La Alcaldía de Medellín anunció en la mañana de este miércoles el inicio en la fase de construcción de la Cárcel Metropolitana para Sindicados en el corregimiento de San Cristóbal.
El proyecto busca aliviar el crítico hacinamiento en las estaciones de policía y unidades de reacción inmediata (URI) de la ciudad. La obra, que representa una inversión de $675.000 millones y tendrá capacidad para 1.339 personas privadas de la libertad, inició su fase de construcción tras la firma del Acta de Inicio en abril de 2025. Es la primera cárcel que se construye en el país con un modelo de alianza público privada.
El alcalde Federico Gutiérrez destacó la importancia de esta obra. “Esta es una cárcel de las de mejores especificaciones, porque este es el mejor y el primer centro penitenciario definido por alianza público privada (APP) en el país; además, con las mejores condiciones, donde lo construyen unos privados, se administra, pero se garantiza la calidad del servicio, la seguridad, el tema de los inhibidores de señal. No es que la gente va a ir a las cárceles como sindicados a extorsionar como lo hacen desde diferentes cárceles o a seguir cometiendo delitos”, afirmó el alcalde.
La infraestructura contará con inhibidores de señal para evitar que los sindicados sigan delinquiendo desde el interior, así como espacios para educación, salud, talleres productivos y resocialización, incluyendo bibliotecas y centros de aprendizaje.
El mandatario añadió que ya se encuentran en el “3% de avance de construcción” y “ya estamos en movimiento de tierra”. Se proyecta que las obras “se deben terminar en marzo del 2027 y en abril del 2027 ya deben estar acá las primeras personas que vamos a empezar a sacar desde los desde las estaciones de policía que hay hacinamiento inmenso”.
El hito del inicio de la construcción se alcanza luego de años de controversias y revisiones. La administración anterior, a pocos días de terminar su mandato, había firmado el acta de inicio de este megaproyecto el 19 de diciembre de 2023, en una movida que generó alarmas por su presunta ilegalidad.
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Según reveló el entonces director de la Agencia APP, German Schäfer Elejalde, se modificó el contrato para permitir el inicio de la ejecución sin contar con una interventoría, requisito legal fundamental en todo proceso contractual, especialmente en un contrato avaluado inicialmente en $675.013 millones. Esta situación estuvo bajo la lupa de la Procuraduría.
Además, la firma mexicana Prodemex (que creó su filial Carmet Medellín S.A.S. para este contrato) fue la única oferente y ya había enfrentado un escándalo en México por presuntos sobrecostos en la operación de varias cárceles, donde el estado mexicano pagaba “precios de hotel cinco estrellas” por la reclusión. La actual administración frenó el contrato hasta que se garantizara la interventoría, la cual fue adjudicada el 13 de marzo de 2024, tras la presentación de tres oferentes.
La urgencia de esta obra radica en las dramáticas cifras de hacinamiento en las estaciones de policía de Medellín, donde las condiciones de detención violan flagrantemente los derechos humanos.
El alcalde Gutiérrez señaló: “El hacinamiento en las estaciones de policía es superior al 180 %. Las capacidades que se tienen, por ejemplo, a través de las estaciones de policía en el área metropolitana es de 778 personas privadas de la libertad y hoy tienen más de 2.000 en centros que no están habilitados para eso. Algunos ejemplos: en la estación Candelaria hay capacidad para 75 y hay 309; en la Sijín hay capacidad para 20 y hay 278; en Laureles pueden recibir 30 y hay más de 106”.
Estas instalaciones, diseñadas para detenciones transitorias, mantienen a personas por más de 36 horas en lugares no aptos, lo que constituye una vulneración de derechos. La Personería Distrital de Medellín, con corte a mayo de 2024, advertía que el hacinamiento superaba el 210%, con la Sijín alcanzando un 1.685% de sobrepoblación al albergar 357 detenidos con capacidad para 20.
La construcción de esta cárcel responde a una orden de la Corte Constitucional de 2015 y a un tribunal en julio de 2019, que exigieron a la Alcaldía y otras entidades la construcción de una cárcel metropolitana para sindicados con una capacidad similar o superior a la de Pedregal, que debía estar terminada antes de finales de 2022.
Aunque la nueva cárcel tendrá espacio para 1.339 reclusos, la Personería Distrital alertó en diciembre que, incluso con esta capacidad, todavía quedarían aproximadamente 400 reclusos hacinados en las estaciones de policía, que en ese momento albergaban a 2.438 internos con una capacidad para solo 733.
Además de ser una respuesta a fallos judiciales y una medida de seguridad, el proyecto generará hasta 500 empleos locales en su pico de construcción y destinará $1.000 millones en compensación social para obras comunitarias en San Cristóbal. Asimismo, incluye una exigente gestión ambiental con tala controlada, compensación de 15.75 hectáreas y rescate de fauna y flora.
Para la Alcaldía con este inicio de obras, Medellín busca no solo cumplir con una deuda judicial y de derechos humanos, sino también fortalecer su modelo de seguridad integral. El alcalde Gutiérrez concluyó: “Podemos hablar, con hechos reales, de cómo solucionar en gran parte el hacinamiento de estaciones de policía y, en parte, en cárceles, frente a los sindicados. Este es un esfuerzo por la seguridad de todos y, por supuesto, para garantizar condiciones dignas de quienes están detenidos. Aquí, a San Cristóbal, no solo llega la cárcel, sino que llega la inversión social”.
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