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Persisten violaciones a los DD.HH. en Nicaragua y Venezuela: Bachelet

  • Alta comisionada de los Derechos Humanos presenta informe sobre Venezuela. FOTO: AFP
    Alta comisionada de los Derechos Humanos presenta informe sobre Venezuela. FOTO: AFP
EFE | Publicado el 02 de julio de 2020

Las violaciones a la libertad de expresión y la detención de líderes políticos y otros críticos persisten en Venezuela, destacó hoy la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, aunque también valoró avances en la cooperación entre su oficina y las autoridades de ese país.

En su informe actualizado sobre la situación de Venezuela ante el Consejo de Derechos Humanos, la expresidenta chilena denunció asimismo los arrestos de periodistas, sindicalistas, profesionales de la salud y personas que protestaron por los servicios públicos.

Además, “continuaron los ataques y la obstaculización del trabajo de parlamentarios de la Asamblea Nacional”, señaló Bachelet, quien lamentó que los actores políticos en el país no logren encontrar una solución negociada “que resuelva la profunda crisis política”.

A este respecto subrayó que recientes decisiones del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, que nombraron nuevos rectores del Consejo Nacional Electoral sin el consenso de todas las fuerzas políticas, “disminuyen la posibilidad de construir condiciones para procesos electorales creíbles y democráticos”.

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Por otro lado, Bachelet subrayó que el trabajo de la oficina de su alto comisionado en Venezuela se ha facilitado desde el acuerdo firmado entre ambas partes en septiembre de 2019, lo que de materializó en recientes visitas a los estados de Zulia, Bolívar y Lara, así como a once centros penitenciarios.

En ese sentido subrayó “la disminución de los niveles de violencia en los centros de detención administrados por el Ministerio para el Servicio Penitenciario, aunque persisten retos en el acceso a alimentos, salud, agua y saneamiento”.

También destacó que la crisis en Venezuela se ha exacerbado con el incremento de las “sanciones sectoriales” (en alusión a las medidas coercitivas impuestas por países como EE. UU., aunque no nombró a gobiernos concretos) y por la pandemia de la COVID-19.

La población venezolana “sigue padeciendo graves violaciones a sus derechos económicos y sociales debido a los bajos salarios, los altos precios de los alimentos o las persistentes carencias de los servicios públicos”, añadió.

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El embajador de Venezuela ante las Naciones Unidas en Ginebra, Jorge Valero, respondió que el informe “incorpora información de fuentes de escasa credibilidad sin haber sido debidamente contrastadas con las autoridades venezolanas”. “Excluye los importantes progresos alcanzados en la mesa de dialogo nacional entre el Gobierno venezolano y los diversos partidos de la oposición”, añadió.

Valero también declaró que “si se condenaran la politización y los dobles raseros de este consejo hoy no se estaría hablando de Venezuela sino de las graves violaciones que se están cometiendo en países donde la discriminación racial y la violencia contra minorías y grupos vulnerables campean a sus anchas, como ocurre en Estados Unidos”.

El embajador aprovechó un nuevo turno en el Consejo para condenar la reciente decisión de la Unión Europea (UE) de sancionar a 11 diputados de la Asamblea Nacional venezolana por intentar tomar el control del órgano legislativo el pasado mes de enero, para así arrebatarle el cargo al líder opositor Juan Guaidó.

“La pretensión de imponer una suerte de supervisión al funcionamiento de las instituciones democráticas venezolanas demuestra la soberbia y la nostalgia colonialista, intervencionista y supremacista que aún pervive en la agenda corporativa de las elites dominantes del Viejo Continente”, aseveró. “Sorprende la flagrante subordinación de la UE a la Administración de (el presidente estadounidense) Donald Trump”, concluyó.

Los apuntes de Bachelet sobre Nicaragua

A renglón seguido Bachelet también indicó que la crisis sanitaria causada por la COVID-19 “ha provocado mayores restricciones del espacio cívico y democrático” en Nicaragua, donde se ha estigmatizado a los críticos con la respuesta estatal a la pandemia.

En su informe actualizado de la situación en Nicaragua ante el Consejo de Derechos Humanos, la alta comisionada también aseguró que “existe poca transparencia y falta de claridad en la información pública sobre los casos” de COVID-19.

Añadió que “algunas medidas gubernamentales no se ajustan a las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud y la comunidad médica nicaragüense, especialmente respecto al distanciamiento físico”, y que la pandemia ha incrementado la violencia contra las mujeres. Denunció que al menos 16 médicos han sido despedidos en el país centroamericano sin respetarse los procedimientos legales, por criticar la respuesta estatal ante la pandemia.

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La delegación nicaragüense respondió que la pandemia ha obligado a gobiernos y pueblos a asumir enormes sacrificios para frenarla --también económicos--, y que “estos esfuerzos son mayores cuanto más pobre es un país, como en el caso de Nicaragua”.

Los representantes de la nación centroamericana defendieron que la inversión en salud de su Gobierno actualmente es cuatro veces superior a la que había en 2006, antes de que el Frente Sandinista de Liberación Nacional regresara al poder, “una cifra modesta pero que hace posible el acceso a la sanidad de millones de personas”.

“Nicaragua, además de luchar contra la pandemia, debe también combatir las campañas de desinformación y odio que emanan de sectores adversos al Gobierno de reconciliación y unidad nacional”, aseguró la representación nicaragüense.

En un contexto más general, la alta comisionada recalcó en su informe que sigue habiendo “persistentes violaciones de derechos humanos contra quienes el Gobierno (nicaragüense) percibe como opositores, incluso personas defensoras de derechos humanos, periodistas, líderes sociales y expresos políticos”.

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“El derecho a la reunión pacífica continúa siendo sistemáticamente coartado con despliegues policiales, detenciones arbitrarias y ataques de elementos progubernamentales cuando críticos al Gobierno intentan reunirse pacíficamente”, indicó.

Añadió que la oficina que dirige ha documentado entre marzo y junio 43 denuncias sobre presuntas violaciones a los derechos humanos, tales como registros domiciliarios sin orden judicial, detenciones arbitrarias y amenazas o acosos contra opositores.

Recordó que siguen sin iniciarse investigaciones o procesos penales contra los responsables de graves violaciones de los derechos humanos ocurridas en los últimos dos años en Nicaragua, una impunidad que “erosiona la confianza en las autoridades” e incrementa el riesgo de nuevos abusos.

La parte nicaragüense respondió que los informes presentados ante foros como el Consejo de Derechos Humanos no tienen en cuenta la información ofrecida por su Gobierno.

Añadió que “no parecen tomar en consideración la realidad que vive nuestro pueblo en la búsqueda del bien común y la promoción de los derechos humanos, que no solo son civiles y políticos sino también económicos, sociales y culturales”.


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