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Juez ordenó siete días de detención preliminar contra Castillo por riesgo de fuga

Castillo está detenido desde el miércoles en un penal de Lima, el mismo donde el expresidente Alberto Fujimori (1990-2000) cumple una condena de 25 de cárcel.

  • El Congreso debatió un tercer pedido de destitución en contra de Pedro Castillo, que finalmente fue aprobado por 101 de los 130 legisladores que integran el hemiciclo peruano. FOTO: AFP
    El Congreso debatió un tercer pedido de destitución en contra de Pedro Castillo, que finalmente fue aprobado por 101 de los 130 legisladores que integran el hemiciclo peruano. FOTO: AFP
EFE | Publicado el 08 de diciembre de 2022

El juez supremo peruano Juan Carlos Checkley ordenó este jueves siete días de detención preliminar para el expresidente Pedro Castillo, quien está siendo investigado por la presunta comisión del delito de rebelión, tras anunciar el cierre del Parlamento y la instauración de un Gobierno de emergencia.

“Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, a cargo del juez Juan Carlos Checkley, dispone siete días de detención preliminar contra el expresidente Pedro Castillo, investigado por el delito de rebelión (alternativamente conspiración)”, anunció el Poder Judicial en su cuenta oficial de Twitter.

Checkley evaluó esta mañana, en una audiencia virtual, el requerimiento fiscal que solicitaba esta medida contra el exmandatario, quien desde el miércoles se encuentra retenido en un penal de Lima, el mismo donde el expresidente Alberto Fujimori (1990-2000) cumple una condena de 25 de cárcel.

En la resolución, compartida por el Poder Judicial, el juez también declara la “legalidad de la detención” de Castillo y establece que el plazo de detención judicial “estará vigente del 7 al 13 de diciembre”.

Durante la audiencia, el fiscal adjunto supremo Marco Huamán aseguró que “queda evidente la alta probabilidad de fuga” del expresidente, tras mencionar la intención de Castillo de dirigirse a la Embajada de México para pedir asilo, algo confirmado por el presidente de ese país, Andrés Manuel López Obrador.

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Huamán indicó que la detención del exjefe de Estado es “necesaria” para asegurar los actos de investigación y acusó a Castillo de haber pretendido cambiar el modelo de Estado de derecho establecido en la Constitución, de manera ilegal y dolosa.

En la audiencia también participó virtualmente Castillo, quien estaba acompañado de su abogado Víctor Pérez y de su ex primer ministro Aníbal Torres, quien también ejerce su defensa. Al término de la audiencia, Checkley le dio la palabra al exmandatario, pero este se limitó a afirmar “eso es todo”, en alusión a lo dicho por sus abogados.

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En su intervención, Torres aseguró durante la detención de Castillo nunca se empleó algún “medio coactivo o coercitivo”, pero insistió en que en este proceso “se está violando flagrantemente el principio de legalidad” al considerar que en ningún momento se acreditaron los delitos imputados al expresidente.

En esa misma línea, Pérez sostuvo que el anuncio de Castillo sobre el cierre del Parlamento no implicó un levantamiento en armas que requiere, según dijo, el delito de rebelión y negó que exista peligro de fuga, por lo que solicitó al juez que declare infundado el requerimiento del Ministerio Público.

“Las declaraciones de mi patrocinado en su mensaje no configuran el delito de rebelión (...) ¿Cómo puede una persona querer fugarse cuando no ha cometido los presuntos delitos que le están imputando?”, señaló Pérez.

El Ministerio Público anunció el miércoles el inicio de diligencias preliminares contra Castillo por rebelión y conspiración, mientras el exmandatario permanecía detenido en la Prefectura de Lima por presuntamente “quebrantar el orden constitucional”, después de dictar esta mañana el cierre temporal del Parlamento y la instauración de un Gobierno de emergencia nacional.

Esa orden ha sido interpretada mayoritariamente como un intento de golpe de Estado, incluso por los miembros de su gabinete. La medida no obtuvo el aval de la mayoría de los ahora exintegrantes de su Gobierno, ni tampoco de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional, el Tribunal Constitucional y el Poder Judicial.

Horas después, el Congreso debatió un tercer pedido de destitución en su contra, que finalmente fue aprobado por 101 de los 130 legisladores que integran el hemiciclo peruano.


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