A punta de montos pequeños y otros no tan pequeños, los implicados en un presunto entramado corrupto con Misael Cadavid a la cabeza, les habrían arañado $2.481 millones a seis contratos ejecutados con dineros públicos durante la pasada administración de Juan David Palacio en el Área Metropolitana del Valle de Aburrá (AMVA) y Daniel Quintero en la Alcaldía de Medellín.
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La mayoría de esos contratos fueron entregados a dedo, sin licitaciones ni concursos públicos, y sin el lleno de los requisitos de la contratación pública, según dijo ayer el fiscal del caso durante la audiencia en la que una jueza avaló la captura e imputación de cargos por interés indebido y peculado por apropiación contra Cadavid, el también bombero Elkin de Jesús González y la funcionaria del AMVA María Yaneth Rúa.
La diligencia para definir si les dictan a los procesados medida de detención intramural mientras avanza el proceso, fue citada para este miércoles a partir de las 7:30 a.m.
La de ayer fue una audiencia rápida y sin los contratiempos de otras que se han hecho para juzgar presuntos actos de corrupción de la administración de Quintero. Comenzó a las 9:00 a.m. en el Juzgado Séptimo Penal de Medellín con función de control de garantías y poco después de las 10:15 a.m. ya ese despacho le había dado el visto bueno a la petición del fiscal de legalizar la captura, tras advertir que todo el procedimiento ocurrió de manera legal y observando la garantía de los derechos procesales de los implicados.
Las aprehensiones se habían dado el lunes al mediodía, en una redada sorpresa y sincronizada, en Itagüí, Medellín y el Oriente antioqueño. Cadavid estaba en su consultorio médico en el casco urbano de San Luis, en tanto que el procedimiento de la señora Rúa, en el sur del Aburrá, tuvo a un hijo como adolorido testigo.
Ninguna de las partes presentó objeciones ayer a la acción, aunque Santiago Tobón, el abogado de Cadavid, se quejó de que habría sido suficiente con una citación a comparecer en vez de una parafernalia aparatosa.
De ahí, vino la sustentación de la imputación en la que nuevamente el fiscal dio algunos pormenores de cómo Cadavid, González y Rúa habrían actuado de forma ilegal en la firma y ejecución de los seis contratos que en total sumaron $17.656 millones.
Rúa fue imputada por celebración indebida de contratos y peculado por apropiación en favor de terceros, en tanto que los bomberos Cadavid y González tendrán que responder por peculado en beneficio propio.
La señora Rúa era hasta ahora profesional en provisionalidad en la subdirección ambiental del AMVA y le tocó supervisar los seis contratos del Cuerpo de Bomberos de Itagüí. Como tal, su responsabilidad era velar por que se cumpliera con los estudios previos, ver que todo se ajustara a la ley y hacerle seguimiento a su ejecución. Pero en cambio, según el fiscal, habría obrado para entregar los contratos a dedo, firmó las actas de inicio en conformidad y las actas de entrega a satisfacción, además de que avaló facturaciones que distaban mucho de la realidad.
“Actuó no buscando la satisfacción del interés general sino el beneficio de los particulares, al ordenar con ello la ausencia en el control de precios, omitir los estudios de mercado y certificar facturas”, dijo el fiscal 40 Seccional de la Unidad de Delitos contra la Administración Pública.
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Como gerente del Cuerpo de Bomberos de Itagüí, Cadavid habría “patinado” y firmado los contratos entre 2020 y 2022, con objetos como entrega de implementos para combatir la pandemia del Covid-19, pero sobre todo capacitaciones y acciones para fortalecer supuestamente al resto de los cuerpos de bomberos del Valle de Aburrá.
Entre los “pecados” hallados habría sobrecostos por alrededor de $1.212 millones y adquisiciones de insumos y productos por unos $1.268 millones, para un total de $2.481 millones.
Por ejemplo, en el contrato para atender el Covid-19, los sobrecostos estimados fueron de $252 millones y las compras sin respaldo de casi $448 millones.
En otros tres, la Fiscalía asegura que tiene documentados gastos en transportes que no se hicieron por $92 millones y casi $60 millones en recargas ficticias a teléfonos celulares.
El presunto peculado de González, se origina en el tiempo en que asumió las riendas de los bomberos para que Cadavid se fuera a buscar votos, entre finales de 2021 y principios de 2022, con miras a obtener una curul en la Cámara de Representantes a nombre del movimiento Cambio Radical, algo que no pasó porque se “quemó” en las urnas. En esa “palomita” de poder firmó un contrato de prestación de servicios por $178 millones en el cual los sobrecostos estimados por las autoridades alcanzaron los $78,4 millones. Hoy día está encartado por eso y detenido en una estación de policía.
La denuncia que en su momento puso la Veeduría Todos por Medellín y que dio inicio a esta investigación aseguraba que la cantidad perdida por los contratos del AMVA con los bomberos de Itagüí podría ser de alrededor de $6.000 millones.
También, según el fiscal, parte de toda la plata que supuestamente se perdió habría ido a parar a la campaña proselitista de Cadavid.
Además, la rúbrica de los contratos ocurrió siendo Juan David Palacio el director del AMVA, por lo cual no se descarta que tenga que entrar a responder ante las autoridades.
La información sobre los hechos no solo ha sido recogida en la pesquisa de computadores, discos duros, chats, correos electrónicos y otros documentos, sino que habría testigos e involucrados en el ilícito que están delatando la manera como operaba el presunto tinglado de corrupción, por lo cual no se descarta que ocurran más capturas en las próximas horas o días inmediatos.
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Fuentes cercanas al tema tampoco descartan que alguna de las tres personas que este miércoles se juegan su libertad decidan colaborar.
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