas para someter a auditorías a todo el personal, hacer reducción de empleados o reestructuración administrativa. Incluso, dado un caso que requiera acciones “predominantemente preventivas”, el chavismo activaría el servicio de “policía comunal”.
La decisión prohíbe asimismo a los cuerpos policiales afectados la adquisición de armas y equipamiento básico durante el tiempo que dure la intervención: 180 días, prorrogables a 90 más.
Estas acciones siguen a la polémica exigencia de Maduro a los gobernadores electos de la oposición, para que juramenten su cargo ante la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), asegurando que de lo contrario quedará sin efecto su elección. Ayer afirmó que en ese caso se repetirían los comicios en dichos estados.
¿Qué hará la oposición? En diálogo con EL COLOMBIANO, Nelly Arenas, politóloga de la Universidad Central de Venezuela, aseguró que “en cuanto al deber ser, la oposición no tendría que acudir a esa instancia, pero lo previsible es que la MUD no legitimará a la ANC. Ya hasta un líder como Henrique Capriles admitió que la vía electoral no funcionó. Los gobernadores electos tampoco han claudicado”.