Más de tres semanas tardaría la juez 22 Penal de Medellín con funciones de conocimiento para tomar la decisión acerca de si finalmente deja en firme o no la imputación que les ha hecho la fiscalía a trece personas, incluido el exalcalde Daniel Quintero, por el presunto negociado que se pretendía hacer con el megalote Aguas Vivas.
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Esa misma juez había declarado la nulidad al acto de comunicación de los cargos por presunto peculado por apropiación, interés indebido y prevaricato contra los diez funcionarios y tres particulares debido a que, en su concepto, la Fiscalía no no fue clara acerca de la manera en que cada uno de ellos habría participado en los supuestos ilícitos.
No obstante, esa decisión fue apelada por la fiscal encargada y el abogado de la Alcaldía (que actúa como víctima) y la diligencia para determinar por parte de la misma juez si se acepta el recurso o no estaba programada para este jueves, 15 de octubre, luego de varios aplazamientos.
Es importante recordar que el escándalo de Aguas Vivas tiene que ver con la entrega que inicialmente le hicieron al Distrito de un predio inmenso en la parte alta de El Poblado como reconocimiento de obligaciones urbanísticas futuras (un requisito que tienen los constructores de dejar espacio público para la ciudad por cada proyecto que ejecuten) y después habrían gestionado para que les reconocieran más de $40.000 millones. No obstante, esto no lo lograrás y luego les devolvieron el predio a los antiguos dueños.
La cereza habría sido un decreto de mayo de 2023 firmado por el entonces alcalde Quintero, el cual habría valorizado el megalote porque le ampliaba las posibilidades de uso.
A la audiencia que comenzó de manera virtual a la 1:30 no se presentaron inicialmente el exalcalde Quintero ni su exdirector de Planeación, Sergio López, quienes respondieron luego el llamado hacia las 3:20 p.m.
En la sesión expusieron sus argumentos los abogados Kevin Giraldo -quien representa a la exsecretaria de Gestión Humana Ingrid Vanesa González- y Emmanuel Goldstein (ex director de Planeación Carlos Mario Montoya).
Sus intervenciones se centraron en plantear por qué la fiscal del caso habría cometido fallas en la imputación que son insubsanables y por tanto debe darse curso al archivo del caso.
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Recalcaron que la funcionaria judicial no habría sido específica en la manera como sus defendidos supuestamente incurrieron en las conductas señaladas.
Giraldo adujo, entre otras cosas, que el interés de un particular en recibir un beneficio económico no demuestra en sí mismo el interés ilegal de un funcionario.
Añadió que la Fiscalía no explicó por qué las cuatro intervenciones que habría tenido la señora González eran actos para materializar una conducta interesada.
Por su parte, Goldstein también habló de “yerros protuberantes” en la imputación y aseveró que hubo déficit en los estándares de claridad y precisión exigidos en las afirmaciones de la Fiscalía.
Esos errores habrían sido fundamentales, como la definición del objeto material del delito y la calidad en la participación. “No son meros detalles sino parte del núcleo fundamental de la imputación” apuntó.
Uno de los puntos de la supuesta incoherencia sería la valoración del lote, inicialmente en menos de $3.000 millones, luego en 40.000 millones y posteriormente en más de $50.000 millones.
Además, recalcó que la fiscal habría hecho inferencias subjetivas sobre los hechos.
La tercera intervención debía ser la de Juan Felipe Criollo, a nombre de la exsecretaria de Suministros Karen Bibiana Delgado, pero este pidió aplazamiento, pues el tiempo disponible de la audiencia ya era reducido.
Así las cosas, el juzgado programó nuevas sesiones para el lunes 26 de octubre (1:30 p.m.), miércoles 28 de octubre y el martes 10 de noviembre, todas a partir de la 1:30 p.m.
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