El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, demandará al Gobierno Nacional por cuenta de la crisis que atraviesa el sistema de salud en la ciudad y el país, señalando que por culpa de las políticas de la Nación se está vulnerando el derecho a la salud de millones de pacientes.
El mandatario local señaló que dicho recurso consiste en una acción popular que será radicada ante el Tribunal Administrativo de Antioquia este mismo jueves 29 de mayo, buscando que se tomen medidas de urgencia.
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“El Ministerio de Salud y la Superintendencia han intervenido EPS sin garantizar los recursos a las IPS. Hay hospitales recibiendo apenas el 6% de lo que les deben mes a mes. Esa asfixia no es una casualidad: es una estrategia. Si su plan era hacer una reforma destruyendo el sistema, lo están logrando. Y por eso los hago directamente responsables”, sostuvo el alcalde.
“El sistema está en coma más que en cuidados intensivos”
La acción interpuesta por la Alcaldía se produjo luego de una reunión que durante la mañana de este jueves sostuvo la administración distrital con los principales gerentes de clínicas, hospitales y EPS con operación en Medellín.
En dicho espacio, los diferentes actores del sistema compartieron sus diagnósticos y cifras sobre la situación de la red, que en semanas recientes ha vuelto a estar bajo un alto nivel de estrés, sobre todo en las salas de urgencias.
El pasado 7 de mayo, cabe recordar que una de las instituciones más golpeadas por la gran demanda de servicios fue el Hospital San Vicente Fundación, que señaló tener una sobreocupación en su servicio de urgencias de un 280%.
Pocos días atrás, el Hospital Pablo Tobón Uribe también se había declarado en emergencia por tener sus urgencias para adultos y pediátricas con una sobreocupación del 190%.
Tal como lo contó este diario a comienzos de este mes, tan solo para ese 7 de mayo (datos con corte a la 1:00 p.m. de ese día), otros hospitales que habían alcanzado altos niveles de ocupación eran el Instituto Neurológico Colombiano, con un 156%; el Hospital General de Medellín, con 132%; la Clínica Medellín de Occidente, con 126%; y la Unidad Hospitalaria de Metrosalud de San Javier, con un 117%.
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Para este 29 de mayo, la Alcaldía de Medellín denunció que las salas de urgencias en la ciudad estaban en promedio con una sobreocupación del 130%, razón por la cual se declaró la emergencia hospitalaria en todo el distrito.
Este mes, otra entidad que ha alzado su voz de alerta es la Personería de Medellín, que a través de su Observatorio de Salud, advirtió que eran los servicios de mediana y alta complejidad los que están más reventados.
“Hacemos un llamado a todas las autoridades de salud competentes, para que se adopten planes de contingencia frente a la grave problemática, de igual forma, se recomienda a toda la comunidad realizar un uso adecuado de los servicios de urgencias, favoreciendo así el flujo de pacientes”, expresó la entidad.
Pese a la preocupación por esta congestión, en su balance entregado este jueves, el alcalde señaló que la falta de espacio en las salas de urgencias es tan solo uno de los muchos problemas que tiene en jaque a la salud en Medellín y a renglón seguido comenzó a desgranar las cuentas de las principales entidades del distrito.
Tan solo en el caso de las carteras vencidas, el reporte oficial daba cuenta que el Hospital General de Medellín tenían una de $128.490 millones; el Hospital Infantil Concejo de Medellín una de $9.242 millones y la E.S.E. Metrosalud una de $32.080 millones.
En su balance, Gutiérrez responsabilizó en mayor medida al Gobierno Nacional por esos huecos financieros, señalando que el grueso de la deuda proviene de las EPS que han sido intervenidas por orden de la Superintendencia Nacional de Salud.
Solamente en el caso de Savia Salud, el Distrito la responsabilizó del 85,1% de la cartera vencida del Hospital General; el 81% de la del Hospital Concejo de Medellín y el 93,4% de la de Metrosalud.
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Sobre esa misma EPS, se denunció –solo en el caso del Hospital General–, que mientras en abril pasado se facturaron unos $18.000 millones por servicios, solo se habían reconocido $1.100 millones.
Por fuera de las instituciones distritales, cabe recordar que desde febrero de este año, los principales hospitales y clínicas privados de Medellín ya habían denunciado haber arrancado el 2025 con un hueco contable de $2,3 billones.
“El crecimiento de la cartera y la disminución del recaudo en los primeros dos meses del año compromete la prestación de servicios vitales, la estabilidad de su capacidad instalada, el bienestar del talento humano en salud y su misión de brindar una atención oportuna y de calidad a la población”, señalaron entonces las entidades en un comunicado conjunto.
Dentro de la instituciones firmantes de esa alerta se encontraban el Hospital San Vicente Fundación (tanto en su sede de Medellín como Rionegro), el Hospital Pablo Tobón Uribe, el Hospital General de Medellín y el Hospital Alma Máter (antes IPS Universitaria y que tiene a cargo la Clínica León XIII).
Entre los firmantes también están la Clínica Cardio VID, la Clínica CES, la Clínica del Norte, la Clínica del Prado, la Clínica El Rosario, la Clínica Emmsa, la Clínica Las Vegas, la Clínica Medellín, la Clínica San Juan de Dios de La Ceja, la Clínica Soma, la Clínica Somer, la Clínica Universitaria Bolivariana, la Clínica Vida y el Instituto Neurológico de Colombia.
“Solo en Medellín, 62 cada 100 colombianos, de lo que tenemos acá, están afiliados a EPS ya intervenidas, como Savia Salud, Sanitas, Nueva EPS y Coosalud”, dijo el alcalde.
Precisamente apuntando a esas EPS intervenidas, la Alcaldía señaló que es por cuenta de las demoras para la asignación de citas, la entrega de medicamentos y la prestación de múltiples servicios, que las salas de urgencias están desbordadas.
“¿Eso era lo que querían? O solo querían sembrar caos y generar una grave crisis en el sistema de salud. Para mejorar el sistema de salud en Colombia no había que destruirlo”, añadió Gutiérrez.
En medio de ese panorama, y aludiendo a las entidades del distrito, la administración distrital señaló que ha logrado mantenerlas a flote inyectándole recursos propios, que solo en 2024 sobrepasaron los $200.000 millones y en lo corrido de este año ya se acercan a los $45.000 millones.
Lo que se pide con la acción
Al tratarse de un problema que no solo involucra a Medellín, sino a otras ciudades, con la acción popular Gutiérrez señaló que se pretende que la Nación sea obligada a responder por la integridad del sistema.
“Exigimos que el giro directo sea completo, oportuno y sin excusas. La plata tiene que llegar rápido a donde está el paciente. Que cumplan con la actualización de la UPC (Unidad de Pago por Capitación) del 2024 y los saldos que vienen desde 2021. La Corte Constitucional ya les dio la orden, la pregunta es ¿qué están esperando para cumplir?”, dijo el alcalde.
“Necesitamos que paguen ya los presupuestos máximos, no hay tratamiento que aguante un trámite eterno. Las EPS necesitan recursos reales y suficientes para entregar los medicamentos. Hoy no están llegando y esto es absolutamente inaceptable. Esto no solo es una exigencia legal, es una exigencia ética y humana, porque detrás de cada factura está una persona, un niño, una mamá, un adulto mayor que necesita la atención”, añadió.
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