Testimonios, delaciones, y chats filtrados serían parte del acervo que tiene la Fiscalía para demostrar que el exconcejal Miguel Quintero hizo parte de una red corrupta en el Área Metropolitana.
La posible imputación de cargos contra el exconcejal Miguel Quintero Calle –hermano del investigado exalcalde de Medellín Daniel Quintero– a raíz de uno de los casos de corrupción al interior del Área Metropolitana hizo revivir en la palestra pública las pruebas que lo relacionarían con el caso de corrupción ocurrido entre el Área Metropolitana y el Cuerpo de Bomberos de Itagüí.
Según publicó EL COLOMBIANO, todo habría empezado en febrero de 2024 con la llegada de un correo a la veeduría Todos por Medellín. En ella, un denunciante describía presuntas irregularidades en contratos por más de $17.000 millones celebrados entre el Área Metropolitana y Bomberos de Itagüí.
En ese documento, y en una primera mención, se señalaba que los responsables de direccionar contratos del vínculo Amva–Bomberos serían Miguel Quintero y Álvaro Villada, quien para ese momento tenía un cargo directivo dentro del Área Metropolitana.
Para finales de 2026 se dio la detención de Misael Cadavid Jaramillo, exdirector de Bomberos de Itagüí; Elkin González, excomandante de esa institución; y María Yaneth Rúa, exfuncionaria del Área Metropolitana por el presunto caso de corrupción.
Durante las primeras audiencias judiciales, la Fiscalía presentó documentos, comunicaciones y audios relacionados con la ejecución de los contratos con Bomberos de Itagüí.
En esas diligencias empezaron a conocerse conversaciones en las que funcionarios y contratistas hablaban sobre posibles irregularidades en facturación, soportes contractuales y ejecución de actividades. En esas mismas audiencias fueron mencionados elementos que, según la Fiscalía, relacionarían a Miguel Quintero con la estructura investigada.
Para enero de 2026 se dio uno de los puntos más fuertes del proceso, toda vez que también fue vinculado a la investigación el exdirector del Área Metropolitana, Juan David Palacio Cardona.
Durante esa diligencia, la Fiscalía afirmó que la presunta corrupción en el Área Metropolitana no habría sido una actuación aislada, sino una estrategia coordinada para controlar la contratación de la entidad. Además, según lo expuesto por la Fiscalía, Palacio habría seguido instrucciones de Miguel Quintero y habría participado en reuniones donde se definían asuntos relacionados con contratación.
Durante las audiencias contra Juan David Palacio, la Fiscalía y los abogados de víctimas expusieron nuevos elementos relacionados con el entorno cercano de Miguel Quintero.
Uno de los elementos mencionados fue un grupo de chat denominado “Amigos”, en el que estarían metidos Miguel Quintero, el entonces subdirector financiero del Área Metropolitana Álvaro Villada y otros funcionarios de otras dependencias del Distrito.
Según lo expuesto en audiencia, en esos mensajes Miguel Quintero habría dado instrucciones relacionadas con contratación y habría mencionado reuniones con “JD”, identificado por la Fiscalía como Juan David Palacio.
“Háblale a JD. Que le dé línea y nos deje montar el comité de contratación paralelo con abogados contratistas como lo habíamos propuesto”, se lee en uno de los mensajes.
También fue mencionado un intercambio de mensajes de abril de 2020 relacionado con la búsqueda de una persona “de confianza” para el área ambiental del Área Metropolitana. En esa conversación, según la Fiscalía, Miguel Quintero habría sugerido nombres para ocupar cargos estratégicos.
Otro elemento relevante fue el testimonio de una persona que decidió colaborar con la justicia mediante un principio de oportunidad.
Esta testigo relató una supuesta red de influencias alrededor de Miguel Quintero y explicó la relación entre Miguel Quintero y Juan David Palacio desde la época en que ambos estuvieron relacionados con el Concejo de Medellín; la llegada de Palacio a la dirección del Área Metropolitana después de la elección de Daniel Quintero como alcalde; y la presencia de personas cercanas a Miguel Quintero dentro de cargos estratégicos.
En otra audiencia se expuso información sobre la relación entre Miguel Quintero y Diana María Montoya Velilla, exsubdirectora ambiental del Área Metropolitana e imputada dentro del proceso.
La Fiscalía utilizó ese vínculo para sostener su teoría sobre una red de personas cercanas ubicadas dentro de la estructura administrativa del Área Metropolitana.
Con el avance del proceso, varias personas relacionadas con los contratos investigados comenzaron a buscar acuerdos con la Fiscalía, situación que podría aportar nuevos testimonios sobre el funcionamiento del supuesto entramado.
Además, la Fiscalía continuó incorporando declaraciones de personas relacionadas con otros contratos investigados del Área Metropolitana, incluyendo procesos relacionados con el Parque de las Aguas.
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