El reciente nombramiento de Johanna Vásquez Velásquez como vicerrectora en la sede de Medellín de la Universidad Nacional de Colombia reavivó cuestionamientos por un polémico contrato suscrito en 2023 entre esa institución y la Alcaldía de Medellín durante la Alcaldía de Daniel Quintero.
Vásquez, profesora asociada del Departamento de Economía y decana de la Facultad de Ciencias Humanas y Económicas entre 2020 y 2024, asumió la Vicerrectoría tras una serie de renuncias que sacudieron la dirección de la sede, en medio de tensiones internas por la designación del rector José Ismael Peña.
El controversial contrato
La polémica se remonta a un convenio interadministrativo por $9.050 millones firmado entre la Secretaría de Comunicaciones de esa administración y la Universidad Nacional.
El contrato, suscrito por el entonces secretario Juan José Aux y el entonces vicerrector Juan Camilo Restrepo Gutiérrez, tenía un objeto amplio: asesorar a dependencias del Distrito en comunicaciones, monitorear la reputación institucional y elaborar piezas escritas, gráficas y audiovisuales para canales oficiales.
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Sin embargo, denuncias posteriores señalaron que, dentro de los entregables del contrato, aparecieron piezas con contenido propagandístico que beneficiaban a figuras cercanas al exalcalde Quintero, entre ellas exmiembros de su gabinete.
El caso fue objeto de indagación por parte de la Procuraduría General de la Nación, que en septiembre de 2024 formuló cargos contra el exsecretario Aux Trujillo por presuntamente desconocer los principios de la contratación pública durante la firma del controvertido convenio interadministrativo.
En ese momento, la Facultad de Ciencias Humanas y Económicas, que no contaba con un pregrado en comunicaciones en Medellín, fue cuestionada por su idoneidad para ejecutar el contrato.
El papel de Vásquez
Durante la ejecución del convenio, Vásquez era decana de la facultad encargada de operar el proyecto. En diálogo con este medio y en medio de la controversia que se suscitó nuevamente, sostuvo que su rol fue estrictamente administrativo y académico.
“Ese proyecto fue firmado por el vicerrector de la época y a la facultad le correspondió operarlo. Es un proyecto asociado a la gobernanza de las comunicaciones. Yo no fui requerida por la Procuraduría pero como estaba en el ejercicio de la decanatura estuve acompañando todo el proceso, entregando toda la información que se requirió. Se entregaron computadores”, afirmó.
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Según explicó, los proyectos como este deben surtir varios controles y filtros internos antes de su aprobación: comité de investigación y extensión, revisión jurídica de la sede y aval del Consejo de Facultad.
“No es una decisión de una sola persona, sino de cuerpos colegiados”, dijo.
Frente a los señalamientos sobre presuntas piezas de propaganda incluidas en los entregables, la hoy vicerrectora fue enfática.
“Dentro de las carpetas que teníamos en la facultad asociadas a ese proyecto no había ninguna carpeta asociada con propaganda política. Esa fue la primera indagación que hizo la Procuraduría, a partir del análisis que hacen la documentación y toda la información en la facultad”, indicó.
Añadió que los recursos no eran manejados por la decanatura sino por instancias administrativas de la universidad y que “ningún recurso entra a cuentas personales”.
Vásquez también aseguró que no tiene vínculos partidistas. “No he participado, ni participo, ni participaré en ningún grupo político”, afirmó, y defendió que su trayectoria de más de 20 años en la universidad respalda su legitimidad.
Debate por nombramiento
La llegada de Vásquez a la Vicerrectoría se da en un contexto de agitación interna. La designación del rector José Ismael Peña generó inconformidad en sectores profesorales y estudiantiles, que cuestionaron el proceso y derivó en renuncias dentro de la dirección de la sede.
Peña fue nombrado, posteriormente se apartó del cargo en medio de la controversia y luego fue ratificado tras decisiones de instancias nacionales que avalaron la legalidad del proceso, lo que profundizó la tensión entre el Gobierno Nacional y sectores de la comunidad universitaria.
Sobre el ambiente institucional actual, Vásquez lo calificó como “un proceso de transición” y señaló que su papel será contribuir a la ejecución del Plan Global de Desarrollo en el último año de rectoría y fortalecer los canales de diálogo interno.
“Es un proceso de transición, de respeto por la institucionalidad, de reconstruir fuentes y fortalecer lazos de comunicación. Digamos como es importante reconocer todo este proceso, las enseñanzas que nos deja y poder avanzar en la construcción de la universidad que es patrimonio de todos los colombianos”, sostuvo.
Aunque la investigación disciplinaria se centró en la competencia contractual y no derivó en señalamientos personales contra Vásquez, su nombramiento reabre el debate en redes sociales con cuestionamientos sobre la legitimidad de un funcionario para operar en un puesto como este con antecedentes como los señalados.
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