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Denuncian jugada en la ESU para atornillar cargos de la era Quintero

Una peculiar carta firmada por varios trabajadores de la Empresa de Seguridad Urbana abriría la puerta para dejar trabajadores amarrados en pleno empalme.

  • La Empresa de Seguridad Urbana (ESU) es una entidad del distrito encargada de los servicios y programas de seguridad en Medellín. Durante el último cuatrienio, ha sido una de las entidades de la Alcaldía salpicada por denuncias por presuntas irregularidades. FOTO JAIME PÉREZ MUNÉVAR
    La Empresa de Seguridad Urbana (ESU) es una entidad del distrito encargada de los servicios y programas de seguridad en Medellín. Durante el último cuatrienio, ha sido una de las entidades de la Alcaldía salpicada por denuncias por presuntas irregularidades. FOTO JAIME PÉREZ MUNÉVAR
06 de noviembre de 2023
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Cuando faltan menos de dos meses para el cambio de alcaldía, una treintena de trabajadores de la Empresa de Seguridad Urbana (ESU) estarían moviendo sus hilos para quedarse atornillados en sus cargos luego del fin de la administración Quintero.

A través de una carta que fue enviada al gerente de esa entidad, Edwin Muñoz Aristizábal, el pasado 30 de octubre de 2023, los trabajadores de esa entidad pidieron cambiar las condiciones de sus contratos de trabajo antes de que termine esta administración.

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La solicitud no solo despertó controversia por producirse a escasos días del inicio del empalme, sino por volver a traer a flote los múltiples cuestionamientos que se han cernido sobre esta entidad por presuntos manejos que atenderían a criterios más políticos que técnicos.

La discusión ha escalado a tal punto que desde sectores que ven con recelo ese posible cambio no descartan pedir que se liquide la entidad, para evitar que se convierta en un fortín político.

Un cambio exprés

La solicitud que despertó la polémica está contenida en una carta de cuatro páginas, que aparece firmada por empleados de la ESU, en la que le piden al gerente Muñoz eliminar una condición que se ha vuelto norma en sus contratos laborales durante años, conocida como plazo presuntivo.

En resumidas cuentas esta figura hace que los trabajadores oficiales que están vinculados a la ESU tengan una ventana de seis meses que se abre y se cierra periódicamente para que su contratación se mantenga o se disuelva.

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Si bien muchos de los trabajadores de esa dependencia están vinculados a término indefinido, en las cláusulas de sus contratos se reseña que dentro de las causas justas para darlos por terminados está el Decreto 1083 de 2015, que establece las condiciones de dicho plazo presuntivo.

“El contrato celebrado por término indefinido o sin fijación de término alguno, salvo estipulación en contrario, se entenderá prorrogado en las mismas condiciones por periodos iguales, es decir, de seis meses en seis meses”, estipula dicha norma, que establece que al expirar ese plazo los contratos pueden disolverse por justa causa.

La solicitud en concreto de los firmantes consiste en que Muñoz dé su visto bueno para que en las semanas que le quedan a este gobierno todos puedan firmar un otrosí en el que ese plazo presuntivo sea removido. “Esta petición es dirigida a usted señor gerente por ser la persona competente para realizar cualquier modificación en los contratos laborales de los trabajadores oficiales de la entidad”, añadieron los firmantes en su misiva.

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La peculiar solicitud ha despertado suspicacias por ir en contravía del manejo que durante la última administración se le ha dado a la ESU, en donde esa misma figura del plazo presuntivo habría sido usada para sacar a funcionarios con más de 15 años de experiencia en una purga ocurrida en el último cuatrienio, según sostuvieron voces críticas.

Luego de que dicha controversia se hiciera pública, una de las voces que por ejemplo ha insistido en que los otrosís solicitados tienen motivaciones políticas es el exsecretario de Seguridad de Medellín y concejal electo, Andrés Tobón Villada, que acusó a varios políticos cercanos al exalcalde Daniel Quintero de estar detrás de esos movimientos.

“La ESU es una entidad pública esencial para que Medellín esté a la vanguardia tecnológica en seguridad. O bueno, así era antes de que Quintero se la entregara al corrupto de Julián Bedoya, el cuasi abogado aliado de Petro y Luis Pérez. Y ahora, como perdieron la Alcaldía, esta semana andan desesperados modificando los contratos del personal desastroso que tienen adentro, para dejarlos amarrados”, expresó el exsecretario, señalando también de estar detrás de esa presunta politización al abogado Ramiro Mejía, cercano al gerente de la ESU e hijo del exsecretario de Planeación, Jorge Mejía. “Si hacen esto, ¿tocaría liquidar la ESU? Mejor eso que bandidos adentro”, sentenció.

Para conocer su versión sobre el tema EL COLOMBIANO consultó con Ramiro Mejía, quien expresó que no se referiría al tema, ya que el mismo era competencia de la ESU. “Hasta el momento la ESU no está adelantando ningún tipo de actividad que lleva a los empleados a cambiar su modo de contratación”, expresó por su parte el gerente Muñoz en su cuenta de X, sin referirse a la misiva en cuestión..

Como ingrediente adicional, la administración entrante de Federico Gutiérrez publicó un comunicado en el que instó al gobierno saliente a no tocar las plantas de la Alcaldía. “Solicito que no se hagan modificaciones en las plantas de personal de ninguna entidad del conglomerado público”, escribió Gutiérrez.

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