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Un diálogo con el Eln debe involucrar el respeto a los principios esenciales del Derecho Internacional Humanitario (DIH). No se debe tratar solo de una exigencia del nuevo gobierno sino de un imperativo planteado por parte de la sociedad colombiana, para que esa guerrilla no reclute a más menores de edad ni secuestre a civiles ni prive de la libertad a soldados y policías.
Pero los hechos constatan que, por ejemplo en la cuenca del río Truandó, en Chocó, la Defensoría del Pueblo tiene reporte de 24 reclutamientos forzados de niños y adolescentes durante los últimos seis meses. En ese departamento el Eln tiene en su poder a tres policías, un militar y tres civiles desde hace más de 15 días, de los que acaba de difundir pruebas de supervivencia.
La Fiscalía adelanta una investigación por 121 casos (de 72 niños y 49 niñas) constatados de reclutamiento del Eln desde 1990, aunque al grupo guerrillero se le imputaron hace dos años 930 reclutamientos ilícitos en total. La Unidad Especial de Investigación del ente describe que en su mayoría las víctimas eran menores entre los 7 y los 17 años de edad.
El diálogo con el Eln no puede ser un acto de fe ni de concesiones sin reglas. En diferentes editoriales se ha hecho una relación pormenorizada de los compromisos adquiridos por el Eln con diferentes comisiones civiles, de la iglesia y del gobierno durante los últimos 25 años, pero los mismos siempre fueron incumplidos por esa guerrilla.
El de los niños en el conflicto es un tema transversal: con las Farc nunca se obtuvo una relación detallada sobre el reclutamiento de niños y adolescentes ni su devolución de cara al país, por supuesto respetando el Código del Menor y las disposiciones nacionales e internacionales para proteger su identidad y dignidad. Esto es, con las Farc no hubo ni verdad ni reparación total ante un delito tan grave.
Esas equivocaciones no se pueden repetir con el Eln, por parte del Estado y la institucionalidad. Como tampoco se entendería que el Gobierno acepte sentarse a la mesa con un grupo que continúa secuestrando civiles, militares y policías. Los tiempos actuales, tras un proceso largo y cuestionado en muchos aspectos con las Farc, del cual deben aprenderse las lecciones, hacen improcedente un diálogo franco y productivo con un interlocutor, en este caso el Eln, que pisotea los principios mínimos del DIH.
Son numerosas las denuncias sobre infracciones de esta guerrilla a esos postulados humanitarios: en los tres últimos años ha asesinado a líderes indígenas y confinado a comunidades en el medio y alto Baudó. Secuestró a contratistas y exfuncionarios públicos. Ahora se llevó a uniformados y civiles en Chocó y Arauca. Dialogar así es enviar un mensaje de incongruencia a la sociedad colombiana, que reclama respeto y garantías a sus derechos humanos.
El de los niños es un asunto en el cual no puede haber concesiones. Y lo más lamentable es que organismos reputados como Save The Children y el Observatorio de Niñez y Conflicto Armado confirman que el Eln sí está reclutando menores y que, por ejemplo en 2017, el 10 por ciento de las acciones bélicas que afectaron a niños en el país fueron provocadas por el Eln.
El proceso con el Eln debe ser revisado, como lo ratificó el presidente Iván Duque, y uno de sus principios rectores debe ser el respeto por los ciudadanos y la humanidad.