El tarimazo del presidente Gustavo Petro en Medellín, el pasado 21 de junio, sigue dando de qué hablar. En las últimas horas se conoció que el alcalde Federico Gutiérrez envió una carta de siete páginas al Departamento de Estado de los Estados Unidos, al FBI y a la DEA en la que expuso los hechos como “información relevante sobre situación crítica de seguridad y criminalidad trasnacional”.
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El mandatario distrital comenzó la misiva a las autoridades estadounidenses expresando la preocupación por cuenta de acciones que, en su consideración, están “presuntamente favoreciendo de forma directa e indirecta a estructuras criminales que históricamente han afectado tanto la seguridad” de Medellín y de países aliados como los Estados Unidos.
“Desde la década de 1980, cuando el Cartel de Medellín dominaba el narcotráfico global, hasta la actualidad, la ciudad ha sido un nodo estratégico para actividades delictivas transnacionales”, sostuvo Gutiérrez en el mensaje en el que también recordó que las estructuras delincuenciales mutaron de un modelo criminal centralizado hacia “redes fragmentadas pero interconectadas”, entre las que mencionó a la “Oficina” y a Grupos Delictivos Organizados (GDO), como “El Mesa”, “Los Chatas”, “Pachelly”, “La Terraza”, “Robledo” y “La Sierra”-, y los G.D.C.O. como “San Pablo” y “La Oficina del Doce”.
El alcalde indicó que estos continúan con su actuar delictivo en la ciudad y el Valle de Aburrá, con hechos como tráfico internacional de estupefacientes con destino principal a Norteamérica y Europa, y reiteró que dichos grupos delincuenciales tienen como aliados activos a carteles de otros países, como el “Tren de Aragua”, “CJNG”, “Cartel de Sinaloa”, “Mafia Albanesa”, “Choneros”, “Lobos”, “Cartel de los Soles”, “Maras Salvatruchas”, “Ndrangheta” y “Camorra”, entre otros.
Es entonces cuando el alcalde lanzó en la misiva la crítica que viene haciendo hace meses al Gobierno Nacional: la inclusión de cabecillas de estas y otras estructuras criminales en la política de la “Paz Total”, con lo cual, para Gutiérrez, esto los ha legitimado públicamente, aun cuando algunos de ellos estarían aún “activos en el tráfico de drogas, explotación de menores de edad y adolescentes, tráfico armas, trata de personas y otras rentas ilegales de interés transnacional”.
En este orden de ideas, Gutiérrez expuso a las instituciones estadounidenses que en el evento de ese 21 de junio, llamado “Un pacto por La Paz Urbana de Medellín”, pero conocido como el tarimazo, el presidente Petro estuvo en tarima pública al lado de nueve de los máximos cabecillas de estas estructuras. “Entre ellos sujetos incluidos en la Lista OFAC (Office of Foreing Assets Control) como Juan Carlos Mesa Vallejo (alias “Tom”) y Freyner Alfonso Ramírez García (alias “Pesebre”), fueron exhibidos en tarima como ‘voceros de paz’, pese a tener condenas en firme por crímenes atroces (como homicidio, tráfico de narcóticos, uso de menores de edad para la comisión de delitos, desaparición forzada, secuestro extorsivo, extorsión y concierto para delinquir, entre otros delitos de altísima gravedad) y a que, al parecer, siguen controlando sus estructuras delictivas desde el centro penitenciario en el que se encuentran recluidos (particularmente, en la cárcel de Itagüí)”, agregó el alcalde en la misiva.
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En la carta, Gutiérrez recordó que al evento asistieron, además de Petro, varios de sus ministros, así como congresistas de la coalición, como Isabel Zuleta, León Fredy Muñoz, Alex Flórez y Pedro Baracutao, así como aliados políticos como el exalcalde de Medellín Daniel Quintero.
En el congreso de Fenalco, que tuvo lugar este jueves, el alcalde hizo referencia al tema y sostuvo que el Gobierno Nacional se estaría poniendo de lado de los cabecillas y recordó que la Alcaldía de Medellín interpuso quejas disciplinarias en contra de algunos de los funcionarios que estuvieron en la tarima. Además, contó que envió la carta a las autoridades estadounidenses.
Al final, el alcalde expresó que, en su calidad de máxima autoridad civil y de Policía, hacía un llamado a las agencias del gobierno de Estados Unidos para fortalecer los canales de cooperación bilaterales con Colombia, a pesar de los hechos que calificó como “legitimadores” de las estructuras criminales.
“Hago un llamado respetuoso, pero urgente, para fortalecer los canales de cooperación bilateral y analizar de forma conjunta esta coyuntura, que amenaza con desestabilizar los avances logrados en materia de seguridad en las últimas décadas, tanto en Colombia como en los países aliados”, dijo, señalando que desde el Distrito de Medellín una de las prioridades más importantes es defender la democracia y la cooperación internacional.
“Rechazamos cualquier tipo de legitimación institucional de estructuras criminales que han generado dolor, desplazamiento y muerte en nuestras comunidades, y cuyas actividades siguen teniendo como destino las calles de Estados Unidos de América. Por ello, las amenazas que enfrentamos actualmente no son únicamente locales. Son amenazas compartidas, y sólo mediante la cooperación podremos enfrentarlas con eficacia”, añadió, agregando estar en el deber de alertar lo que está ocurriendo en el país, en un contexto en el que los líderes del narcotráfico no solo estarían operando a sus anchas, sino que estarían siendo reconocidos como interlocutores válidos por el Gobierno Nacional.
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