Después de un traumático proceso de desalojo en Manrique, ahora un juzgado, que inicialmente suspendió de manera preventiva las demoliciones, falló a favor de la Alcaldía de Medellín para continuar con la demolición de 21 edificaciones en el sector El Jardín, comuna 3 (Manrique).
El despacho concluyó que las entidades demandadas no tuvieron una conducta omisiva en la atención a las familias evacuadas y, por eso, no ordenó las medidas que se pedían en la tutela.
“El Despacho no encuentra acreditada una conducta omisiva de las entidades accionadas que haga necesaria la expedición de las órdenes reclamadas en la tutela”, concluye el fallo citado.
Las viviendas están junto a la quebrada La Máquina, en una zona que las autoridades consideran de alto riesgo por avenida torrencial. Según el Distrito, se identificaron 73 viviendas en peligro y se priorizaron 39 para demolición. Los derribos habían empezado con 18 estructuras, pero se suspendieron de forma temporal mientras la justicia revisaba el procedimiento. Ahora, con el fallo del pasado 30 de septiembre, quedan 21 pendientes.
De acuerdo con el documento citado por la Alcaldía, el juzgado encontró que la administración caracterizó a los núcleos familiares, identificó sus condiciones de vulnerabilidad, entregó ayudas humanitarias y activó rutas institucionales.
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También ofreció alojamiento temporal, transporte y protección de enseres, y promovió apoyos para el pago de arriendo, que en algunos casos ya se hicieron efectivos.
Según informó el Distrito, 51 familias han recibido atención en este proceso. 14 permanecen en hoteles, principalmente en Prado Centro y Castilla, 35 se alojaron con familiares o allegados, una se trasladó a otro municipio y otra permanece en una vivienda gestionada por sus propios medios.
La Subsecretaría de Espacio Público desplegó 100 personas y 10 vehículos para trasladar enseres. También se entregaron 56 kits de aseo, 11 de dormida y 39 paquetes alimentarios, y dos mascotas fueron llevadas a guarderías.
El secretario de Gestión y Control Territorial, Juan Manuel Velásquez, dijo que el Distrito trabaja con la comunidad desde abril y que la reanudación cuenta con el apoyo de más de 20 entidades y de la Policía Nacional.
”Una vez la intervención humanitaria se priorizó, damos continuidad al proceso de las 21 edificaciones que faltan por ser demolidas, teniendo en cuenta que un juez de tutela validó y autorizó que continuara la demolición de las edificaciones faltantes en Manrique, por lo cual, a partir del 30 de septiembre, reinicia el procedimiento”, afirmó. La administración agregó que el fin de la evacuación no significa el fin del acompañamiento, que seguirá de manera individual con cada hogar.
El origen
Todo comenzó el 3 de abril de 2026, cuando fuertes lluvias desbordaron las quebradas La Mansión y La Máquina. Cinco viviendas se inundaron, hubo pérdidas de muebles y vehículos, y una persona resultó lesionada. Pero lo más terrible fue la muerte de Sebastián Jesús Valencia, un niño de apenas 5 años, cuando un muro de su casa se derrumbó sobre él.
El hecho evidenció el riesgo en un sector donde varias casas fueron construidas a centímetros de las quebradas, de manera irregular. Entre el 9 de abril y el 11 de julio, el Distrito hizo más de 20 recorridos con los habitantes para explicarles el peligro y la necesidad de salir.
Un proceso con quejas, tensión y disparos
La evacuación, que la Alcaldía llama “humanitaria”, fue polémica. Hubo denuncias de presuntos procedimientos irregulares de funcionarios y de la fuerza pública. El principal reclamo fue el monto del subsidio de arrendamiento temporal de $620.000.
EL COLOMBIANO recogió los testimonios de varios habitantes. Por ejemplo, Sara Michelle Arango dijo que no alcanzaba para arrendar cerca de donde vivía. Lina Marcela Padilla, que salió con su familia de siete personas, contó que pagaba $650.000 por la casa de la que la sacaron y que terminaron en un solo cuarto de hotel en Prado Centro.
El Instituto Social de Vivienda y Hábitat de Medellín (Isvimed) explicó que el monto lo fija un acto administrativo y solo se actualiza con el IPC, aunque amplió el plazo de seis a nueve meses según el nivel de riesgo de cada familia. Mientras tanto, las familias avanzan en su postulación al programa Vivienda de un Proyecto Familiar.
Además, el 9 de septiembre se registraron disparos desde la parte alta de Manrique, atribuidos por las autoridades a encapuchados vinculados con la banda La Terraza. Ese día también hubo un incendio forestal cerca del operativo, que según información conocida por EL COLOMBIANO habría sido provocado por integrantes de un grupo delincuencial; los vecinos lo apagaron.
El alcalde Federico Gutiérrez y el secretario de Seguridad, Manuel Villa, afirmaron que estructuras criminales se lucran del loteo ilegal y buscan impedir la evacuación. Villa dijo que ese negocio podría dejarles hasta $60 millones al mes.
También hubo confrontaciones con el Undmo, anterior Esmad, y relatos de angustia. Vanessa Álvarez, que mandó sus pertenencias a una bodega con su esposo y sus dos hijos, dijo sentirse tratada como criminal y que tuvo un ataque de ansiedad durante el proceso.
El caso se da en medio del debate sobre el déficit de vivienda y la revisión del Plan de Ordenamiento Territorial, y de un aumento del costo de vida en Medellín. Por un lado, hay familias que dicen haber levantado sus casas con años de esfuerzo. Por otro, son construcciones irregulares ubicadas en una zona donde la muerte de un niño mostró el riesgo.
Con todo, el Distrito informó que demolerá las 21 edificaciones restantes y hará seguimiento a cada familia para que accedan a la oferta institucional y a soluciones de vivienda seguras a largo plazo.
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Bloque de preguntas y respuestas
- ¿Por qué se habían suspendido las demoliciones en Manrique?
- Un juez había ordenado una suspensión preventiva de las demoliciones mientras revisaba una acción de tutela interpuesta por habitantes del sector. Tras examinar el material probatorio, el despacho concluyó el 30 de septiembre que la Alcaldía de Medellín sí garantizó los derechos fundamentales y la oferta de alojamiento temporal a los afectados.
- ¿De cuánto es el subsidio de arrendamiento temporal y qué reclaman las familias?
- El Isvimed otorga un subsidio de
$620.000 mensuales, cuyo plazo se amplió de 6 a 9 meses. Sin embargo, varios damnificados señalan que el monto es insuficiente para conseguir un techo digno en el mercado inmobiliario actual de la ciudad, lo que obligó a que 14 familias continúen en alojamientos hoteleros de Prado Centro y Castilla.
- ¿Qué papel juegan los grupos armados ilegales en esta zona de riesgo?
- Según denuncias del alcalde Federico Gutiérrez y la Secretaría de Seguridad, estructuras criminales como ‘La Terraza’ se lucran con el loteo e invasión ilegal de terrenos en los bordes de quebrada, negocio que les reportaría hasta $60 millones mensuales. Por ello, las autoridades atribuyen los hostigamientos armados e incendios provocados durante los operativos a un intento de impedir el control territorial.
