Los votos fantasma de Maduro que condenan la Constituyente

La empresa que audita el sistema venezolano detectó un millón de electores de más, inválidos.

En las elecciones del domingo pasado para elegir a los miembros de la Asamblea Nacional Constituyente no hubo testigos de la oposición y eso facilitó engrosar en un millón los votos. FOTO efe

La Constituyente de Nicolás Maduro y sus supuestos 8 millones 809.320 votos tuvieron un revés de legitimidad que podría hundirlos. Smartmatic, la firma que presta la plataforma de sufragio electrónico en Venezuela desde 2004, anunció que hubo manipulación en la elección del pasado domingo.

Según un comunicado de esa compañía, con sede en Reino Unido, la diferencia entre la cantidad de votos anunciada por el Gobierno y la que arroja el sistema es de al menos un millón.

Si bien la estructura está diseñada para que, en caso de manipulación, su detección sea inmediata y muy fácil de identificar, se requieren mecanismos de auditoría. Es decir, testigos de todos los partidos que estén observando el sistema al momento en el que se imprima la sumatoria de resultados. No obstante, como la oposición decidió ausentarse del escrutinio del 30 de julio, el oficialismo tuvo espacio para intervenir.

Smartmatic señaló que incluso en momentos de profundo conflicto político han tenido la certeza de que el proceso de votación y los resultados en Venezuela “han sido completamente exactos”, como cuando Hugo Chávez se hizo presidente en 2004, cuando ganó Maduro en 2013 por un pequeño margen o cuando la oposición obtuvo la mayoría de la Asamblea Nacional en 2015.

Un sistema vulnerable

De acuerdo con Luis Vicente León, director de Datanálisis, la firma encuestadora más prestigiosa de Venezuela, el sistema electoral de su país ha sido “operativamente impecable”, con verificación de identidades mediante captahuellas, auditorías y tinta indeleble, que marca el dedo meñique de los electores para evitar que doblen su votación o que ocupen el lugar de fallecidos.

Sin embargo, continúa, en el escrutinio del domingo se flexibilizaron “descaradamente” estos controles con la idea de fomentar un voto que era muy difícil de obtener, en tiempos en que el chavismo ya no es mayoritario: “no solo prescindieron de los auditores, como denuncia Smartmatic, sino que eliminaron la tinta indeleble, el captahuellas y hubo votos de personas en centros que no les correspondían”, afirma.

Otro es el concepto de Yann Basset, director del Observatorio de Procesos Electorales de Universidad del Rosario, reconoce que el sistema tecnológico de Venezuela, a diferencia del de Colombia, cierra la posibilidad de hacer fraude local, es decir, en centros de votación.

Su gran debilidad, en cambio, es que el fraude puede ocurrir a nivel central, para el caso de Venezuela, en el Consejo Nacional Electoral, un ente que no fue elegido por mecanismos constitucionales, sino designado por el Tribunal Supremo de Justicia, de mayoría oficialista, aun cuando esa responsabilidad recae sobre la Asamblea Nacional, de mayoría opositora.

A lo anterior se suma que el sistema electrónico no permite hacer reconteo manual, que en otros países corrobora la información cuando hay denuncias de fraude.

“Esto arroja muchas dudas sobre el resultado, que ya de por sí era poco creíble, porque el oficialismo dio unas cifras solo comparables a la mejor época del chavismo, decadente en popularidad desde la muerte de Chávez”, sugiere Basset.

Salidas probables

Aunque para León es temprano hacer el análisis de los impactos del fraude, lo que queda claro es que la credibilidad del Consejo Nacional Electoral “está fulminada” y que el efecto de su percepción entre ciudadanos y comunidad internacional es “brutal”.

Apegándose a la ley venezolana, el analista solo ve una salida: que el Tribunal Supremo de Justicia, en su sala electoral, tome la decisión de declarar nulas las elecciones para la Constituyente.

La opción es improbable, teniendo en cuenta que fue el mismo Ejecutivo el que nombró a los magistrados de este órgano, cuando, de nuevo, eso correspondía a la Asamblea Nacional.

Incluso con ese escenario nefasto, otras ventanas se abren. Óscar Arnal, profesor de Derecho Constitucional en la Universidad Central de Venezuela, acepta que con las actuales autoridades del país no se va a lograr nada, pero los 33 magistrados del Tribunal Supremo nombrado por la oposición hace dos semanas (sin el aval del Gobierno de Maduro) sí que podrían.

“En las condiciones actuales de pérdida de legitimidad del régimen, el Tribunal Supremo paralelo decretado por la oposición fácilmente podrá ser aceptado por la comunidad internacional y hasta sesionar en el exilio, si no se les permite en Venezuela”, sugiere Arnal, y denuncia que esa última opción no está muy lejana, teniendo en cuenta las persecuciones y capturas contra estos juristas, varios de los cuales han tenido que refugiarse en la Embajada de Chile en Caracas.

Otra posibilidad, menciona el constitucionalista, es que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dicte una medida cautelar contra el Gobierno de Maduro y sus elecciones del domingo, en función del fraude.

El efecto, no obstante, sería dudoso, ya que los gobiernos dictatoriales no suelen acatar estos llamados, pese a que el artículo 31 de la Constitución de Venezuela decreta que el Estado deberá adoptar las medidas necesarias para dar cumplimiento a decisiones emanadas de órganos internacionales que protejan los derechos humanos. “Si así sucede, otra vez, Maduro estaría violando la Carta Magna que le dejó en herencia su mentor, Chávez”, sentencia Arnal.