Las listas oficiales revelan la presencia de coroneles, tenientes coroneles y mayores que eran de inteligencia militar y seguridad del Estado en Cuba como parte servicio del primer anillo del dictador venezolano. ¿Quiénes eran?
Este martes el periódico oficialista Granma, en La Habana, Cuba, publicó las identidades de los treinta y dos uniformados abatidos en la operación de Estados Unidos en Caracas para capturar al presidente Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores.
El diario oficial del Partido Comunista de la isla señaló que las muertes ocurrieron en medio de una “férrea resistencia” ante un “acto criminal de agresión y terrorismo de Estado”.
La lista de bajas, dividida entre las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR) y el Ministerio del Interior (MININT), revela que Cuba envió a lo mejor de su cuadro de mando para proteger al jefe del Palacio de Miraflores. No eran soldados inexpertos; eran el cerebro y el músculo de la inteligencia cubana en el continente.
Esto se explica en que en medio de las víctimas se destacan figuras de jerarquía y mando: el coronel Humberto Alfonso Roca Sánchez, de 67 años, y el Coronel Lázaro Evangelio Rodríguez Rodríguez, de 62 años.
Su presencia en la línea de fuego confirma que la seguridad de Maduro era una prioridad de Estado para La Habana, que desplegó oficiales de alto rango como el teniente coronel Orlando Osoria López y otros más para coordinar la defensa.
El reporte también muestra la presencia de militares jóvenes en el esquema de protección del presidente Maduro, desde el joven teniente Fernando Antonio Báez Hidalgo, de apenas 26 años, hasta veteranos de la reserva como Juan Carlos Guerrero Cisneros, de 55 años, se alinearon para enfrentar a las fuerzas estadounidenses.
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La lista incluye capitanes, primeros tenientes y suboficiales que se encontraban en el país a solicitud de sus “órganos homólogos” venezolanos para cumplir misiones de defensa estratégica. Este evento representa un punto de inflexión geopolítico, donde Cuba justifica su presencia militar alegando que cumplían misiones a solicitud de órganos homólogos venezolanos.
Con la publicación del periódico Granma, queda evidenciada la élite de inteligencia y protección cubana en Venezuela.
Los militares pertenecían a dos estructuras estatales cubanas, las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR) y el Ministerio del Interior (MININT). La FAR son el cuerpo armado oficial de la isla: el Ejército y sus tropas élites de comando, asalto, entre otros, mientras que el Ministerio del Interior es el encargado del orden interno, aunque tienen algún cuerpo élite, pero su fuerte está en la inteligencia militar y es la encargada de la seguridad en Cuba.
Los datos publicados en Cuba este martes muestran una concentración de oficiales de alto rango que sugieren que no realizaban labores de patrullaje, sino de asesoría en contrainteligencia, seguridad presidencial y coordinación de alto nivel con sus “órganos homólogos” venezolanos. La presencia de varios oficiales de rangos “mayor” y “capitán” refuerza la idea de que este grupo constituía una unidad de mando y control para proteger objetivos de alto valor, como el entorno de Nicolás Maduro.
EL COLOMBIANO consultó a un periodista en Cuba, quien pidió no ser mencionado su nombre, para entender cómo funciona el aparato de inteligencia cubano. Explicó que el MININT tiene una labor más discreta y de inteligencia, mientras que los miembros de las FAR son de acciones militares, principalmente, como quedó evidenciado en el caso del operativo contra Maduro.
El artículo cubano confirma, entonces, que ambos grupos actuaban en representación de la institución militar oficial cubana en Venezuela. Mientras las Fuerzas Armadas ponían el componente de resistencia armada, relata, el Ministerio, quizás, aportaba la “cúpula” de inteligencia necesaria para sostener la estructura de seguridad del régimen de Maduro hasta el momento de su captura.
Uniformados muertos adscritos al Ministerio del Interior de Cuba que representaban la cúpula de inteligencia y seguridad estratégica en la misión:
1. Coronel Humberto Alfonso Roca Sánchez (67 años).
2. Mayor Rodney Izquierdo Valdés (51 años).
3. Capitán Yoel Pérez Tabares.
4. Coronel Lázaro Evangelio Rodríguez Rodríguez (62 años).
5. Mayor Ismael Terrero Ge (47 años).
6. Capitán Addriel Adrián Socarrás Tamayo.
7. Teniente coronel Orlando Osoria López (49 años).
8. Mayor Hernán González Perera (43 años).
9. Primer teniente Yorlenis Revé Cuza.
10. Primer teniente Alejandro Rodríguez Royo.
11. Mayor Rubiel Díaz Cabrera (53 años).
12. Capitán Bismar Mora Aponte (50 años).
Uniformados de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR)
13. Primer teniente Yandrys González Vega (45 años).
14. Primer teniente Yunior Estévez Samón (32 años).
15. Primer suboficial Giorki Verdecia García (30 años).
16. Suboficial mayor Suriel Godales Alarcón (42 años).
17. Soldado (r) Adelkis Ayala Almenares (45 años).
18. Soldado (r) Alexander Noda Gutierrez (48 años).
19. Soldado (r) Rafael Enrique Moreno Font.
20. Soldado (r) Ervis Martínez Herrera (52 años).
21. Soldado (r) Luis Alberto Hidalgo Canals.
22. Soldado (r) Juan Carlos Guerrero Cisneros (55 años).
23. Soldado (r) Luis Manuel Jardines Castro.
24. Soldado (r) Juan David Vargas Vaillant (54 años).
25. Soldado (r) Sandy Amita López.
26. Capitán Adrián Pérez Beades (34 años).
27. Primer teniente Yordanys Marlonis Núñez (43 años).
28. Teniente Yoandys Rojas Pérez (46 años).
29. Primer teniente Erdwin Rosabal Ávalos (35 años).
30. Teniente Yasmani Domínguez Cardero (32 años).
31. Primer teniente Daniel Torralba Díaz (34 años).
32. Teniente Fernando Antonio Báez Hidalgo (26 años).
Para Zair Mundaray, abogado venezolano, la presencia cubana en Venezuela en la protección de Nicolás Maduro es la punta del iceberg. “Eso es una minucia”, afirma.
Lo que describe es una presencia que atraviesa el aparato estatal venezolano desde hace años: ministerios, entes descentralizados, fuerzas armadas, inteligencia, registros civiles y notariales. Una estructura que —según su relato— no opera de forma simbólica ni marginal, sino como columna vertebral del control político y social.
Mundaray sitúa el origen de ese entramado en los convenios de “asesoría” impulsados desde los primeros años del chavismo, cuando comenzaron a llegar médicos, entrenadores deportivos, educadores y técnicos cubanos. “Yo ya había vivido eso”, recuerda.
A su juicio, esas misiones no solo funcionaron como mecanismo de financiamiento de la dictadura cubana, sino como instrumento de ideologización y control. El núcleo más sensible, advierte, estuvo en la captura de la identidad y los datos de los venezolanos.
Según Mundaray, Cuba asumió el control del SAIME, el sistema de identificación nacional, equivalente a la Registraduría en Colombia. Técnicos venezolanos que se negaron a entregar bases de datos “fueron amenazados y desplazados”, hasta que otros funcionarios cedieron.
Su afirmación coincide también con un informe del portal Transparencia Venezuela, donde mencionan que Cuba fue la protagonista de la reforma del sistema de emisión de documentos de identidad en Venezuela.
“Funcionarios antillanos diseñaron el flujo de trabajo en el nuevo Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime)”, se lee en el informe.
El resultado: “Los cubanos saben quiénes son todos los venezolanos con cédula”. A ese control se sumó el Servicio Autónomo de Registros y Notarías (SAREN), lo que permitió acceso a todas las transacciones con efectos legales, desde compraventas hasta poderes y registros mercantiles. La penetración alcanzó, dijo, los órganos de seguridad y policía, relata el exfiscal, como quedó evidenciado en el operativo contra Nicolás Maduro.
Siendo fiscal entre 2016 y 2018, en Venezuela, recuerda que en una sesión del Consejo General de Policía, un organismo cerrado y reservado para autoridades venezolanas, Mundaray se encontró con dos funcionarios cubanos participando como asesores.
Cuando cuestionó su presencia, la respuesta desde el ministerio fue directa: era una orden presidencial mantener a los “hermanos cubanos”. Mundaray afirma también que efectivos cubanos asesoraban directamente prácticas de “interrogatorio y tortura”.
Relata un episodio que le contó un funcionario cuando el hoy exfiscal lo interrogó y le dijo que un preso político militar, tras resistir torturas, fue sometido a aislamiento extremo sin agua, por instrucción directa de un asesor cubano. Luego, como técnica final de quiebre, relató, ordenaron colocar comida y bebida visibles en la celda. “El hambre y la sed lo estaban matando”, dice.
El detenido terminó confesando lo que sus captores querían escuchar. La impunidad, sostiene Mundaray, fue parte estructural del acuerdo. También, entre otros, recuerda un caso de mala praxis médica en el que un médico cubano causó la muerte de un paciente. Cuando solicitó la imputación, la respuesta fue negativa: el responsable fue sacado del país de inmediato por la misión cubana. “Ni siquiera se le pudo procesar penalmente”, afirma.
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