A una estructura señalada de traficar con migrantes desde el Urabá antioqueño y Chocó, pasando por el Tapón del Darién, le incautaron 48 propiedades de todo tipo, entre las que destacan una bomba de gasolina y 25 lanchas de todo tipo que eran utilizadas para este delito. Además, fueron capturados nueve presuntos integrantes de esta organización criminal.
Las propiedades que quedaron a disposición de las autoridades están avaluadas en 29.106 millones de pesos y los procedimientos se llevaron a cabo entre el miércoles y jueves de la semana pasada en Medellín, Necoclí, Turbo y Apartadó.
En total, además de las propiedades ya mencionadas, se incautaron ocho viviendas, un local comercial, un hotel y una empresa de turismo, todas ubicadas en Necoclí. También se incluyeron dentro de este proceso ocho vehículos y tres sociedades comerciales.
También se les incautaron más 1.751 dólares en efectivo, equivalentes a más de 155 millones de pesos, equipos tecnológicos como tabletas, celulares y computadores y material contable en el que se registraban todos los movimientos relacionados con estos activos y con las operaciones de esta organización.
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A los nueve capturados los procesaron por delitos como lavado de activos, enriquecimiento ilícito y concierto para delinquir, cargos a los cuales no se allanaron ante el juez de control de garantías, que igual les dictó medida de aseguramiento en centro carcelario.
Todos los procesados serían los cerebros logísticos de esta red criminal, quienes se hacían pasar como socios, accionistas, representantes legales y administradores de las empresas turísticas y náuticas de la región del Urabá.
Los operativos para desmantelar esta organización, según la Policía Nacional, se realizó en dos etapas, siendo la primera la captura de los integrantes de la misma y la segunda la incautación de todos los bienes con los cuales trataban de legalizar sus rentas.
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¿Cómo operaba la estructura?
Esta organización criminal, de acuerdo con las investigaciones de la Dijín de la Policía Nacional y el CTI de la Fiscalía, tenía su base en el municipio de Necoclí, Urabá antioqueño, y allí recibían a ciudadanos chinos, ecuatorianos, venezolanos y haitianos.
Posteriormente usaban una de las empresas de transporte en lancha para llevarlos hacia Capurganá, Acandí y Triganá, en el Chocó, para posteriormente dejarlos en el Tapón del Darién y las conexiones en Panamá. Todo para que estos migrantes puedan llegar hacia Estados Unidos.
Tras recibir los recursos, producto de este ilícito, la estructura habría ingresado más de 10.000 millones de pesos a la economía legal mediante la modalidad de “pitufeo” o “trabajo de hormiga”, que consiste en depósitos de cuantías menores en cuentas bancarias, las cuales legalizaban como ganancias del transporte marítimo, operación turística y comercio de combustibles.
Dentro de este operativo, además de la Policía Nacional y la Fiscalía, participó el HSI (Departamento de Investigaciones de Seguridad Nacional de Estados Unidos), cuya labor fue clave para establecer los movimientos de esta organización en el tráfico de migrantes hacia Estados Unidos.
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