Los legisladores del estado de Nueva York tomaron medidas en el control de armas, al aprobar una nueva ley que eleva de 18 a 21 años la edad para comprar rifles semiautomáticos.
Esta medida, acompañada de un paquete completo de acciones, pone a Nueva York como el primer estado del país en restringir la compra de armamento después de las masacres ocurridas en Tulsa, Oklahoma, y en Uvalde, Texas, el pasado 24 de mayo, que dejó 19 niños asesinados a manos de Salvador Ramos, un joven de 18.
La nueva ley también prohíbe la venta de munición que atraviese chalecos antibalas, la venta de protección antibalas y revisa la conocida como ley de la “bandera roja”, para identificar a aquellas personas que eventualmente puedan causarse daño a sí mismas o a los demás en caso de estar en posesión de un arma.
La gobernadora Kathy Hochul señaló que esta nueva legislación ofrece a los cuerpos de seguridad las herramientas suficientes para “evitar un acceso fácil a las armas”.
En el comunicado, Hochul subrayó que el problema de las armas es nacional e instó a los legisladores de Washington a “aprovechar este momento y tomar medidas significativas para prevenir la violencia armada”.
“Nueva York está tomando medidas rápidas para fortalecer las leyes de alertas de seguridad, cerrar lagunas y proteger a las comunidades”, escribió en un breve mensaje Hochul, que deberá firmar la ley para que entre en vigor.
Horas antes, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, instó al Congreso y al Senado federales que prohibiera la venta de armas de asalto o en su defecto que se aumente la edad mínima para comprarlas de los 18 a los 25 años.
Biden también pidió que se prohíban los cargadores de alta capacidad, que se refuerce la verificación de antecedentes de los potenciales compradores, que se aplique la ley para garantizar el almacenamiento seguro de las armas y que se “derogue la inmunidad que protege a los fabricantes de armas”.
Por su parte, la Fiscalía General de Nueva York mostró mano dura contra el sector de las armas de fabricación casera, sometidas a una legislación muy restrictiva en el estado, y ordenó a casi una treintena de empresas que dejen de vender piezas o se expondrán a multas.
Las armas de fabricación casera (conocidas como “ghost guns” o armas fantasma) permiten, a partir de kits con piezas, ensamblar armas que son difíciles de rastrear para las autoridades dado que carecen de número de serie, y suelen ser utilizadas por personas que legalmente no pueden acceder a armas