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La ‘tramitología’ tiene con retrasos al 46% de los proyectos renovables que deben entrar a operar en 2024 y 2025

El 70% del tiempo que se lleva la ejecución de un proyecto renovable corresponde a trámites ante terceros.

  • Según la Asociación de Energías Renovables (Ser Colombia), en promedio, solo por permisos, licencias y papeleos, el inicio de operación de un proyecto de pequeña escala tarda entre tres y seis años. Foto: Cortesía
    Según la Asociación de Energías Renovables (Ser Colombia), en promedio, solo por permisos, licencias y papeleos, el inicio de operación de un proyecto de pequeña escala tarda entre tres y seis años. Foto: Cortesía
22 de febrero de 2024
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El anuncio de Celsia sobre los planes de vender su proyectos eólicos que tiene en La Guajira, dadas algunas dificultades en su desarrollo como el proceso de licenciamiento ambiental, volvió a poner sobre la mesa el debate de los trámites burocráticos y la demoras en la obtención de permisos, que se han convertido en un obstáculo para la transición energética en Colombia.

Se trata de los proyectos eólicos Maicao de 80 megavatios (MW) y La Uribia, dividido en Camelia (83 MW), Camelia 1 de (83 MW) y Camelia 2 (82 MW), los cuales presentan grandes retrasos o se han dejado de construir.

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Las razones, indicó la compañía, tienen que ver con dificultades con las comunidades para el cierre de las consultas previas; demoras en obtener o modificar las licencias ambientales, e imposibilidades técnicas para entrar en operación en las fechas comprometidas, dado el atraso en la entrega de las líneas de refuerzo de transmisión (Colectora), entre otros

Esta situación llevó a Celsia a considerar diferentes opciones frente al desarrollo de los proyectos Acacia y Camelias, que suman 330 MW, como la reubicación de los equipos en un nuevo proyecto en Perú.

“Ya teníamos los equipos producidos y listos para despacho y, por eso, tuvimos que movernos a Perú. Parte de lo que vamos a hacer con el proyecto Caravelí es desplazar una porción muy grande de ese equipamiento, que ya está listo para instalar”, indicó la empresa de Grupo Argos esta semana en la presentación de resultados 2023.

Esto, puesto que la firma considera que en Perú el ingreso de la generación de energía eólica la podrán hacer de una manera más acelerada.

Cabe recordar que fue en la subasta de 2019 que se le otorgaron a Celsia 767 GWh – año de energía renovable no convencional para dichos proyectos eólicos, los cuales serían contratados por 15 años a partir de enero de 2022.

Natalia Gutiérrez, presidenta de Acolgen, lamentó esta situación, pues, dijo, representa menos energía limpia, menos tarifas justas y menos seguridad energética para el país.

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“Muy preocupante que no se den las condiciones para desarrollar proyectos de generación de energía en Colombia. Reiteramos el llamado al Gobierno Nacional para acompañar y apoyar estos proyectos y así trabajar conjuntamente por la seguridad energética y la lucha contra el cambio climático”, expresó.

El panorama general

Entre 2024 y 2025 se espera que entren en operación 119 proyectos de fuentes no convencionales de energía renovable (FNCER); sin embargo, el 46% de ellos (2.400 MW) está todavía tramitando permisos ambientales o técnicos, por lo que su fecha probable de entrada sobrepasa o está al límite de vencimiento de su Fecha de Puesta en Operación (FPO).

Así lo arrojaron datos de la Asociación de Energías Renovables (SER Colombia), según los cuales, en promedio, solo por permisos, licencias y papeleos, el inicio de operación de un proyecto de pequeña escala tarda entre tres y seis años.

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Para el gremio, estos tiempos de entrada se reducirían a la mitad si se cumplen los plazos normativos de trámites y se definen términos para los permisos que no los tienen.

Y es que los informes de SER Colombia —en los que se monitorearon el año pasado más de 172 trámites ante entidades regionales y nacionales—, evidenciaron que, tras ocho meses de articulación entre el gremio, las empresas y el Gobierno (Presidencia, MinMinas, Anla y Upme), se registró un progreso del 58% sobre los trámites, con un 37% de ellos completamente resueltos.

Pero, pese a este esfuerzo, solo se ejecutó el 36% de los 41 proyectos que iban a entrar en 2023. Los demás fueron pospuestos para 2024-2025. Esto refleja, entonces, la necesidad de acciones regulatorias complementarias para simplificar y agilizarlos procesos.

De hecho, entre las preocupaciones que dio a conocer este jueves la Contraloría General de la Nación, tras el resultado de la subasta de energía, en la cual se asignaron 4.441 megavatios (MW) de plantas solares nuevas (99%) y 48 MW de plantas térmicas (1%), está que no habría garantías de que toda esta energía entre en operación y a tiempo.

Entre otras cosas, al ente le preocupan los tiempos de construcción de las plantas y todo lo que ello implica, como las licencias ambientales, las audiencias públicas, las servidumbres (gravamen sobre los predios por los que pasan las líneas de energía) y las relaciones con las comunidades.

Lo que más demora

Actualmente, los proyectos FNCER deben realizar más de 15 tipos de trámites diferentes, entre permisos técnicos y ambientales ante autoridades nacionales y regionales.

Por lo anterior, el 70% del tiempo que se lleva la ejecución de un proyecto corresponde a trámites ante terceros. Y solo el 30% a actividades exclusivas de las empresas.

De acuerdo con Alexandra Hernández, presidente ejecutiva de SER Colombia, hay proyectos que se están demorando nueve meses en construcción y tres años en trámites, así como hay otros que están por cumplir hasta seis años solo en papeleo.

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Por tipos de trámites, casi la mitad están relacionados con aspectos ambientales, principalmente permisos y licencias ante las Corporaciones Autónomas Regionales (CAR’s).

Los realizados ante los operadores de red son el segundo ítem, aunque menos representativos en términos de MW de capacidad. Estos usualmente incluyen trabajos de ingeniería de interconexión o contratos de conexión.

Para SER Colombia, los puntos más álgidos que causan la mayoría de demoras en los proyectos renovables son la ausencia de tiempos normativos de respuesta o que no se cumplan los términos de ley; y la falta de articulación y estandarización de criterios para evaluar la información presentada, por parte de las entidades, especialmente en las CAR´s.

Asimismo, destaca que la demora en trámites implican cambios de FPO ante la Upme, retrasando aún más la entrada de los proyectos (dos a nueve meses adicionales).

Finalmente, el gremio hizo un llamado ante la falta de canales de comunicación sobre información del estado de los trámites o tiempos estimados de respuesta por parte de las entidades, especialmente en las CAR´s. Para esto, recomendaron preparar técnicamente a las autoridades regionales respecto a estas tecnologías.

“Es fundamental contar con un ambiente favorable para los proyectos, pues el actual contexto de altas tasas de interés, devaluación, mayor carga fiscal, incertidumbre regulatoria y largos trámites puede resultar gravoso, especialmente debido a las limitadas rentabilidades de estos proyectos”, agregaron desde SER.

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