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Por un caso de amenazas a testigos y compra de jueces, reconocido empresario de la publicidad de Medellín está tras las rejas

El representante legal de una agencia de publicidad paisa se encuentra capturado desde noviembre del año pasado y esta semana intentó buscar que le dieran medida domiciliaria, pero un absurdo error hizo que el juez ignorara su petición.

  • El empresario Jorge Humberto Cardona Grisales está siendo procesado por amenazas a testigos en un proceso que se llevó en su contra por compra de jueces para favorecimientos en acciones de tutelas. Tomar una gaseosa (detalle) hizo que el juez no le diera detención domiciliaria. FOTOS: CORTESÍA
    El empresario Jorge Humberto Cardona Grisales está siendo procesado por amenazas a testigos en un proceso que se llevó en su contra por compra de jueces para favorecimientos en acciones de tutelas. Tomar una gaseosa (detalle) hizo que el juez no le diera detención domiciliaria. FOTOS: CORTESÍA
hace 3 horas
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Las presuntas amenazas a una persona que habría servido como testigo en un proceso en su contra, al que luego de cometieron un atentado, tiene tras las rejas al empresario de la publicidad en Medellín, Jorge Humberto Cardona Grisales, de 62 años. Todo habría comenzado por irregularidades en unas acciones de tutela para poder instalar avisos publicitarios en Bello, según se conoció en este proceso judicial.

Cardona Grisales, representante legal de la empresa Cromática, se encuentra prisionero desde el pasado 19 de noviembre, cuando mediante una orden de captura lo detuvieron en las instalaciones de su empresa, ubicada en la comuna 16 (Belén). Luego de las audiencias concentradas, que finalizaron el 4 de diciembre y en las cuales no aceptó su responsabilidad en lo ocurrido, el juez Tercero Penal de Medellín, con funciones de control de garantías, le dio medida de aseguramiento en centro carcelario, decisión que fue apelada por su defensa.

Los líos legales de este empresario comenzaron en 2023, cuando fue señalado de comprar jueces para que presuntamente fallaran a su favor acciones de tutela que le permitieran instalar avisos publicitarios en el espacio público de Bello. Dentro del proceso, según los denunciantes, también habría tratado de influir en la Subsecretaría de Espacio Público de Medellín durante la administración de Daniel Quintero para esta misma finalidad, pero en la capital antioqueña.

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Mientras avanzaba este proceso judicial, de acuerdo con el expediente, uno de los testigos clave en este caso habría comenzado a recibir amenazas en su contra desde abril de 2023 para que no declarara y no afectar la imagen de su compañía, con larga trayectoria en el mundo publicitario. Las intimidaciones habrían durado, según los documentos judiciales, al menos hasta noviembre del mismo año.

Sin embargo, uno de los implicados con la parte demandante, todo habría llegado a su límite cuando el 16 enero del 2025 se produjo un atentado armado en contra del testigo del proceso de compra de testigos en el sector del Estadio, occidente de Medellín, a quien le dispararon cuando se movilizaba en su carro desde una moto. En el ataque, la víctima resultó ilesa.

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Según el denunciante, esto tendría relación con el proceso judicial que se llevaría contra el empresario y por ello decidieron instaurar la acción judicial contra Cardona Grisales, inicialmente por las amenazas. Por este delito se produjo la captura de este empresario y posteriormente lo mandaron a prisión. En cuanto al atentado contra este testigo, se conoció que por ahora está en proceso de indagación y el hecho podría ser incluido en el caso en próximas audiencias.

Como la defensa apeló la medida de aseguramiento, este miércoles se realizaron las audiencias en las que la defensa del empresario estaba solicitando una medida de detención domiciliaria, argumentando problemas de salud originados por una presunta diabetes que padecía. Pero en este procedimiento, Cardona Grisales cometió un absurdo error que llevó a que el juez desestimara su petición.

Tal como quedó registrado en los videos de la audiencia, el procesado consumió de manera recurrente una gaseosa, una bebida que, según los profesionales de la salud, no puede ser consumida por personas diabéticas, principalmente si estas son dependientes de la insulina. Ante esto, el juez ratificó la decisión adoptada en diciembre y ordenó que permaneciera recluido, de momento, en un calabozo en Envigado, a la espera del avance de este caso judicial.

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