Apuesta por recuperar el valor de las empresas

En un escenario en el que la construcción de país nos compete a todos, EL COLOMBIANO lanza su propuesta #MásEmpresasMásPaís, que busca resaltar el aporte del empresariado a la economía y al fortalecimiento de la democracia, en un contexto que no está exento de retos.

Para ello, emprendemos desde ahora la divulgación de al menos 60 piezas periodísticas, en las que se abordarán los desafíos y las virtudes de un sector fundamental, y se brindará información útil sobre el quehacer de estos empresarios para desarrollo de Colombia (ver Editorial).

¿Con qué fin? Enmarcar la relevancia y diversidad del sector privado que incluye a las compañías grandes y a los micro, pequeños, medianos negocios, y a los empresarios de base tecnológica, que pueden incluirse en cualquiera de las anteriores categorías. Todas valiosas.

“Las grandes tienen capacidad de inversión, jalonan la economía, el relacionamiento con proveedores y tienen músculo financiero; las mipymes alimentan a los nichos más específicos de los consumidores, y muchas de ellas cumplen un rol importante como proveedores, lo que genera una complementariedad”, reconoce Fredy Pulgarín, director de Desarrollo Empresarial de la Cámara de Comercio de Medellín.

En Colombia hay 1,64 millones de empresas, de las que el 92,38 % son micro; 5,66 % pequeñas, 1,50 % medianas y 0,46 % grandes, según la Confederación de Cámaras de Comercio (Confecámaras).

Esto significa que las pyme representan el 99 % de las firmas del país, y según la previsión de la Asociación Colombiana de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (Acopi) generan el 80 % de los empleos —un gremio que tiene 7.000 afiliados de sus 12 seccionales—.

Mientras que la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi) estima que sus 1.500 afiliadas aportan la mitad del Producto Interno Bruto del país, avaluado en 881,4 billones (Dane, 2019).

Afirma Bruce Mac Master, presidente de la Andi, que “en una sociedad como la colombiana, una parte importantísima de su desarrollo está fundamentado en que las empresas tengan éxito, sean viables y cumplan su papel social”.

En la misma vía, Lillyam Mesa Arango, presidenta de la Cámara de Comercio del Aburrá Sur, afirma que “de la gestión privada no solo se provee calidad de vida a las familias, sino la posibilidad de financiar y desarrollar infraestructura pública física y social”.

Un hecho cierto es que del total de los impuestos que recauda la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) en el país, el sector privado entrega al menos 118,5 billones de pesos, en promedio cada año, en el último lustro.

Si se toma como base el recaudo del año 2019 que fueron 157,87 billones de pesos, este aporte empresarial sería del 75,06 %. Recursos que llegan al bolsillo del Estado para la financiación de bienes públicos, como carreteras, infraestructura de salud, entre otros, o según su destinación específica (ej: el impuesto al carbono).

Esto se complementa con la generación de empleo, que en la región, según las cifras de Lina Vélez de Nicholls, presidenta de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, es el 95 % de los puestos de trabajo: “1,7 millones de empleados de los cuales el 68 % son de la micro, mediana y pequeña empresa”.

Incluso, pocos recuerdan que las cajas de compensación son parte clave de este aporte, al ser entidades privadas sin ánimo de lucro, recuerda Adriana Guillén, la presidenta de Asocajas, el gremio que reúne a las 43 existentes.

Hoy las cajas tienen 8,8 millones de afiliados; además, benefician a 10,4 millones de sus familiares y al menos este año prevén entregar 2,3 billones de pesos en subsidios directos a los trabajadores por cada hijo o anciano dependiente (de 35.000 pesos en promedio).

De hecho, también han entregado 116.216 kits alimentarios a menores de seis años y han asignado 26.000 subsidios de vivienda, por 450.000 millones de pesos, entre otros.

“Nuestros recursos (del 4 % de parafiscalidad) provienen de las cotizaciones y aportes que hace el sector empresarial e institucional y no los trabajadores”, agregó Guillén, quien contextualizó que el segmento tiene una historia de más de 60 años creada por el sector privado, representado en la Andi y en la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco), siendo pionera la antioqueña Comfama.

Además, no se puede desconocer el aporte en Responsabilidad Social Empresarial (RSE). La Andi valoró estas inversiones en 3,2 billones de pesos, al cierre del año pasado, lo que se suma a Fenalco solidario, que tasó el aporte en 936.999 millones de pesos.

Un asunto que hay que destacar en esta actividad es que cuando se habla de empresas, dijo Rosmery Quintero, presidenta de Acopi, si bien se relaciona al capitalismo, esto incluye “un accionar de alto riesgo, que brinda un aporte social y económico, independiente de si hay utilidad o no, porque cuando no hay ganancias el sector empresarial asume todo el riesgo, mientras que cuando sí existen, hay la posibilidad de expandir la estructura y de los mercados, lo que genera más empleo”.

El barómetro de Edelman, que indaga sobre esto en 28 mercados con 34.000 encuestas (1.150 en cada uno de público general y 700 del informado), muestra que la confianza hacia las empresas en Colombia de la población con educación superior, de mayores ingresos y más informada creció de 72 % en 2017, a 78 % en 2020. Mientras que en la población general, en el mismo periodo, pasó de 64 % a 66 %.

Otro es el resultado del Barómetro de la Reconciliación realizado por el Programa Alianzas para la Reconciliación (PAR) de Usaid y Acdi/Voca, aplicado a 11.500 personas entre 2017 y 2019 en 44 municipios, entre los que se incluyen zonas afectadas por el conflicto, como Ituango y Briceño, y ciudades capitales como Bogotá y Medellín.

En esta medición, y a la pregunta, ¿qué tanta confianza le tiene a los empresarios? 87,3 % dice ninguna (46,7 %) y poca (40,6 %), mientras 10,8 % señala mucha y 1,9 % en todos.

Justo esa encuesta reseñada en el estudio “Liderazgo empresarial en tiempos de crisis”, en el que participó la Fundación Ideas para la Paz, se “plantea una brecha entre la acción empresarial y la confianza que perciben los ciudadanos, siendo esta última uno de los principales retos”, reconoce Laura Gallego, profesora de Eafit (ver Radiografía).

Pero ya hay una propuesta de explicación a esa percepción negativa. “Puede darse por cómo se ha priorizado la ética en las empresas, por ejemplo en el manejo de los precios; la percepción de la publicidad que, en algunos casos, es engañosa; así como de la ausencia de RSE, y el mal manejo de las garantías de los productos a consumidores, con una idea de que las empresas buscan la generación de riqueza a cualquier costo”, analizó Lewis Charles Quintero, coordinador de la maestría en Administración de la Universidad Pontificia Bolivariana.

Ejemplo de esto es que en julio de este año, la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) sancionó a Postobón por mensajes de productos hit que consideró engañosos, por 1.667 millones de pesos, y el pasado cinco de octubre confirmó la multa a la Federación Colombiana de Fútbol por 18.352 millones de pesos por infracciones a la competencia en lo que denominó el “Cartel de Reventa de Boletas al Mundial de Fútbol – Rusia 2018”.

Desde el 20 de septiembre de 2018, la SIC ha impuesto multas por 266.731 millones de pesos por infracciones a la libre competencia en 27 decisiones que involucran al menos 90 empresas. Por el manejo indebido de datos personales ha multado a 144 firmas por 14.308 millones, entre 2018 y el primero de octubre, y al proteger al consumidor impuso 913 multas por 52.535 millones de pesos, desde 2018 y al 15 de julio 2020.

Por otra parte, la corrupción es un problema identificado en el país, que en el último el índice de Transparencia Internacional quedó en el puesto 96 de 180 territorios.

El sector privado no está exento de esto. La Andi en 2017 divulgó una encuesta realizada a 131 sociedades que al responder a la pregunta ¿su empresa ha sufrido algún intento de extorsión? el 84 % aseguró que no, el 13,8 % reveló que sí y 1,5 % respondió que se logró el cometido. En el mismo año, el índice de Transparencia Internacional mostró a Colombia en el puesto 90 entre 180 economías, es decir, el indicador se ha deteriorado en tres años.

El exsuperintendente Francisco Reyes, quien es reconocido por haber creado la unidad especial para cumplir las normas de soborno transfronterizo en Colombia, como parte del proceso de ingreso a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (Ocde), reconoce que este marco legal es solo un ejemplo de lucha contra la corrupción internacional que hace parte de un concepto más grande: la ética empresarial.

En este escenario se necesita un Estado fuerte, explica Reyes, “capaz de hacer cumplir las normas (...) y en materia de RSE, que haya una voluntad real; muchas sociedades se limitan a una campaña de relaciones públicas, sin una intención efectiva”.

Explica el libro el Capitalismo Consciente, de John Mackey y Raj Sisodia, que el entorno negativo alrededor del accionar de algunas empresas nace de la mala interpretación y adaptación del capitalismo con ideas como la del Premio Nobel de Economía Milton Friedman en las que la única responsabilidad de las empresas es con los accionistas, a su vez basadas en un entendimiento parcial y errado de Adam Smith, que ignora su filosofía ética basada en la “capacidad de empatizar con los demás”, que complementa sus planteamientos económicos.

Friedman decía que “los empresarios que se toman en serio su responsabilidad para crear empleo, eliminar discriminación, evitar la contaminación...lo que de verdad hacen es predicar un socialismo puro y duro”, reseña Bill George, profesor de dirección de empresas en Harvard Business School, y quién hace el prólogo de la publicación.

Mientras personas como George, Mackey y Sisodia hablan de un paradigma “que crea múltiples tipos de valor y bienestar: económico, intelectual, físico, ecológico, social, cultural, emocional, ético e incluso espiritual”, encaminado en una forma de pensamiento “más consciente de su propósito superior (...) que refleja una consciencia más profunda sobre por qué existen las empresas y cómo pueden crear más valor” para todos los implicados: empleados, clientes, accionistas, proveedores, entre otros.

Una definición aún más relevante cuando se reseña en el estudio de liderazgo empresarial ya citado que “el 58% de las personas sienten que el capitalismo hace hoy más daño que bien, y el 82% percibe este sistema como injusto, y no ve con buenos ojos el matrimonio entre empresarios y políticos: el 63% de los encuestados dice que estos actores están aliados en la defensa de sus intereses; el 47% cree que el Estado favorece a los empresarios y vela por sus intereses, y apenas el 14% cree que el Estado debería generar estímulos para que las empresas estén mejor”, citó Gallego.

Esto deja ver que “la gente sabe que, en general, los empresarios aportan a temas sociales, pero dudan mucho sobre su compromiso cuando existen desafíos significativos. Eso explica por qué el 50% de los encuestados considera que, frente a los problemas del país, los empresarios han sido indiferentes”, agregó la profesora.

Al final es eso lo que se debería reconducir y pasa por comprometerse con la agenda pública. “Un sector empresarial que haga preguntas incómodas, que trabaje con lo público y le exija y haga activismo empresarial, en el sentido de comprometerse con las grandes causas: la equidad, la desigualdad, el empleo”, afirmó Gallego.

Un paso importante es lo que afirma Juan Carlos Mora, presidente de Bancolombia: “Como empresarios, es importante que cada vez seamos más conscientes de que no es suficiente con la labor que hacemos para tener un negocio rentable; es prioridad que, con nuestra actividad, podamos generar un impacto positivo en el medio ambiente y en la sociedad, y esto implica proponer soluciones y unirnos con otros actores sociales para impulsar una recuperación económica sostenible que traiga oportunidades y bienestar para todas las personas” (ver Opinión) .